Dos semanas escasas distan para que los electores acudan a las urnas para votar en ese experimento que significa la selección de todos aquellos que darán una nueva cara al Poder Judicial.
Se trata de votar por vez primera en la historia de México a jueces, magistrados y ministros, con nuevas reglas que conlleva el desconocimiento de los personajes que habrán de ser ese nuevo rostro.
No es que se elija a los jueces sin rostro de otros países. Aquí es diferente, todos tienen rostro y tuvieron un par de meses para darse a conocer, aunque no lo consiguieron pues se les cercó con reglas difíciles de superar.
Se les prohibió contratar publicidad y convocar reuniones masivas, restringiéndolos a reuniones pequeñas a invitaciones con universidades, barras de abogados y pequeños núcleos.
Eso sí, la restricción no fue para todos, ya que las ministras vigentes que participan con las mismas reglas sí han podido hacer otro tipo de reuniones.
La inversión de cada uno de los candidatos a ministros de la Corte es reducida y tienen que recorrer todo el país si es que quieren ser conocidos y con base en ello obtener la votación necesaria.
Eso ocurre en todos los niveles, con presupuestos más cortos para los que aspiran a ser jueces o magistrados electorales o del Tribunal de Disciplina Judicial.
Las quejas abundan sobre la liga estirada de las consentidas del régimen y todo lo demás.
Algunos ven la existencia de mano negra, con la participación de sindicatos y organismos de todo tipo, además de la posible injerencia de grupos con oscuros intereses que tratan de manipular en favor de algunos de los candidatos.
La movilización será la base de los resultados en la votación y son varios que cuentan con este respaldo, aunque los partidos políticos tienen prohibición de incluirse en el proceso electoral.
El resultado es que una gran parte de los aspirantes son abogados sin carrera judicial y algunos de ellos podrán ser los próximos ministros de la Suprema Corte o magistrados de los distintos tribunales del país.
Los ciudadanos que deberán acudir a las urnas el primero de junio se muestran reacios a hacerlo, argumentando que no conocen a los candidatos, aunque simplificaron un poco el que en las boletas se vote por un número que viene adicionado a los nombres.
Se espera que la concurrencia a las urnas sea mínima, los optimistas establecen un porcentaje del 20 por ciento y los pesimistas del cinco por ciento. Si los porcentajes quedan en ese rango, quedará evidenciado que la apuesta por llevar a las urnas la elección de jueces, magistrados y ministros, no resultó lo atractiva que decían y que los nuevos miembros del Poder Judicial serán legales, pero faltará legitimarlos.
La moneda ya está en el aire, el proceso electoral es real y lo mejor que podría ocurrir es que los ciudadanos acudan a las urnas a sufragar por los que próximamente serán los juzgadores del país.
Las autoridades electorales deberán aprender mucho de este ejercicio, para que en el futuro sean perfeccionados y resulten atractivos para la ciudadanía y dictar reglas que pongan el piso más parejo.
Como en todo proceso electoral, hay encuestas de todo tipo, algunas de ellas manipuladas, otras más serias que comienzan a deslizar los nombres de mujeres y hombres que habrán de conformar el nuevo Poder Judicial que ya veremos si es tan transparente como se pretende.
