Tanto el propio gobierno estatal como los medios dieron la noticia. En las afueras de la planta de Pemex en el Tule fue encontrada una toma clandestina para robo de combustible y fueron detenidos tres malandrines. Aún y cuando la nota no resulta tan escandalosa comparada con la información que satura los medios, tiene una trascendencia oculta que debería preocuparnos.
El huachicol es una de las ramas del crimen organizado que no solo involucra criminales, sino a empleados de Pemex y funcionarios de gobierno. Solo como contexto, el estado de Guanajuato vive una ola de criminalidad debido a la batalla entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa por el control de este negocio. No está por demás sospechar que este brutal enfrentamiento en tierras guanajuatenses podría estar tolerado o propiciado por el gobierno dado que esa entidad es gobernada por el PAN.
Tener actividades de huachicol en las puertas de nuestra capital significa la presencia de más criminales por nuestras calles en las que, con auténtica suspicacia, se notan cada vez la circulación de vehículos de muy alta gama en una ciudad cuya economía no es precisamente generosa. Vivimos en riesgo real de que la lucha por el control de ese delito desate balaceras en nuestros suburbios o derrames de combustible en esa zona que contaminarían todos los sembradíos de los alrededores.
La normalización del crimen propiciada por el gobierno de AMLO provoca que no le demos a una noticia como ésta la importancia que tiene. No debemos resignarnos ante el crimen y dejar pasar este hecho como uno más de los delitos que se cometen todos los días en esta tierra de primavera marchita en que la criminalidad solo ha aumentado en los últimos años, se ha asimilado en nuestras narrativas y se le tolera o, por lo menos, desde el gobierno se hacen de la vista gorda. Esta percepción de complicidad flota por las redes sociales con intensidad y frecuencia.
La herencia negra del obradorismo dio paso al crecimiento de la subcultura del crimen. La gente ve con simpatía los actos de rapiña cuando hay accidentes carreteros y se tolera como si fuera un acto de justicia social la quema de negocios, el cobro de piso, el despojo o la extorsión.
Esta normalización del crimen provocó, al inicio del obradorismo, los hechos de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde cientos de personas cubeta en mano como si de una inofensiva fiesta se tratara, sacaban el diésel de la laguna formada por una fuga. Con su vida pagaron su necedad casi 130 personas mientras el gobierno distraía a sus creyentes con una narrativa falsa de combate frontal a este delito al grado de afirmar que ya no había huachicol en México.
La toma clandestina no fue encontrada debido al celo profesional de una fiscalía extraviada en sus carencias y corrupción. No, fue a través de una supuesta denuncia anónima de alguien que, probablemente, fue excluido de los beneficios del negocio en donde los compradores frecuentes son taxistas, moto taxistas y transportistas en general, casi siempre asociados a los sindicatos mafiosos.
No hay ductos de combustibles y gas en los valles centrales y pensábamos que el huachicol era un delito lejano. Estábamos equivocados y, seguramente, debido a la aceptación social que tiene ahora la criminalidad entre la gente, no tardarán en ver como benefactores a los delincuentes que, con tal de construir una base social de apoyo, podrían hasta regalar el combustible robado en algún momento para tener un escudo humano en caso de que la autoridad decida realizar su trabajo. La zona del Tule y comunidades cercanas seguramente empezarán a vivir en un creciente clima de violencia.
La polarización provocada por el gobierno ha sido un excelente caldo de cultivo tanto para la criminalidad como para la normalización de ésta. Las consecuencias no solo están en las abultadas estadísticas de muertos y desaparecidos, sino que su impacto llega a afectar a todas las actividades de una comunidad que, en algún momento, dejará de percibir al crimen como algo excepcional y lo convertirá en algo común y manejable. La normalización de la aceptación de la narrativa criminal, como lo leemos en redes o escuchamos en los narcocorridos, altera la percepción de la realidad.
Oaxaca es un caso especial en la normalización de la violencia y en ello ha tenido participación la Sección 22. Miembros de ella tenían su propia banda de secuestradores.
