Peces gordos

En Julio pasado, en una visita a Oaxaca, por primera vez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego Castillo, habló sobre el tenebroso caso de la corrupción oficial en Oaxaca, en la que se han visto involucrados altos funcionarios y legisladores. Es una declaración que nos lleva a pensar que, al menos en el estado, la corrupción podría ser acotada por el gobierno federal.
Dijo que están siendo investigados por la UIF varios funcionarios y legisladores. Aunque no dio nombres, en la conferencia se mencionaron entre otros casos el del ex diputado federal Francisco Martínez Neri por haber otorgado bolsas millonarias para obras públicas a Daniel Gutiérrez entonces presidente municipal de Miahuatlán y hoy diputado federal del Morena y el de Tomás Ramírez Barrita dueño de constructoras. La nota de la cual deriva este comentario está en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/08-07-2019/aumenta-en-oaxaca-uso-de-empresas-fachada-para-desviar-recursos.
Es una noticia muy relevante que contrasta bastante con la lenidad en la política anticorrupción que se observa en el gobierno de Oaxaca.
La Fiscalía Anticorrupción creada en la administración de Alejandro Murat, ha sido poco efectiva ¿la causa? No tiene recursos suficientes para ir tras los grandes defraudadores de las arcas municipales, funcionarios de diversas dependencias y empresas acusadas de fraude al no cumplir eficazmente con los trabajos que les concesionan.
En anteriores entregas he comentado sobre la complicidad que manifiestan los funcionarios responsables de las diversas instituciones creadas para vigilar la aplicación adecuada de los recursos públicos en la construcción de las labores que les concesionan. Han fallado.
En contraparte con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción que apenas camina sin personal ni presupuesto suficiente, la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y el Congreso del estado, actúan con evidente connivencia.
Han pasado muchos trienios y sexenios y no se sabe de algún alcalde o funcionario que haya sido, siquiera, llamado para resarcir los daños. Ni pensar en una acción penal. Dejan pasar el tiempo para que saqueadores del erario público, presidentes municipales o funcionarios, limpien sus expedientes y cuadren sus cuentas para aparecer en un nuevo cargo público o, simplemente, haya huido con las alforjas llenas. A gozar de la impunidad consentida por un régimen estatal, irónicamente con muchas instituciones para combatir la corrupción.
De risa ayer, por ejemplo, una declaración del presidente de la Comisión de Gobernación del (peor) Congreso local, diputado Jorge Villacaña quien anuncia que revocarán el mandato de una decena de presidentes municipales ladrones.

LA BUENA NUEVA
Vale releer la nota de Santiago Nieto:
En conferencia de prensa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, señaló que va en aumento el uso de empresas constructoras para el desvío de recursos como parte de una gran Red de corrupción en Oaxaca.
El funcionario explicó que el principal esquema en estas irregularidades implica a funcionarios que contratan empresas constructoras con el objetivo de que el dinero público sea utilizado para financiar campañas políticas y ceder concesiones de obras sin licitación alguna.
Un claro ejemplo fue el caso de la constructora brasileña Odebrecht, Acusada de realizar sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de al menos 10 países de Latinoamérica en donde dieron a conocer la documentación de dos cuentas bancarias a nombre de titulares mexicanos.
Santiago Nieto agregó que las indicaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador son investigar e iniciar expedientes contra cualquier funcionario involucrado en actos ilícitos.
En la conferencia con Santiago Nieto salieron a relucir nombres y empresas. Es el caso del exdiputado federal Francisco Martínez Neri, el de Daniel Gutiérrez expresidente municipal de Miahuatlán y hoy diputado federal del Morena. El de Tomás Ramírez Barrita dueño de constructoras que, según mencionaron, financiaron las campañas electorales de Saymi Pineda Velasco, presidenta de San Pedro Pochutla; Leonardo Díaz Jiménez presidente de Ejutla de Crespo; Valentín Hernández Díaz presidente de Santa María Colotepec; Pedro Vázquez presidente de San Agustín Loxicha, Emanuel López Jarquín. Presidente municipal de Santa Cruz Jocotitlán; Dante Montaño Montero. Presidente de Santa Lucía del camino y Cástulo Bretón Mendoza, presidente de Zaachila.
Lo que sí confirmó el titular de la UIF es que, por estos casos de sospecha, ha pedido la intervención de la Fiscalía General de la República.

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