Cuando una persona es víctima de un delito, no solamente se le ocasiona el daño o perjuicio respectivo, sino que también se le genera una afectación psicológica y emocional que la vuelve vulnerable, lo cual requiere que exista empatía plena de las personas que busquen o tengan la obligación de ayudarlos.
Nuestro sistema de justicia establece la obligación de integrar una investigación, y en base a las pruebas aportadas por la propia víctima o su representante, acreditar, tanto la responsabilidad del inculpado, como de los elementos que constituyan el hecho considerado como delictivo, sin embargo, si de por sí la víctima de un delito común sobrevive a un hecho traumático, las víctimas de violencia sexual se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, pues el agresor, comúnmente se encuentra en un estado de superioridad, ya sea de fuerza física, estatus laboral, académico o condiciones particulares que le permiten someter la voluntad de la propia víctima, aunado que, por la propia naturaleza de los delitos, es muy difícil aportar algunas pruebas, como lo son, las declaraciones de testigos presenciales, por ejemplo, aunado que si no se tiene la sensibilidad al tratar el asunto, fácilmente se puede generar revictimización.
Es por eso que suena lógico, y hasta necesario que surjan espacios de ayuda a las victimas desde la sociedad civil organizada, los cuales pueden ser presenciales, o virtuales, en redes sociales, como es el caso del movimiento MeToo, el cual se inicia de forma viral con la utilización precisamente del hashtag #MeToo y sus variantes en las redes sociales en el mes de octubre del año 2017 para denunciar tanto las agresiones sexuales como el acoso sexual, por las acusaciones realizadas en contra del productor de cine estadounidense Harvey Winstein, siendo la actriz Alyssa Milano quien animó a las mujeres que hubieran sido víctimas de acoso sexual, a denunciarlo públicamente en la red social “twitter”, para demostrar la cultura de la misoginia que aún existe a nivel mundial, siendo que dicho hashtagha sido utilizado por mas de 500,000 personas, sin embargo, parte del éxito de dicho movimiento es que, aunado a ser una red de apoyo, se iniciaron los procedimientos legales correspondientes en contra de los agresores.
El caso de México, es un poco más complicado, pues contamos con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como “Caso Campo Algodonero”, o mas popularmente, “Las muertas de Juárez”, en el que se resuelve, en lo que nos interesa, que el Estado Mexicano violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las víctimas por no adoptar las disposiciones de garantía establecidas en convenciones internacionales como lo es la Belem Do Pará, así como su deber de investigación y no discriminación, con lo que se genera un antecedente de omisión por parte del Estado Mexicano para resolver asuntos de violencia contra las mujeres, sin embargo, como consecuencia se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece los tipos de violencia a las cuales se encuentran expuestas las mujeres, como lo pueden ser: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, o cualquier otra que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, así como la obligación de todas las autoridades de resolver los asuntos de su competencia bajo perspectiva de género.
No obstante lo anterior, es decir, que existen leyes específicas de protección a las mujeres, así como tratados internacionales en la materia, en México, se utilizan las redes sociales de una manera sumamente irresponsable, pues el movimiento #MeToo en nuestro país fomenta las denuncias públicas anónimas, en contravención a la cultura de la legalidad, pues en materia penal, son requisitos de procedibilidad la denuncia o la querella, sin las cuales, no es posible que se inicie una investigación en relación al delito, y solamente se fomenta la impunidad, aunado que basta la simple publicación de una persona no identificada, sin ningún tipo de sustento para dar por cierto el hecho y difundirlo como tal, arruinando así la reputación de cualquier persona sin darle la mínima oportunidad de defenderse, como si del Tribunal del Santo Oficio se tratase, como sucedió con Armando Vega Gil, integrante del grupo de Rock “Botellita de Jerez” quien, después de haber sido denunciado de manera anónima en twitter, decidió quitarse la vida, ante la desesperación de ver su prestigio destruido, manifestando sentir que era la única manera de evitar que su hijo pudiera transitar en un camino libre en el futuro, por lo que resulta lamentable la postura del movimiento #MeTooal respecto, que en lugar de tomar acciones para ser más responsables con sus publicaciones, establecer mecanismos mínimos de calidad en su causa y fortalecer la cultura de la legalidad, toman una postura defensiva y señalan de censura las reacciones que critican su movimiento, si queremos vivir en paz como sociedad y generar conciencia, no podemos ser irresponsables en las consecuencias de nuestros actos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
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