Huelga inexistente

Al persistir el sindicato de empleados (STEUABJO) en su segunda semana de huelga, este conflicto laboral contra la Universidad Autónoma Benito Juárez, ha entrado en una especie de parteaguas. Podría ser el inicio del fin del sindicalismo depredador, convenenciero y corrupto en esta institución.

Con la puntualidad que caracteriza a esta columna, en mi entrega del pasado día cinco, informe que un día antes, la Universidad pidió ante el árbitro laboral la inexistencia de la huelga “por causas estrictamente económicas”. Es decir, al no haber dinero no hay nada que negociar.

Hay dos argumentos precisos para calcular que la huelga no procederá legalmente.

Primero, el rector Eduardo Bautista está firme en su decisión de que la Universidad solo negociará el pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores y Empleados de nuestra institución (STEUABJO), “con base en la disponibilidad presupuestal y las partidas autorizadas”.

Segundo, sus abogados están sabidos que “al no tener presupuesto, la Universidad no podrá ofrecer dinero que no tiene”. Dicen también que las nuevas políticas del gobierno federal -SEP y SHCP- que es el que aporta 90 por ciento del presupuesto, ordenan apego absoluto a la rendición de cuentas y eficiencia académica.

Los abogados de la UABJO reiteraron ayer ante la autoridad laboral que “la huelga es legalmente inexistente”. Y argumentan:
“No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450; y en el caso que nos ocupa de acuerdo al referido artículo 450 de la Ley Federal de Trabajo, la huelga no tiene por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”.

Líderes depredadores
En el transcurso de la huelga que hoy entró a su segunda semana con las sobadas estrategias de las marchas, plantones y amagos de violencia de porros y activistas ajenos al sindicato, los dirigentes formales del STEUABJO sufren también confrontaciones de su gremio. Los acusan de corruptos y maniobreros.

Censuran, por ejemplo, que en su premura de estallar la huelga no cuidaron el procedimiento jurídico. Les hacen notar que solo entregaron el pliego de peticiones sin documentación que acreditara que la decisión de emplazar a huelga fuera aprobada por la mayoría de los trabajadores, tal como lo establece la ley.

Los dirigentes, apegados a las negociaciones en lo oscurito y la presión política antes que el argumento legal, saben que estallada la huelga, el rector y el gobierno eran obligados a negociar. Hoy la cosa es diferente. Al menos es lo que dicen las autoridades.

Cuestionados
Me llama la atención que hoy, al calor de la huelga, sean los propios sindicalistas los que cuestionen a sus dirigentes. Censuran que los obliguen a marchar cuando son ellos los únicos que siempre se benefician. Citan casos de tráfico de plazas de trabajo en el citado sindicato.

“¡No puede ser! Qué forma de usar al sindicato -dicen en las redes sociales-, benefician a seudo afiliados nombrándolos operadores de equipo de cómputo, burlando a la base ¿Hasta cuándo engañar a la base? Se debe exigir la lista de los nuevos beneficiarios de las plazas y claridad en la concesión de nuevos empleos”.

Se preguntan ¿Cómo vamos a exigir rectitud a las autoridades si no comenzamos nosotros a transparentar las acciones de nuestros líderes? ¿Vale la pena marchar a ciegas? ¿Será que marchamos para beneficio de la cúpula del STEUABJO?
Relatan también las controversias al interior de su sindicato. Recuerdan las “cochinadas” en la comisión de escalafón que integran Irma Leticia Guzmán García y Fernando David López Cruz. En todas las plazas nuevas burlan el derecho de antigüedad para ser los primeros en escoger y tener ascenso. Mencionan que es tal el descaro que Irma y Fernando David fueron cuestionados y, a medias, aceptaron respetar al escalafón. De cinco vacantes entregaron solo tres a las bases.

Las dos restantes las vendieron a Iván Antonio Rivera Canseco y a José Manuel Flores González. A los dos trabajadores desplazados les ofrecieron empleos itinerantes. Dicen que, en los 45 años de existencia, su sindicato no había llegado a tal grado de corrupción.

Piden sanciones contra Irma Leticia y Fernando David por falta de probidad en el manejo de fondos sindicales, en la gestión representativa, por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, etc.

Descubren que los dos que se adjudicaron plazas que eran para los trabajadores con antigüedad, las obtuvieron por órdenes “de arriba”. Iván Antonio Rivera, uno de los beneficiados, es hijo del ex secretario general del sindicato José Antonio Rivera Ramos. José Manuel Flores, es hijo de Arcelinda González “influyente dama integrante de la nefasta y corrupta” corriente azul del mismo STEUABJO.

Mencionan que este tipo de arreglos entre las autoridades y los dirigentes sindicales, es lo que prevalecía para concluir las huelgas en la Universidad.

Incluso, para la venta de plazas incurren en delitos. Citan que el certificado de bachillerato que presentó Rosa Patricia Morales Cortés para ascender de afanadora a bibliotecaria, es falso. Fue elaborado en la preparatoria número cinco.

Mencionan también el desvío de las cuotas sindicales. Lo raro de todo es que los líderes se llenan la boca denunciando corrupción cuando ellos son los primeros.

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