La atención que urge

No le fue tan mal a la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado, Eufrosina Cruz Mendoza, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, salvo la reprimenda que le hizo su propia correligionaria del PAN, diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, por no atender debidamente este tema desde antes.
No hubo cuestionamientos difíciles que pusieran en aprietos a la nobel funcionaria que hasta el martes pasado llevaba apenas 22 días en el cargo. Le perdonaron que no estuviese enterada al cien por ciento de sus funciones, de las prioridades de la dependencia y hasta recibió de las y los legisladores comprensión y apoyo para que tenga más posibilidades presupuestarias el año que entra para el cumplimiento de sus metas.
La actitud de la diputada Mendoza Sánchez no fue tanto por los escasos conocimientos de la secretaria, sino seguramente porque aceptó el cargo que le ofreció un gobierno priista, cosa que la militancia panista reprueba y considera una traición. De ahí que le haya espetado en su cara su inconformidad contenida; ella encontró la oportunidad cuando la servidora pública externó que en adelante atendería con el alma las necesidades del amplio sector indígena. ¿Por qué no lo había hecho así antes?
No dudo que la nueva titular de la SAI conoce la problemática indígena del país, pero más la nuestra, la oaxaqueña, por las responsabilidades legislativas que ha tenido a nivel local y nacional. No se trata de que sea una especialista en el tema, aunque su procedencia le permite tener la experiencia pues ella misma ha sufrido las incomprensiones y desprecios de sus paisanos.
Pero tampoco las preguntas de las y los legisladores fueron tan contundentes para justificar la comparecencia y ésta sirviera para enriquecer el análisis legislativo para determinar los recursos públicos del 2019. Durante la sesión se expusieron algunas acciones realizadas y también las limitaciones que se tienen, sobre todo, de carácter presupuestal para que la amplia población indígena y afromexicana pueda tener a su alcance proyectos de desarrollo y gozar también plenamente sus derechos como todo mexicano sin distingo de ninguna naturaleza.
El sendero del indígena ha sido difícil y lo sigue siendo. Han habido tantas políticas públicas diseñadas desde la élite del poder con escasa participación de los verdaderos interesados para quienes están destinados los objetivos de justicia y desarrollo. Las legisladoras y legisladores están de acuerdo en apoyar desde sus responsabilidades a la población más necesitada, donde están concentrados los indígenas y afromexicanos, quienes exigen atención para incorporarse al desarrollo y la impartición de la justicia. Por eso se pronunciaron porque se haga realidad el colegio de abogados intérpretes que atiendan casos de indígenas presos en diferentes cárceles del país por no saber hablar el castellano o carecer de conocimientos fundamentales para defenderse.
Pero se abre un buen panorama para este amplio sector del país y la entidad. Es de gran trascendencia el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya estado en Oaxaca el pasado fin de semana para anunciar y poner en marcha desde esta tierra, cuna de grandes civilizaciones culturales e históricas, las acciones que habrán de realizarse en las comunidades indígenas y afromexicanas, consensuadas previamente entre los mismos beneficiarios y sus autoridades locales.
Los recursos deberán aplicarse de manera transparente, sin moches, y los legisladores y funcionarios de todos los niveles tienen una misión que cumplir porque así sea, que no sea un simple discurso, aunque todo mundo sabe que algunos legisladores de diversos partidos políticos tienen sus empresas constructoras o bien sus preferencias a través de las cuales obtienen directa o indirectamente ganancias ilícitas, dizque para ayudar a las demás comunidades. Para nadie es un secreto que algunos diputados ya están comprometidos desde antes con algunas empresas porque recibieron de ellas apoyos económicos para sus campañas y los llevaron al triunfo. Ya sabemos la historia que sigue.
Se sabe también que las autoridades municipales han encontrado en las empresas la forma de hacerse de recursos aparentemente extras. Es un vicio que hay desterrar. La auditoría debe abarcar a los gobiernos federal, estatal y municipal; que los recursos sean canalizados a través de las autoridades legítimamente constituidas, no a las organizaciones sociales parásitas que no tienen llenadera.
Hagamos lo correcto. Es la reiterada demanda indígena y afromexicana.