La visita de este sábado de la ministra presidenta Norma Piña a Oaxaca quedó en lo doméstico. Y era previsible.
Vino en secreto, nadie supo, nadie se enteró, su visita entró en la agenda pública sólo después de realizada. Vino a reunirse con “los suyos”, con jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación con sede en Oaxaca.
Vino, seguramente, a comandar el cierre de filas contra AMLO y el Congreso Federal, y es lo normal, lo esperado.
A una mujer le ha tocado esta embestida inédita contra el que ha sido históricamente el poder más institucional, profesional y apolítico.
Por ello, estamos en un punto de quiebre. O la Corte inaugura una nueva “época” política de activismo, promoción y atracción más allá de sus sentencias; o espera que pase la tormenta para que todo vuelva a la fría y gris (acaso saludable) institucionalizado de antes.
Ello depende de quién gane la Presidencia de la República en 2024 y por supuesto de la actitud que en los hechos asuma frente al máximo tribunal del país.
El escenario apunta más hacia lo primero. Y lo más crítico será que el encargado del diseño de la “reforma” al Poder Judicial Federal es ya de facto el último presidente de la Corte, Arturo Zaldívar que se siente agraviado y busca un lugar en la historia como el gran reformador, y en su historia personal como el gran justiciero haciendo justicia por propia mano.
Una nota de El Universal Oaxaca decía ayer respecto de la vista de la ministra Piña:
“El recorrido lo realizó en San Bartolo Coyotepec donde se reunió con representantes y consejeros del Tribunal Superior de Justicia”.
Reitero, la visita fue privada y naturalmente el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no fue invitado. Pero lo reportado es una clara muestra de la desinformación imperante, desde siempre, en torno a la función jurisdiccional.
La gente (el pueblo) no distingue entre poder judicial federal y poder judicial local.
Y tenemos de dos: o buscamos educarlo para que le quede claro que no tenemos nada que ver, o nos acercamos (en una “sana cercanía”) y le decimos que la función jurisdiccional es una y que la Corte, los Tribunales y los juzgados trabajamos para el mismo fin.
La realidad es que la función judicial no está fuera (como pareciera entenderse de repente) de la Teoría del Estado y de la Ciencia Política.
Y magistrados, jueces y ministros deben también pensar, sin detrimento de su función técnica de juzgar con imparcialidad, en clave política.
Hoy la circunstancia ha obligado a la Corte y al Poder Judicial de la Federación a “abrirse”, a romper el sitio, a comunicarse —como su contraparte— con “el pueblo”.
Y comienza a hacerlo tímidamente desde las redes sociales con su Escuela Judicial que está abriendo cursos dirigidos a estudiantes y a “la población en general”. Eso tiene que aplaudirse.
Hoy incluso tienen ya abierta una cuenta de redes sociales las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte con representación en todos los estados del país.
Esto tiene que aplaudirse como un buen inicio que denota que los ministros, comenzando por su presidenta, han entendido que los tiempos cambiaron y que es necesario comunicar.
Ministros, jueces y magistrados no deben temer a la comunicación en clave política, porque su función, en diferentes graduaciones, también es política.
Es inconcebible e inaceptable que el debate lo pierdan por déficit de exposición, quienes son los expertos en argumentación.
La Corte debe grabar las letras de oro en el Pleno que “un argumento es un razonamiento destinado a persuadir”.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
