Desde que se aprobó el dictamen de la llamada “Ley chatarra”, propuesta por iniciativa de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Magaly López Domínguez, según ésta, para proteger la salud de niños, niñas y adolescentes, al evitar consumir bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido de calorías, es decir, la llamada “comida chatarra”, advertimos que no era, en principio, una prioridad y, en segundo término, que no contenía los elementos necesarios para su aprobación. Fue una sorpresa que el dictamen se aprobara por 31 votos a favor, la mayoría de su bancada, sin haber hecho las consultas necesarias a los sectores afectados, sin consensos legislativos y, menos aún, sin un análisis económico-social respecto al impacto entre los oaxaqueños que se encuentran diseminados en las ocho regiones y que, sobreviven de sus tienditas o misceláneas, en las que venden refrescos y bolsas de frituras.
Ante la serie de cuestionamientos de parte de los afectados, pero sobre todo de las cámaras y asociaciones empresariales del país, con representación en Oaxaca, la promotora de tan brillante iniciativa, López Domínguez, publicó en redes sociales que algunos productos elaborados “por la señora de la esquina”, al no tener en la bolsa el distintivo de la Norma Oficial Mexicana, estaban exentos de dicha ley. Esto es, contemplaba ya situaciones de excepción, factor que advierte un desconocimiento del Derecho Constitucional e ignorancia supina de la recién aprobada reforma a la ley. Como ello no fue suficiente, sus compañeras que forman parte de la Comisión Dictaminadora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, le hicieron otro remiendo a la discutida ley: no considerar “daño a la salud” la venta o donación de las bebidas y alimentos motivo de la multicitada ley, con sanciones de tipo penal sino sólo amonestaciones.
No nos hemos equivocado al considerar que estamos ante la peor legislatura de la historia oaxaqueña, en donde se privilegia más el protagonismo político y la ignorancia. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que pocos, muy pocos legisladores o legisladoras acreditadas en el edificio de San Raymundo Jalpan, tienen nociones del papel que desempeñan. Por ello han aprobado leyes sin sentido; han dado madruguetes de los que luego se retractan o caminan en su labor legislativa, sólo medrando de un generoso presupuesto sin aportar nada.
Justo reclamo
No les ha hecho falta razón a los empleados de base y de confianza del Registro Civil. De manera inoportuna y en tiempos de contingencia los desalojaron de las oficinas centrales de las calles de García Vigil, un edificio histórico que ocupan desde hace décadas, con el pretexto de ahí se habrá de instalar ahí un Centro Gastronómico. Ello, por supuesto, atenta en contra de los derechos laborales de la base trabajadora. La pregunta es: ¿de dónde vino dicha idea o de quién o quiénes fue la iniciativa, teniendo como telón de fondo dos factores: la contingencia sanitaria por el Covid-19, que nos mantiene hoy mismo con temor y en suspenso. Pero hay un factor adicional y es que, los tres principales destinos turísticos de la entidad: Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, están al borde del colapso. Bajo esta premisa y teniendo como telón de fondo esta situación, sería una terrible competencia desleal, que el gobierno estatal apoye la instalación de un negocio que opaque a las empresas tradicionales.
Lo que se sabe es que los trabajadores que ahí prestan sus servicios no estaban enterados del desalojo. He ahí la protesta desde el lunes pasado. Lo delicado del asunto es que, según los que saben de sindicatos y demás, la delegación del Registro Civil, es uno de los sectores más combativos en la lucha sindical, lo que implica que esta situación se puede convertir en una bola de nieve para el gobierno de Alejandro Murat. Es pues prudente dar una explicación y no permitir que situaciones como éstas que llevan consigo un interés pecuniario ilegítimo, se lleven entre los pies los derechos de los trabajadores. Si bien nadie que tenga como patrón al gobierno debe poner en tela de juicio el interés legítimo del mismo, también es cierto que los tiempos han cambiado.
Nada cuesta pues dar a conocer a los empleados que se asumen afectados, el proyecto de Centro Gastronómico y repercusiones en la sociedad oaxaqueña, harta de proyectos sexenales efímeros y de espaldas al pueblo. Cualquier justificación puede ser improcedente en este momento. Empero, hasta el más modesto de los empleados requiere una explicación, una justificación, una satisfacción. Eso es crear consensos y no hacer cosas de espaldas a los interesados o afectados. Hay que entender que los oaxaqueños estamos hartos de posturas autoritarias y convenencieras que se ponen en marcha, pero todo lo afectan a su alrededor.
