Está por demás decir, que el magisterio ha sido en este espacio editorial, un tema cotidiano. Y no es algo fortuito. Es uno de los ejes de la protesta social permanente, pese a tratarse del sector de la clase trabajadora más beneficiado en las últimas décadas. Tener una plaza docente no sólo es un privilegio sino una garantía de supervivencia; de un trabajo que bien puede abandonarse a la instrucción de los dirigentes sindicales, por días o semanas, sin que se afecten las percepciones de los mentores. Hace aún un par de años, cuando el maestro se jubilaba podía heredar la plaza a sus hijos o nietos, sin restricción alguna o, incluso, venderla cual si fuera un objeto. Lograr una plaza docente en el pasado era sólo cuestión de días y ponerse de acuerdo con algunos “coyotes” de la Sección 22 o el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para concertar el precio. La preparación, la formación académica o docente, era lo de menos. El asunto era sólo tener una adscripción en un lugar preferente y listo. Todo eso ya no es posible. La nueva Ley Educativa ha pretendido acabar con esos vicios, esas viejas costumbres negativas y mercantilistas. Pero aún existen sectores que a través del chantaje, la amenaza y el amago, insisten en seguir en las viejas prácticas. Tal es el caso de los bastardos que lunes y martes bloquearon calles y avenidas.
La llamada Reforma Educativa que en Oaxaca ha sido un fiasco, no termina de hacerse realidad o sólo lo ha sido a medias. Los grupos y facciones del magisterio oaxaqueño han sido los peores enemigos y obstáculos para mejorar la calidad de la educación. Y el gobierno actual, para evitar los clásicos desfiguros magisteriales, ha cedido una y otra vez a las muchas peticiones de carácter económico, poniendo en entredicho la política presidencial. No es fortuito que aquí el nuevo modelo educativo sea algo así como un albur, que será tomado por unos cuantos pero cuestionado por la mayoría. Ni Reforma Educativa, ni Ley, ni Modelo, pasan en la entidad, cuestionados por un magisterio amañado, beligerante y convenenciero. Y no nos referimos sólo al grupo de “Los Pozoleros”, que siguen las consignas del ex gobernador Ulises Ruiz y el actual Subsecretario de Desarrollo Social y Humanos de la SEDESOL, Eviel Pérez Magaña, sino del resto de facciones que luchan entre sí, poniendo en medio a más de un millón y medio de educandos que esperan que algún día, las cosas mejoren en el proceso educativo oficial.
Botín de vándalos
Sin que autoridad alguna intervenga, ni estatal ni federal, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Similares y Conexos (Capufe), reporta cada día, una serie de atracos a sus casetas de cobro, los cuales se han convertido en botín constante y permanente de estudiantes normalistas, de organizaciones sociales, de porros universitarios y vándalos. Esta acción se comete en total impunidad, ya que no se ha dado ninguna intervención policial o de autoridad alguna que inhiba este ilícito. Sumas mayores a los 500 mil pesos se embolsan los delincuentes. Obtienen más que si se dedicaran a la venta de droga o combustible robado, porque atracar a los automovilistas o transportistas en casetas se hace a la vista de todos; de la misma Policía Estatal; de la Policía Federal. El cobro en las casetas de Huitzo o Suchixtlahuaca, es de 50 pesos por automóvil. Se trata de una cuota “voluntaria”, pues camiones cisternas o de mercancías son despojados de su carga para consumirla o venderla. Esta acción es comparable a los asaltos que se dan en la zona mixteca, principalmente entre Huajuapan de León y Acatlán de Osorio o entre la ciudad mixteca y Tehuacán, Puebla. Lo que hacen normalistas de la CENEO, vándalos y organizaciones de toda naturaleza está tipificado como robo con violencia.
Lo que las autoridades estatales y federales han minimizado es que al no entregarse recibo oficial de pago, que es el seguro de viajero, los automovilistas quedan desprotegidos en caso de siniestro. Es decir, la vida de los que por necesidad o placer pasan por dichas casetas de peaje, corre un grave riesgo ante la torpeza oficial de no aplicar la ley. Lo anterior viene a cuento por el punto de acuerdo que propuso hace un par de semanas, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Atristáin, para que Capufe acuda ante las autoridades competentes y se tomen las providencias necesarias para que ello no ocurra más. Lamentablemente en tanto no exista voluntad política para poner orden y meter en cintura a estos delincuentes -porque eso son- nada se habrá de lograr. Admitamos que existe un temor cerval a aplicar la norma y castigar conforme a derecho acciones como éstas, que en lenguaje llano alcanzarían algunos años de cárcel. Pero no. Se trata de estudiantes y otras lacras, que mañana pasado habrán de argumentar que se vulneraron sus derechos humanos.
