La posibilidad de reducir la desigualdad no se encuentra en hacer que todos los mexicanos ganen lo mismo, sino en impedir que la brecha económica entre el más pobre y el más rico se haga más profunda. Hoy el 10 por ciento más rico de la población gana 23 veces más, que el 10 por ciento más pobre. Lo anterior, aunque represente una mejora, aún refleja un nivel inaceptable de desigualdad.
Ante ello, se plantea al Estado en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza, a fin de mitigar la desigualdad, pues a pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad.
Nunca como ahora se necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos y que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres. En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han hecho con fortunas más generosas.
Actualmente se habla sobre cuatro problemas básicos que impiden que este sector de la población adquiera más beneficios de sus ingresos: la precariedad del salario mínimo, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia. La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80 por ciento de los estudiantes no tiene acceso a Internet.
Por ello se ha recomendado al Gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos.
Reforma Judicial
El Pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial luego de varias horas de debate y un cambio de sede, ante la irrupción de manifestantes, con 86 votos a favor y 41 en contra en votación económica. Ahora será turnada a los Congresos estatales, entre ellos, que Oaxaca que de inmediato la aprobó la madrugada del miércoles.
Se trata del cambio más importante al sistema judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte se redujo de 23 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura y que se ha abierto finalmente camino entre enormes presiones y advertencias a lo largo de meses. Los puntos principales de la propuesta establecen que los jueces federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por voto popular.
Avala la reducción de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte y que el periodo de su encargo se reduzca de 15 a 12 años. Otro de los puntos establecidos implica la celebración de dos elecciones para renovar los cargos dentro de ese Poder del Estado. La primera de ellas sería extraordinaria y se realizaría en junio próximo, mientras que la segunda elección se llevaría a cabo en 2027.
Integrantes de la oposición señalan que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una maniobra para tomar el control del Poder Judicial, la única instancia que podría impedir que Morena y sus aliados puedan reformar la Constitución tras su aplastante triunfo en las elecciones de 2024.
Propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación. Así, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación. Las personas ministras de la Suprema Corte, actualmente nombradas con participación del ejecutivo y del Senado, también serían elegidas por voto popular, así como las personas magistradas electorales. Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México. Tal sistema de elección popular de autoridades judiciales de todos los niveles no tiene paralelo en la región.
