El pasado 1de septiembre, en entrevista para MILENIO, la Ministra Loretta Ortiz propuso la “mediación” obligatoria como requisito antes de llegar a cualquier juicio.
La propuesta pareció pasar desapercibida, no obstante su relevancia.
Se trata de que nadie podrá plantear ningún asunto ante juzgados y tribunales de los poderes judiciales sin antes haber intentado siquiera ponerse de acuerdo para resolver amigablemente los problemas.
Naturalmente habrían obligadas excepciones sobre todo en la materia penal que reviste especial naturaleza por los bienes jurídicos que pudiera tutelar y cuya protección está fuera de toda negociación entre las partes.
Pero aún, descontando la parcialidad de esa materia queda un amplio espectro de asuntos que pudieran ser susceptibles de un acuerdo entre las partes.
El beneficio evidente es para los poderes judiciales colapsados de asuntos que impiden que la justicia sea, como es el mandato constitucional, pronta y expedita.
Se busca que miles de asuntos se resuelvan sin necesidad de llegar a los juzgados y ello daría un respiro a todo el sistema de justicia.
Pero si lo vemos más allá del utilitarismo judicial, la búsqueda del arreglo extrajudicial obligado entre las partes sentaría las bases de una cultura de paz tan necesaria entre nosotros.
Y es que está en nuestra cultura desear que todo lo resuelva el juez de manera que una de las partes gane todo lo que la otra pierde.
Y no obstante ser este el espíritu de la justicia profesional, independiente e imparcial, el reciente cambio de paradigma ha hecho que parte de este modelo tripartita se esté viendo alterado.
¿Hasta qué punto seguirá siendo lo mejor para las partes que un juez decida quien pierde y quien gana todo cuando hoy muchas y muchos de esos jueces están transitando una curva de aprendizaje que no sabemos cómo ni cuándo terminará?
Hemos sido testigos a través de grabaciones de los mismos tribunales y juzgados de decisiones inadecuadas e indebidas que jueces y magistrados han tomado, incluso por mayoría.
Y esto va más allá de si la reforma judicial fue mala o buena, necesidad u ocurrencia, necesario ajuste o venganza.
Habrá cada vez más casos documentados en que, producto de una mala e irresponsable selección de perfiles, sigan pagando justos por pecadores.
Así las cosas, los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) adquieren realce.
Tenemos facilitadores públicos y -poco a poco- cada vez mas facilitadores privados, mejor capacitados que los propios juzgadores para lograr acuerdos justos para que las partes no tengan la necesidad de “arriesgarse” a un volado en tribunales.
Tenemos además ya un marco legal sólido con disposiciones constitucionales y leyes reglamentarias a nivel federal y en la mayoría de los estados en materia de medios alternativos de solución de controversias que, además de regular pormenorizadamente los procedimientos autocompositivos y de arbitraje, señalan con claridad procedimientos y requisitos de acreditación para que alguien pueda ser facilitador certificado.
No obstante que en el caso de Oaxaca los nuevos perfiles de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales son idóneos y ampliamente competentes por su capacidad y experiencia en la rama judicial (al menos en quienes yo conozco, que son la mayoría) urge la ley local de medios alternativos de solución de controversias que regule los pormenores del sistema MASC en Oaxaca.
Y estoy seguro de que no tardará.
Los MASC son el presente de México y deben ser el futuro inmediato de la justicia en Oaxaca para despresurizar juzgados y tribunales y para que se vaya haciendo costumbre aquella sabiduría popular que reza que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
