El Historiador del Derecho vino a ponernos en alerta sobre la importancia de que autoridades y pueblo conozcamos que existe un marco de protección de nivel constitucional para los recursos naturales, los conocimientos y las creaciones de nuestros pueblos indígenas
Aunque parezca increíble, hubo un tiempo en que al Derecho no se le reconocía su calidad de ciencia.
“Ciencia” era un término reservado para las matemáticas, la física, la química y la biología bajo el argumento de que no podía ser una ciencia algo cuyo objeto de estudio fuera tan cambiante como las normas.
Hoy nadie discute que el Derecho es una ciencia y que produce conocimiento nuevo y nuevos horizontes de desarrollo e innovación para los sistemas jurídicos como el mexicano.
Uno de los hacedores de la ciencia del derecho estuvo esta semana en Oaxaca: el Historiador del Derecho, Ferdinando Treggiari.
Vino desde la Universidad de Perugia (una de las universidades más antiguas del mundo, fundada en 1308) a impartirnos la clase “Historia de la Codificación Moderna” en nuestro programa de Maestría de la Escuela Judicial de Oaxaca.
Y aprovechando su estadía, generosamente brindó una conferencia en el auditorio de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca acerca de uno de los temas que ha investigado con pasión y rigor: “Recursos naturales, bienes comunes y pueblos indígenas” que versó prácticamente sobre la necesidad de conocer y aplicar el Protocolo de Nagoya de 2010.
Dicho protocolo es un tratado internacional firmado por más de 100 países (entre ellos México) que consagra la relevancia del derecho consuetudinario indígena o usos y costumbres, sus formas de tenencia de la tierra, el uso comunitario de los recursos.
Pero también impone algunas reglas que tienen que ver con el acceso y participación de forma “justa y equitativa” de los pueblos indígenas en los beneficios que derivan de la explotación de los recursos genéticos y naturales y de los conocimientos tradicionales, que buscan poner freno a la apropiación indebida de esos recursos y conocimientos por parte de empresas privadas que, históricamente está demostrado, pertenecen a Estados Unidos, Europa y Japón.
Y puso en el centro de la discusión a la “biopiratería”, entendida como el uso de leyes de propiedad intelectual para monopolizar el control de recursos que se basan en el conocimiento y la innovación de agricultores y pueblos indígenas.
Puso el ejemplo del hongo Rapamune, especie endémica de la Isla de Pascua perteneciente a Chile, que no ha firmado el Protocolo de Nagoya.
De dicho hongo se extrae una droga llamada rapamicina, considerada el más poderoso inmunosupresor que previene y evita el rechazo de órganos de pacientes trasplantados.
La rapamicina fue patentada por una farmacéutica estadounidense en 1999 y se llegó al extremo de que in paciente trasplantado de aquella Isla de Pascua no pudo tener acceso a ella porque no pudo pagarla.
En México los ejemplos actuales y los riesgos potenciales abundan. Y no se diga en Oaxaca, uno de los estados con la mayor biodiversidad de México y el mundo, y con una innegable presencia de pueblos y comunidades que siguen resistiendo las inercias del mundo globalizado.
Treggiari vino a ponernos en alerta sobre la importancia de que autoridades y pueblo conozcamos que existe un marco de protección de nivel constitucional para los recursos naturales, los conocimientos y las creaciones de nuestros pueblos indígenas.
Siempre que se piensa en propiedad, se piensa en pública y privada, y se saca de dimensión la propiedad común. Hoy además de “bienes comunes”, se debe hablar de “saber común”, “trabajo bien común”, “arte bien común”, “ciudad bien común” y en general todos aquellos bienes materiales o inmateriales cuyo goce es difuso o colectivo.
En estados como Oaxaca, el litigio estratégico tiene una nueva y extensa vena para el activismo y la defensa de derechos de nuestros pueblos y comunidades.
La brega por el rescate de nuestro Río Atoyac debe ser sólo el inicio de todo un movimiento tendiente a proteger lo que es de todos.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
