Menos rifas, mayor recaudación

A unos meses de culminar el gobierno de Felipe Calderón, la Sedena presentó un proyecto ante diversas dependencias, en el cual se argumentaba la necesidad de adquirir un avión “por seguridad nacional”. Basta recordar que en el sexenio calderonista, dos secretarios de Gobernación fallecieron en accidentes aéreos: Franciso Blake y Juan Camilo Mouriño. Con la aprobación de funcionarios civiles y militares, fue entonces como México compró el avión Boeing 787, único en su tipo y del cual el gobierno mexicano se convertiría en su primer usuario.
La compra se dio mediante un esquema de arrendamiento, esto es, Banobras adquirió el avión y lo rentó al Ejército Mexicano hasta 2027.De acuerdo con la ficha técnica del servicio que ofrece Banobras, la Sedena está obligada “al pago de una renta durante un plazo forzoso, la cual deberá cubrir cuando menos el valor del bien, los costos financieros, los impuestos causados en la operación y, en su caso, los accesorios financiados”. El costo original de la nave fue de 218 mdd, que al tipo de cambio de 2012 era alrededor de 2 mil 963 millones de pesos.
El Boeing 787 fue entregado en 2015 a Enrique Peña Nieto, después de que se le hicieron ajustes de seguridad y tras haber realizado las últimas pruebas de vuelo. El Avión José María Morelos y Pavón, como se le denominó oficialmente al Boeing 787, realizó su primer viaje a Sonora el 10 de febrero de 2015;en esa ocasión, el primer mandatario se trasladó a aquella entidad para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. En esa fecha, Peña Nieto declaró que el avión no era propiedad del Presidente sino del Estado Mexicano.
Después de 2 años y 9 meses, con más de 130 vuelos dentro y fuera del país, el Presidente López Obrador cumplió con una de sus promesa más llamativas en campaña, poner a la venta el Avión Presidencial. Por tal razón, la aeronave se trasladó en el mes de diciembre de 2018 a California, donde fue puesto a la venta con la ayuda de una oficina de transparencia de la ONU.
A pesar de que en junio de 2019 el gobierno mexicano había identificado a 42 compradores potenciales, en el mes de julio solo 12 habían manifestado su interés por comprar la aeronave; de éstos, 11 fueron invitados para presentar una propuesta económica. En septiembre se presentaron 6 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas2, y quienes revisaron el avión, sin embargo ninguna llegó a concretarse. Para enero de 2020, el gobierno anunció que el Avión regresaría al país tras no haberse vendido. Después, el Presidente informó que se tenían 5 propuestas para desprenderse del avión: que un comprador pague los 130 mdd, precio al cual avalúo la ONU el avión; intercambiar con el gobierno de Estados Unidos el avión por equipo médico; que la venta se realice a un grupo de empresas mexicanas; que se rente por horas; y que se rife.
De las 5 posibilidades, el Presidente se ha inclinado por la rifa. Lo que en principio parecía una idea descabellada, día a día va adquiriendo más forma, y la atención de la población. Es así como se busca poner a la venta 6 millones de boletos con un precio de 500 pesos cada uno. Con esto se espera obtener ingresos por 3 mil millones de pesos, de los cuales se descontaría lo que aún falta por pagar a Banobras, es decir, 2 mil 724 millones de pesos. Por lo anterior, la ganancia por la rifa sería de 276 millones de pesos, menos lo requerido por Lotería Nacional, ha reconocido el Presidente.
Según el diseño que tendría el boleto de la rifa, y la cual tentativamente podría llevarse a cabo el 5 de mayo, esta estrategia es “una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atienda de manera gratuita a la gente pobre”. En el discurso, la rifa tiene como propósito mejorar el acceso y atención en salud de la población en situación de pobreza, la cual es de 52.4 millones de personas, de acuerdo con Coneval. En principio, nadie puede negar el objetivo de esta medida, no obstante ¿qué se puede hacer con poco más de 200 millones de pesos?
Claramente, el principal beneficio de la rifa sería terminar de pagar el avión presidencial, mientras que las ganancias apenas tendrían una contribución marginal en salud pública, ámbito que ha estado en la discusión pública en las últimas semanas tras la finalización del Seguro Popular y la creación e inicio de funciones del Insabi.
El nuevo Instituto de salud tiene por objeto la universalidad y gratuidad en los servicios salud, lo cual es un acto de justicia social, sin embargo, en la vía de los hechos el Insabi enfrenta grandes retos: la baja recaudación tributaria del gobierno, así como el bajo gasto en materia de salud.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep), en 2017 México tuvo una recaudación equiparable al 14.1% del PIB, porcentaje más bajo entre los países de la OCDE; incluso en el más bajo considerando a sus principales competidores de la región, esto es, Brasil (23.8%), Argentina (23.4%)y Chile (18.7%). Por otro lado, en un estudio realizado por la OCDE, se estimaba que en 2017 México gastaría en salud una cantidad similar al 2.7% del PIB, convirtiéndose en el país miembro que menos gastaba como porcentaje del PIB; el promedio de gasto de los países miembros era del 6.3%.
La salud pública no debería depender de improvisaciones, al contrario, este ámbito requiere un diagnóstico claro y el compromiso del gobierno para realizar una reforma fiscal que le permita aumentar sus ingresos. Si el Presidente quiere un mejor sistema de salud, debe centrar sus esfuerzos para concretar la reforma, no en rifar un avión.