Dinero sucio

La avidez del presidente municipal morenista Oswaldo García Jarquín, por el dinero sucio (que no ingresa al sistema contable del Ayuntamiento) lo ha llevado a caer en enredos muy peligrosos con las mafias que controlan el ambulantaje. Para empezar, el asunto ya se salió de control. Las calles más céntricas están intransitables. Oaxaca de Juárez ha perdido prácticamente su reconocimiento como Ciudad Patrimonio.
Preguntaron a una de las dirigentes, de apellido Luján, por cuanto podían instalar un puesto ambulante en el centro histórico. La oferta fue: Si quieren alrededor del palacio, cuatro mil pesos al mes, si es en otra calle aledaña, tres mil pesos. El negocio es multimillonario si consideramos que tan solo en el Centro Histórico hay más de cinco mil puestos que controlan las mafias cuyo contacto directo para los acuerdos del dinero son el director de gobierno municipal y la jefatura de inspectores.
Son los que tienen la ingrata tarea de retirar a los que los dueños de las organizaciones señalan por no pagar a tiempo. A veces, son los mismos dirigentes de ambulantes los que con sus guaruras retiran a los que no pagan puntualmente. Es cuando la situación se torna muy violenta porque muchos portan armas de fuego. En diciembre pasado cuando las primeras calles de las avenidas Independencia e Hidalgo y el Jardín Morelos, fueron completamente invadidas por juegos mecánicos y todo tipo de vendedores, sucedió algo muy alarmante. Circuló en las redes el peligroso acercamiento del brazo de un juego mecánico a los camiones urbanos que pasaban por allí. Ni así tomó medidas Oswaldo García.

FUERA DE CONTROL
Uno de los mafiosos instaló un puesto de comida caliente, con tanques de gas cerca de Crespo. Por el riesgo que implicaba, la autoridad municipal tuvo que ordenar su retiro. La respuesta no se hizo esperar: el jefe de inspectores fue amenazado de muerte y tuvo que permitir la reinstalación. Es el costo de las complicidades.
Este incidente confirma el peligro de los caminos torcidos que está tomando el edil García al ordenar que sus colaboradores hagan transacciones con las mafias del ambulantaje.

INVASIÓN DEL PALACIO
Como todo en política, nada es fortuito. Un agudo observador me dice que la marabunta que destruye los alrededores del palacio de gobierno y el edificio mismo, no se mueve sola. La estimulan políticos perversos con un fin: deteriorar la imagen del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Los que maquinan la acometida son siniestros operadores de Gabino Cue. Por un lado, están Arturo Peimbert y el “padre guerrillero” Wilfrido Mayrén “Uvi” sostenedores del inacabable conflicto de los “desplazados” triquis de San Juan Copala que desde el 2010 se fueron apoderando de los portales del Palacio de Gobierno. Son inamovibles porque están amparados por la recomendación 197-10 de la CIDH que les gestiono Peimbert y sus asesores.
Por el otro está el presidente municipal Oswaldo García Jarquín quien ejecuta el plan B de otro grupo de Gabinistas encabezados por Diódoro Carrasco para atascar el maremágnum en el zócalo. La invasión de nuestro hermoso Centro Histórico es, pues, el juego perverso de la política por dominar al adversario.

USAN A LOS TRIQUIS
El problema de los triquis desplazados es un embrollo político muy bien administrado por Arturo Peimbert dado que le ha redituado mucho políticamente. Estuvo a punto de ascender a la CNDH con la propaganda que le hicieron en las redes los triquis al alabarlo como su redentor. Le ganó Rosario Piedra Ibarra hija de la tenaz luchadora social del mismo nombre ¿saben por qué? Doña Rosario luchó muchos años por la reivindicación de la raza triqui, inclusive -me dicen- ella fue la organizadora y autora de las siglas MULT.
Muchos millones de pesos desde el gobierno del saqueador Gabino Cue, terrenos, despensas, amenazas, apapachos, todas las armas utilizó Peimbert para mantener vivo el conflicto. La cuestión es maniobrar para que sigan posesionados del palacio de gobierno.
Además de las prebendas que reciben los desplazados hoy divididos en siete grupos, el golpe más perverso para avivar el conflicto, fue darles cinco millones de pesos en junio del 2013. El dinero lo entregó Peimbert a Lorena Merino para repartir 125 mil pesos a cada uno de los desplazados que controlaban Braulio Hernández y Basilio Ramírez, pero la ambición los dividió. Lejos de unificarlos para dejar el plantón en el palacio, el dinero los dispersó y surgieron otros grupos encabezados por Reyna Martínez, Braulio Hernández, Jesús Martínez, Epifania Martínez, Sergio Zepeda, María Juana Santiago, Lorena Martínez Flores. La discordia por tanto dinero terminó hasta en denuncias penales por tráfico de menores como sucedió con Basilio a quien señalaron falsamente por “comprar” a una niña triqui.
Lo lamentable es que la línea de Arturo Peimbert como Defensor de Derechos Humanos, de corromper a los desplazados, lejos de resolver el conflicto lo enraizó de tal manera que hoy se han apropiado prácticamente de los portales del palacio y se han ampliado a los andadores.

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