Después de un triunfo arrollador de Andrés Manuel con su movimiento MORENA en las urnas, iniciará su gobierno y la Cuarta transformación de la República el próximo primero de diciembre, sin embargo, desde aquella noche en la que sus adversarios políticos reconocieron su derrota, ya adelantó acciones a tomar desde el comienzo de su administración, como por ejemplo que duplicará el monto de las pensiones de los adultos mayores al doble, pero en contra parte impondrá una severa austeridad en la administración pública y por supuesto combatirá hasta sus últimas consecuencias la corrupción.
A finales de la semana pasada, empezaron a circular en prensa, tv y redes sociales “50 lineamientos de austeridad y contra la corrupción” en los que, desde luego hay medidas que todos los mexicanos aplaudimos y esperamos ansiosos su aplicación, como por ejemplo, el retiro de pensiones a expresidentes, es obvio que no las necesitan porque tienen dinero de sobra, por dignidad ellos mismos debieran renunciar a ellas; otra que definitivamente es muy necesaria es el recorte del 50% al gasto en publicidad de gobierno, ya que este recurso es utilizado para promover la imagen personal de los Titulares de las instituciones y así podría seguir con una larga lista, pero hay acciones anunciadas que me causan una gran preocupación, porque veo en su instrumentación terribles problemas, adelanto que sólo me voy a referir a dos de ellas, porque también son una larga lista.
Empezaré por la reducción del 50% de los sueldos de los funcionarios que ganen más de un millón de pesos anuales, el problema empieza con el “más de” porque tal como está dicho, el que gane un peso más del millón de pesos anuales es sujeto del ajuste. Para empezar, hay que ubicar la percepción mensual de funcionarios que estén en este nivel, es decir que el punto de referencia más bajo sería en números redondos de $83,500 mensuales y de ahí, para arriba. ¿Quiénes ganan esta cantidad? Me parece que estamos hablando del nivel de Director General para arriba, que al aplicar la instrucción estarían ganando $41,750 o sea que vendrían ganando lo mismo que un Director de Área, pero con tres veces más de responsabilidad y aquí está mi punto: un principio básico de la teoría administrativa es que los sueldos deben de ser directamente proporcionales al nivel de responsabilidad, de autoridad y de especialización que implica el puesto, entonces con esta medida se estaría violentando este principio con las consecuencias correspondientes: quién va a querer trabajar a esos niveles si van a ganar igual sus subordinados.
La medida en cuestión no habla de hacer un ajuste al tabulador de sueldos de los trabajadores de la administración pública federal, sólo habla de recortar el 50% del sueldo a los que ganen más de un millón de pesos al mes, pero que podemos esperar si el propio Presidente de la República se devalúa con un sueldo de 108 mil pesos al mes, para que se den una idea de lo que digo, les doy como referencia que un director de mercadotecnia de una empresa que comercializa productos a nivel nacional, gana cerca de 200 mil pesos mensuales, con prestaciones de primer nivel como auto de lujo, servicio médico en las mejores clínicas del país, vacaciones al extranjero y además derecho a bonos de productividad y un súper aguinaldo y aunque manejan millones de pesos y cientos de empleados, su responsabilidad no se compara con la del Presidente de la República, entonces donde queda el principio de la teoría de la Administración.
Los puestos de la administración pública son muy demandantes en todos los sentidos, pero principalmente, son de tiempo completo, por ello deben de estar bien pagados para que pongan toda su capacidad en el desempeño de su trabajo, del cual depende el bienestar de mucha gente; y, de esa forma, evitar que simulen que trabajan y estén preocupados por cómo conseguir más ingresos para mantener el nivel de vida de su familia. Es contradictorio pregonar un ataque frontal contra la corrupción y por otro establecer sueldos de hambre para quien se dedica profesionalmente a la función pública.
El siguiente lineamiento que les quiero exponer y que está muy ligado al que les comenté en líneas anteriores es el de la reducción del 70% del personal de confianza y 70% de gastos en lo respectivo. Si yo fuera un empleado de confianza del gobierno desde ahora estaría preocupado por mi estabilidad laboral y económica a partir del primero de diciembre, la pregunta es obvia, en qué va a trabajar el personal que se vea afectado por el recorte. El asunto no es menor porque supone que gente calificada, con capacidad experiencia y preparación se vaya a la calle, hecho que sin duda pone en riesgo la seguridad nacional y para cerrar el punto, reducción de 70% de gastos en lo respectivo, es algo confuso, porque si el trabajador de confianza ya no está, la reducción tendría que ser del 100%, o no.
Luego vienen otras acciones anunciadas pero que no están en los 50 lineamientos, como la de descentralizar el gobierno federal hacia los estados, a través de cambiar las sedes de las dependencias federales, se menciona que la CDI se moverá a Oaxaca; la SEP, a Puebla; la Secretaría de Turismo, a Quintana Roo y así. De la misma manera que en el caso anterior, si yo fuera trabajador de alguna de las dependencias que se van a cambiar a los estados me estaría preguntando desde ahora: qué me conviene, comenzar una nueva vida en el estado de la república que me toque, o ver que puedo conseguir en la Ciudad de México, pero los que ya estarán velando armas son los sindicatos de las Dependencias cuyo cambio está anunciado porque venderán cara su mudanza, si es que los convencen.
En Milenio de hoy, Carlos Marín, a propósito de este cambio de sedes de las dependencias, trae a colación el caso del INEGI y comenta que la decisión de ubicarlo en Aguascalientes fue un largo y complicado proceso que duró más de dos años, durante el cual se hicieron numerosos estudios sobre desarrollo urbano, vivienda, mantos acuíferos, vialidades, escuelas, servicios públicos, etc. cabría preguntarse entonces, ya se tienen los estudios correspondientes, ya se negoció con los sindicatos, ya se calculó el costo de las mudanzas, porque aun habiendo hecho todas estas tareas el tiempo que se tiene que invertir en la mudanza va a complicar la operación de las instituciones que cambien de sede y las necesidades y procesos administrativos a realizar no se van a detener hasta que ya estén asentados en su nueva ubicación.
La última acción a instrumentar por el gobierno de López Obrador que comento en esta oportunidad es lo declarado por el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien afirmó que la continuidad del proyecto del Nuevo Aeropuerto se irá a consulta ciudadana, o sea que un proyecto eminentemente técnico en el que se ha invertido tiempo y recursos millonarios dependerá del humor de quienes tienen credencial de elector y decidan participar en dicha consulta. Pregunto, el próximo Secretario de SCT estará pensando en al menos dar elementos a la opinión pública que ayuden a formar un criterio para votar por la permanencia del nuevo aeropuerto o en contra.
Me parece que AMLO y su equipo están viviendo una luna de miel con el electorado y creen que durará todo el sexenio, pero los matrimonios no funcionan así, menos uno de tipo político; piensan que tienen un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, pero esto no es así, para entenderlo sólo hay que ver que como se conformó su base social de apoyo, de la cual, una tercera parte se compone de jóvenes y de personas con educación universitaria, es decir, que es un electorado que no guarda lealtades políticas y que si no ven beneficios y un gobierno que dé resultados con rapidez se volcarán en su contra.
Finalmente, un principio básico del desarrollo organizacional es que todo cambio debe ser gradual, porque por naturaleza habrá inercias e intereses opuestos al mismo, por muy bueno que este sea y los puntos que comenté no son buenos, ya que implica afectar intereses de la burocracia en general y de empresarios involucrados en las inversiones del nuevo aeropuerto, e insisto solo estoy analizando 4 de las más de 50 medidas a instrumentar.
