La tragedia provocada por “Beatriz” se añade a otra más que hemos ido arrastrando durante los últimos tiempos: la falta de recursos oficiales para llevar a cabo las tareas de gobierno. Si bien es cierto que ya no basta estar echando la cinta atrás y culpar de todo al antiguo régimen, lo cierto es que haber dejado el erario en un plan de indigencia, ha impedido reactivar la economía local y emprender las grandes tareas, como es hoy la reconstrucción y la rehabilitación de caminos, carreteras, infraestructura educativa, hospitalaria y otras.
Es evidente que el gobierno de Alejandro Murat tendrá que echar mano de recursos adicionales, además de la inminente declaratoria como zona de desastre que nos hace susceptibles a recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). No obstante, hay algo que subyace en el imaginario colectivo, en el que parece no haber reparado el gobierno: el otorgamiento de un mayor presupuesto a la Comisión Estatal de Protección Civil (CEPC), para realizar campañas masivas de concientización, de prevención y capacitación en todo el estado, de manera que este tipo de fenómenos naturales, además de otros como sismos, tsunamis y otros, nos hagan estar preparados para salvar la vida, que es el don más importante.
Desde hace mucho tiempo se dejaron de realizar los simulacros; la revisión del estado físico de edificios en los centros urbanos; la señalización en escuelas y oficinas; la operación de las comisiones municipales de protección civil; de los organismos no gubernamentales, etc. Existe pues, no sólo una falta de cultura en términos de qué hacer en casos de desastre, sino además una total apatía institucional por crear en la población un atlas de riesgos. En la escuela de educación elemental, la visión torpe y torcida de un magisterio beligerante e ignorante, ha impedido que en los planes y programas escolares se incluya una materia respecto al qué hacer en casos de siniestro.
Hay datos que mentores pseudo democráticos han obstaculizado cualquier propósito en ese sentido. Hoy que el gobierno tiene encima la delicada tarea de reconstruir lo que ha quedado inservible luego de al menos tres días de lluvias, hay que valorar la magnitud y el nivel de daño que un meteoro puede causar y demoler lo que durante años sirvió para una vida normal de la sociedad. Y Oaxaca -no hay que olvidarlo- está ubicada en una de las franjas más peligrosas de la zona sísmica.
Acciones faltas de ética
Nuestros legisladores y nuestras legisladoras federales, han instaurado la moda de rendir cuentas e informes, los cuales no son más que voyerismo aldeano, tan usual en nuestro medio. Y en ellos dan cuenta, la mayoría de las veces de las gestiones que realizan para “bajar” recursos en beneficio -dicen- de los municipios que están dentro de su distrito. Todos aplauden dichas acciones. Hace unos años era usual escuchar al ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hugo Jarquín, afirmar que había conseguido tal cantidad de millones de pesos, para el sistema de transporte, para los proyectos culturales y otros.
Lo que no se decía es que en muchos de ellos etiquetaban también su beneficio económico. Ha trascendido por ejemplo, que en años anteriores, el hoy diputado local y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Samuel Gurrión, durante el tiempo en que fungió como legislador federal, ofrecía a algunos presidentes municipales obtener recursos de la Federación para determinadas obras… siempre que las mismas fueran ejecutadas por las empresas familiares que se dedican a la construcción. ¿Era alguna acción altruista o de afecto a los municipios de su distrito o el puro placer de ayudar a la gente? Por supuesto que no.
En la actualidad algunos municipios del distrito de Zaachila y de otros lados, se han quejado de que algunas diputadas -mencionan a dos mujeres- han operado el mismo esquema: obtienen recursos adicionales del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero cuando hay que aplicarlos en los municipios para donde se han etiquetado dichos recursos, cobran su comisión o simplemente obligan a los ediles a que acepten a sus constructoras.
Se presume pues que para todo ocupan el viejo binomio de “plan con maña”. No es nada fortuita pues su actuación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos una actitud ética y de valor cívico. No. Hay un interés pecuniario en dichos (as) legisladores (as) para obtener mayores beneficios, adicionales a los que de por sí obtienen con su generoso salario y prestaciones. Compete a los ediles, a las propias comunidades, desenmascarar a estas lacras. El órgano de control interno de la Cámara federal, si es que existe, debe instruir pliegos de responsabilidades a legisladores (as) que operen de esta forma. Sólo la denuncia pública hará posible exhibir la verdadera naturaleza de estos (as) malos (as), servidores (as) públicos (as).
