Polémica ley

Como me decía mi querido maestro Benito García Hernández (Pulverizando noticias y otras cosas), “no rebuznan porque no se saben la tonada”. Eso pasa con los diputados del (peor) congreso local. Al hacer una ley, por primera vez con mayoría ostensible -32 votos a favor-, les sale mal la jugada. Aprueban prohibir en Oaxaca la venta de gaseosas y comida chatarra a los niños, pero ¿quién cree que seguirán comprando estos productos tan nocivos para la salud de los infantes? Sus padres, obviamente. La ocurrencia de tal ley no pudo ser más cómica. 

A eso se debe que la citada prohibición despierte tanta polémica y deje, otra vez, mal parados a los diputados de la 64 legislatura local, principalmente a su “gran pastor” Horacio Sosa Villavicencio que anda más ocupado en sus negocios particulares que en hacer leyes aceptables que resten el descrédito en que está sumida esta cámara.

Con todo y el desgastado discurso anticapitalista de la diputada morenista Magaly López quien, a manera de advertencia, decía: “con su voto, cada uno demostrará de qué lado está, de los intereses de los grandes capitalistas o de los que quieren la protección de los niños”, solo 31 votaron a favor. Como era de esperarse, la bancada del PRI aportó cinco votos en contra y la diputada Yarith Tannos, cómodamente se abstuvo. Lo que sorprendió fue que cinco morenistas no votaran por una ley “tan trascendente”, según decían. 

Lo raro es que ninguno de estos “levantadedos” tuvo, siquiera, la ocurrencia de hablar por el “pueblo bueno” esos que viven de sus changarritos y que van a hacer los más perjudicados con la restricción de la venta de refrescos y fritangas embolsadas para los menores de edad en las tienditas. Supuestamente, con esta genial idea, van a acabar con las diabetes y la obesidad males que, por cierto, afectan tanto a nuestros flamantes diputados, sobre todo al robusto presidente de la Jucopo. 

EFECTO POLÍTICO

Es una ley muy discutida que, sin duda, tendrá efectos y resonancias políticas. 

Por lo pronto, las cámaras que aglutinan a los dueños de changarritos manifiestan inconformidad porque dicen que dicha ley no fue consensada. La rechazan porque, afirman, repercutirá negativamente en la economía de la cadena agroalimentaria, como los productores de maíz, papas, aceite comestible, incluyendo a los pequeños tenderos lo que empeorará la crisis de desempleo. De tan neófitos, los diputados ni siquiera en esto repararon. Hacer una ley contra el empleo en plena Pandemia sólo se les ocurre a los diputados chapulineros. 

Pero no es todo, de acuerdo a la ley y conforme crezcan las protestas tal como ocurrió con la prohibición del uso de envases de plástico que quedó en llamarada de petate, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, podría vetar esta legislación. 

El Ejecutivo tiene la última palabra respecto a dicha ley. El artículo 79 de la Constitución local dice que son facultades del gobernador vetar, total o parcialmente, los proyectos de ley o decretos que le envía el Congreso del Estado, salvo aquellos establecidos en el artículo 53 de la misma ley suprema. En su caso tendrá 10 días para vetarla. Si no hay reacción, tal legislación pasará a ser ley.

Es aquí donde se ponen en juego los intereses políticos. Los observadores ven difícil que Murat recurra al veto. No olvidar que es una iniciativa de López Gatell, protegido de AMLO. 

Pero es posible que empiecen a medir fuerzas. Los diputados ya se sacaron de la manga un as. Dicen que podrían pedir a Murat reintegre los descuentos que ordenó contra empleados de confianza de su administración porque son “ilegales”. 

La diputada de la bancada morenista, Hilda Graciela Pérez Luis, recordó que el mandatario estatal anunció un plan de incentivos y apoyos para la estabilidad económica de Oaxaca para hacer frente a la crisis de la pandemia. En este programan -dice- contemplan una donación del 10 y 20 por ciento del sueldo de todos los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado.

Esto ha generado otra polémica que aprovechan los diputados como instrumento de negociación política. En este tema tampoco tienen certidumbre, pero los diputados morenistas dicen que de haberse concretado, deben reintegrar el monto que “pudo haber sido del 10 o 20 por ciento”.

Obvio, si todos se ponen de acuerdo, no habrá contratiempos. Así es la negociación política. 

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