Es visible la ambigüedad que muestran algunos personajes tanto del Poder Judicial Federal, como del Poder Judicial de Oaxaca, respecto de la reforma que se discute.
Comentan colegas abogados que no definen claramente su postura debido a intereses políticos económicos que guardan dentro de cada estructura.
Recientemente, simpatizantes de la 4T criticaron a quien encabeza el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que luego de acudir a Puebla donde se dio el “Sexto Diálogo Nacional”, el foro temático más cercano que pudo tener Oaxaca, señaló que se necesita una reforma al sistema de justicia que tenga como eje el Estado Democrático de Derecho.
La pregunta fue: ¿entonces ni con la 4T en el gobierno ha habido un Estado Democrático de Derecho?
Los simpatizantes de la 4T, indignados señalaron que urge actualice su información, dado que en repetidas ocasiones ha mostrado desconocimiento del órgano al que llegó.
Por citar, cuando ignoró que en Oaxaca existe el divorcio incausado desde el año 2017 o que la reforma judicial no era una especulación dado que la iniciativa fue presentada desde principios de este año por el titular del Poder Ejecutivo Federal y que, por lo tanto, ya era materia de discusión.
Pero, en retrospectiva comentan colegas abogados que en Oaxaca esa ambigüedad o indefinición de posturas no es algo que siempre había sucedido, ni se veía tan descarada esta conjugación o tejido de intereses.
La estructura del Poder Judicial Federal se desarrollaba en su área, mientras que el Poder Judicial de Oaxaca en la suya. Así se daba la función, sin la mezcla de intereses personales y económicos.
Hasta que llegaron los Oaxaqueños a la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, luego de la reforma Zedillista de 1994, llevados por el exgobernador de Oaxaca que llegó a la Secretaría de Gobernación.
Resultó claro que no era lo mismo formar parte de la ponencia de algún ministro, que ejercer el poder desde el Consejo de la Judicatura sobre jueces y magistrados federales. Señalan que hubo siempre abogados oaxaqueños en el Poder Judicial Federal, pero no con ese poder dentro de un órgano creado por efecto de la reforma Zedillista.
Establecen que así empezaron estos oaxaqueños a tejer sus redes de influencia y tráfico. Mapearon sus relaciones con la élite jerárquica federal que decidía quién sí y quién no en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal. El “Grupo Oaxaca” les llamaron o se hicieron llamar. Hoy se cuenta que invierten su dinero en casas de bolsa y en el negocio inmobiliario.
El tema no quedó ahí, dado que la ambición de expansión y control no era de poca monta. El “Grupo Oaxaca” tejió relaciones con personajes panistas y priistas y buscaron integrar la Corte mexicana, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
Enseguida pusieron la mirada en el Poder Judicial de Oaxaca, pero no para ganar el sueldo raquítico de un juzgador oaxaqueño, dado que están acostumbrados a un salario dorado. La idea era influir en el nombramiento de magistrados y controlar la presidencia de dicho órgano.
El punto cúspide de esta mezcla fue el acuerdo entre la Consejería Jurídica del gobierno de Alejandro Murat y el consejero de la Judicatura Federal integrante del “Grupo Oaxaca”, a quien se le atribuye una visible cercanía con el “renunciado” ministro de la Corte mexicana, Eduardo Medina Mora (2019), gente del primer círculo del expresidente Felipe Calderón.
El propósito cumplido del acuerdo fue frenar y sepultar los amparos que traían un fundamento sólido sobre la inconstitucionalidad del procedimiento que culminó con los nombramientos efectuados por el gobernador.
El saldo a pagar por parte del gobierno de Oaxaca se supo enseguida. Habían pasado por encima del derecho de las aspirantes mujeres y a cambio de ello entregarían magistraturas, incluyendo la titularidad de la presidencia.
No era para menos una factura política tan cara, la más cara pagada por un gobierno priista. Había que salvar a los “incondicionales” de la familia gobernante que a “chingadazos” hicieron magistrados a quienes de la función judicial no entendían, ni sabían nada.
Así llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca los nombrados y llamados magistrados “mequetrefes” y “mequetrefas”. Hoy, todo parece indicar que quieren mantenerse en el cargo porque no tienen intenciones de renunciar, ante la confirmada desbandada de los 7 magistrados con mayor tiempo que han decidido acogerse a la jubilación debida a la reforma judicial que está por aprobarse. De 28 magistraturas, 20 se encuentran ocupadas.
La narrativa de los colegas abogados registra dos hechos de escándalo que llevaron a confirmar este cínico cochupo entre personajes del Poder Judicial Federal y el gobierno de Oaxaca.
La comida organizada en Tlalixtac de Cabrera, donde, ocultando el propósito de la reunión, convocaron a magistrados y jueces federales para convivir, pero jamás les informaron de la presencia de invitados “especiales”, como la legisladora local priista, hoy en Morena, encargada de procesar la designación de la recomendada del “Grupo Oaxaca”.
El segundo hecho fue el trámite de un juicio familiar que un juzgador federal buscó frenar azuzando a jueces y funcionarios del Poder Judicial de Oaxaca. Recientemente, una red de feministas de Oaxaca denunció el respaldo que desde el Consejo de la Judicatura Federal se brinda a esta clase de jueces federales.
Por último, los colegas abogados explican que este “ninguneo” a la autonomía e independencia judicial se da ante la tibieza o complacencia de quien preside el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como fue el caso del anterior titular, quien llegó a la presidencia con un margen alto de legitimación al haber sido nombrado, históricamente, por la mayoría de los magistrados integrantes del Pleno de dicho órgano, quienes se revelaron y evitaron que fuera impuesta por el gobernador.
Lo que vino después es un hecho notorio. Lo que vendrá también lo será.
Ante un contexto de defensa de intereses políticos económicos grupales, la división de opiniones y posturas sobre la reforma se mantiene en el Poder Judicial Federal y se proyecta en lo que actualmente pasa en el Poder Judicial de Oaxaca.
El “Grupo Oaxaca” opera en ambos bandos y en ambos poderes ante la reactivación del acuerdo iniciado con el anterior gobierno de Oaxaca. Mientras tanto, los juzgadores honorables siguen en la incertidumbre y los colegas abogados afirman que, si la multicitada reforma al poder judicial no corrige estos abusos, de nada servirá, porque se irán los mejores y llegarán a la estructura de impartición de justicia los peores, como ya está sucediendo en el Poder Judicial de Oaxaca.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
