El que se lleva…

Muy repetido ese aforismo que dice que “el que se lleva se aguanta”. Es lo que pasa en este momento con el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Lanzó una denuncia penal sin peso judicial real contra los que no lo quieren como líder en el PRI pero, le reviraron con otra acusación, más consistente, ante la Corte Internacional de La Haya. Le revivieron los espectros de la APPO y lo aquietaron.

En su obcecación por llegar a la dirigencia nacional de su partido, el PRI, se colisionó ante lo que decía otro clásico: “para tener el pico largo hay que tener la cola corta”.

Resulta que al tomar el sinuoso camino de la confrontación (nada recomendable en este momento para un PRI que está en la lona), lanzó la primera piedra.

Ulises presentó el pasado 15 de abril ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra del mandatario de Hidalgo, Omar Fayad y la exdiputada federal Carolina Viggiano, quien aspira a ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

¿En qué consiste el chivatazo? El motejado por sus acérrimos adversarios de la APPO, “carnicero de Chalcatongo”, acusó a Fayad de algo que es vida y sustento del PRI: utilizar recursos públicos del Estado. Esta práctica, por ejemplo, fue persistente durante el sexenio de Ulises. Lo curioso es que ahora lo quiere ver como una costumbre prohibida.

Para el que hacía lo mismo cuando fue gobernador, ahora ve pecaminoso que el gobernador de Hidalgo busque posicionar la imagen de Viggiano, esposa de Rubén Moreira, pues la hizo partícipe en eventos de la administración estatal en varios municipios de la entidad e incluso le dio un trato de anfitriona en la presentación de diversas obras. Lo hizo, según URO, con miras a la elección del próximo 8 de septiembre en que se renovará la directiva del PRI nacional utilizando para ello recursos públicos del estado.

Los antagónicos a Ulises, reaccionaron con otra denuncia. A través del ex ombudsman (ayer feneció su cargo) Arturo Peimbert, planearon la última travesura del gran impulsor de los APPOS. Se fue a Holanda y antes de entregar la estafeta a Rodríguez Alamilla, anunció en conferencia de Prensa que su viaje tuvo efectos. La demanda contra Ulises Ruiz y Vicente Fox por la “represión” policiaca en el 2006, fue “admitida” en la Corte Penal Internacional de La Haya.

Ulises, el perdedor

Estas demandas expresan la fiera lucha entre los grupos que, finalmente se redujeron a dos y que quieren reconstruir el PRI. Es decir, Ulises perdió y ahora solo competirán el clan que lleva a la cabeza al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y el que postula al exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, doctor José Narro.

De acuerdo a la versión de los bien enterados, a Alejandro Moreno “Alito”, lo respaldan los gobernadores del PRI, entre ellos su tocayo Murat. Y tiene el visto bueno del presidente López Obrador. Con ironía le dicen “Amlito” porque, cuentan, tiene la simpatía del presidente López Obrador.

El otro candidato es José Narro y paren de contar porque los nombres de Ivone Ortega y Ulises Ruiz, se quedaron en la intentona.

Lo criticable de Narro es que a través de su persona quieren afianzarse como absolutos dueños del PRI los del grupo “Atracomulco” al que se le responsabiliza de la gran corrupción que prohijaron en el poder con Peña Nieto. Los que están detrás de este candidato son Manlio Fabio Beltrones, el senador Miguel Osorio Chong, el expresidente Carlos Salinas y casi todos los exdirigentes del partido.

Dicen que al inicio de la presente semana, ambos grupos se reunieron en una auténtica cena de negros pero lograron definir el método de la elección del nuevo dirigente nacional. El grupo de “Amlito” se impuso al grupo de Narro.

Los promotores del campechano proponían que la elección priista fuera en votación abierta de los más de seis millones de militantes que tiene el padrón de ese partido. Los del exrector buscaban que solamente los aproximadamente 7 mil delegados fueran los electores.
Al final, se impusieron los de Alejandro Morenol. Se decidió que fuera una elección abierta a la militancia con el padrón existente, organizada por el PRI, no por el INE.

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