Las notas periodísticas difundidas esta semana sobre Puente Grande ofrecen una imagen que permite formular una pregunta que rebasa los muros de cualquier cárcel: ¿qué sucede cuando el Estado conserva formalmente un territorio, pero las reglas cotidianas son impuestas por alguien más?
En Puente Grande existe una pequeña república clandestina, con autoridades, mercados, privilegios y castigos propios. El Estado ha construido muros y conservado las llaves, pero en su interior el poder real se ejerce desde otro sitio.
Lo llamamos autogobierno, aunque la palabra resulta demasiado benévola. Evoca comunidades que se organizan libremente cuando en el ámbito penitenciario suele describir la sustitución de la autoridad por grupos que imponen sus decisiones mediante el dinero, la fuerza o el miedo. No es gobierno de uno mismo, sino gobierno del más fuerte.
Hobbes imaginó al Estado como un gran Leviatán creado para impedir que la vida quedara sometida a la violencia de todos contra todos. La prisión es una de sus expresiones más intensas: en pocos espacios se concentra tanto poder público sobre las personas. Por eso, perder el control dentro de una cárcel no sería una falla administrativa menor. Si el Leviatán no puede gobernar detrás de sus propios muros, algo más profundo está fallando.
La Constitución dispone que el sistema penitenciario debe organizarse con base en el respeto a los derechos humanos y orientarse hacia la reinserción social mediante el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Nada de eso puede conseguirse cuando la vida cotidiana depende de reglas clandestinas. Una prisión sometida a poderes informales no reinserta: reproduce las mismas desigualdades y violencias que el Estado debería contener.
Aquí aparece una falsa disyuntiva. Para algunas personas, hablar de derechos humanos en las cárceles significa ser indulgente con quienes cometieron delitos; para otras, recuperar el control estatal conduce necesariamente a la represión. Ambas ideas confunden autoridad con violencia. Los derechos humanos no debilitan al Estado: permiten distinguir su fuerza legítima de la simple imposición del más poderoso.
La cárcel muestra con particular crudeza una verdad que fuera de ella suele pasar inadvertida: cuando la autoridad se retira, el espacio no permanece vacío. Surgen reglas alternativas, intermediarios, cuotas y formas privadas de protección. El Estado puede seguir presente en los edificios, los uniformes y los documentos, pero ausente de la experiencia diaria de las personas.
Por eso Puente Grande puede leerse como una miniatura del país. No porque todo México sea una prisión ni porque en todas partes mande la delincuencia, sino porque en muchos lugares conviven dos órdenes: el de las leyes escritas y el de las reglas que realmente permiten abrir un negocio, transitar por una carretera, acceder a un servicio o vivir sin ser molestado. La distancia entre ambos revela la dimensión auténtica de nuestra debilidad institucional.
Recuperar la autoridad no significa solamente desplegar más fuerza o destituir a directivos. Supone conseguir que las reglas vuelvan a ser creíbles y que ninguna persona tenga que negociar privadamente aquello que la ley debería garantizarle. La autoridad más sólida no es la que irrumpe con mayor estruendo, sino aquella cuya presencia vuelve innecesario el dominio de otros.
Una república se reconoce porque dentro de su territorio rigen leyes comunes y nadie puede imponer tributos o castigos por su cuenta. Los reportes sobre Puente Grande inquietan porque invierten esta idea: muestran la posibilidad de que el Estado conserve los muros, los sellos y los discursos, pero pierda aquello que verdaderamente lo convierte en Estado: la capacidad de hacer que la ley sea la misma para todos.
