Hace unos días, se volvió viral un video en el que se aprecia a dos asaltantes intentando abordar una combi de transporte público, en la ruta que circula por la carretera México – Texcoco, sin embargo, debido a que el chofer avanzó, solamente uno de ellos logró subir y al grito de “ya se la saben” comenzó a despojar de sus pertenencias a los usuarios, como si existiera un protocolo para ser asaltado, que surgiera de la costumbre que ya tenemos como Mexicanos a tener que soportar la delincuencia y la impunidad, pensamiento que surge de la cotidianeidad ante los altos índices de inseguridad a los que nos tenemos que enfrentar diariamente, sin embargo, en esta ocasión, los usuarios del transporte público “no se la sabían” , o prefirieron “cambiársela” al delincuente, dándole una paliza, que ha sido motivo de memes, videos y chistes, ya que, a muchos nos dio gusto que éste criminal miserable, que no se tienta el corazón para robar, lesionar o incluso matar, fuera castigado, y pareciera que es una respuesta lógica de la sociedad ante el hartazgo en el que nos encontramos, sin embargo, esta situación se ha repetido en diversas ocasiones, pues en esa misma fecha, un ladrón en Iztapalapa fue golpeado hasta la muerte por intentar ingresar a robar a una casa, e incluso, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en días pasados, vecinos de la calle Indio Nuyoo, de San Martín Mexicápam, golpearon a un asaltante que agredió a una menor y eso nos lleva a reflexionar: ¿realmente, como sociedad, queremos regresar a la Ley del Talión? Aquella que en su momento se implementó como un principio jurídico de justicia retributiva consistente en imponer un castigo como base a la reciprocidad del daño causado, pero cuya utilidad radicaba en la satisfacción de venganza del ofendido, y que por sí mismo, ha tenido su evolución natural conforme nos desarrollamos hacia la civilización , ya que originalmente se retoma de la biblia, precisamente del Éxodo 21:24 que citaba: “ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”, incorporándose posteriormente al Código de Hammurabi, que es piedra cúbica de punta del derecho penal, como antecedente obligado, que regulaba sanciones igualitarias, y en los casos en los que no se ocasionaba un daño físico, la compensación si era física, por ejemplo, cortarle la mano al ladrón.
Pero desde entonces a la fecha, hemos pasado por cambios de sistemas políticos integrales, corrientes filosóficas, revoluciones, formas de gobierno y al día de hoy, nos encontramos en una República en la que la soberanía radica en el pueblo, bajo el principio de la virtud humana, regida por un estado de derecho, con un sistema jurídico civilizado, siendo que, precisamente el sistema penal ha tenido su propia evolución, de tal suerte que se garantiza realmente que su función última, que es resarcir el tejido social, entre lo que se encuentra la readaptación social del delincuente, se lleve a cabo por encima de la venganza privada, o la satisfacción de ver sufrir al agresor, e inclusive, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran principios que deben regir todo procedimiento jurídico, entre los que caben destacar: de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, máxime que la auto tutela se encuentra expresamente prohibida por el artículo 17 Constitucional Federal, el cual establece lo siguiente:
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”
Pero como lo mencioné al iniciar la presente columna de opinión, el hartazgo social ha generado una tendencia mayor para hacernos justicia por nuestra propia mano, lo cual implica la comisión de delitos, como pueden ser, desde lesiones, hasta homicidios, y no existiría peor error, que hacer que las personas de bien, se conviertan en delincuentes por las circunstancias, ya que, una turba enardecida puede cometer muchas injusticias, ante lo cual, las instituciones de procuración e impartición de justicia se encuentran en un proceso constante de modernización, haciendo uso de las tecnologías de la información para acercar la justicia a la ciudadanía en general, y si es necesario cambiar la ley, hay que cambiarla conforme a las necesidades sociales reales, pues de nada nos sirve mantener idealizado un sistema de justicia que genera efectos como “la puerta giratoria”, ante lo cual, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, en compañía de los gobernadores de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz presentó una propuesta integral de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales con 5 ejes básicos: 1.- El fortalecimiento del sistema procesal penal, 2.- El respeto y defensa de los derechos humanos, 3.- El enfrentamiento contundente de la impunidad, 4.- El fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5.- La protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia en México, pues, como nuestro propio mandatario lo refiere, en México necesitamos que los derechos humanos cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas y del bien común.
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