Poco se habla en democracia de la importancia de los poderes judiciales locales.
Los reflectores de la nota política están siempre sobre los aciertos y desaciertos del legislativo y de los servidores públicos al mando del gobernador del estado.
Pareciera que la elección popular confiere a los cargos mayor relevancia y la inercia del juego de la política inicia en las campañas electorales y continúa en un bucle infinito en el ejercicio de los cargos de elección popular.
Lo cierto es que, no sólo constitucionalmente, sino en el mundo sensible la función del poder judicial es pre requisito para que los otros dos puedan gobernar, administrar y legislar.
Y es que a la luz de la teoría de la división de poderes y de los pesos y contrapesos, perdemos de vista los resultados materiales de las funciones de cada uno de los poderes.
Lo poderes no sólo se limitan y contrapesan mutuamente.
Los poderes producen en sus respectivas esferas efectos que, en suma, construyen la realidad.
Lo que sucede es que el del poder judicial es un trabajo de esos que se notan y dan de qué hablar sólo cuando se hacen mal.
Cuando aparece el error humano, o cuando la ética del juzgador se tuerce.
O cuando la percepción pública no coincide con sentencias bien dictadas, y con ello quiero decir, bien argumentadas.
Los jueces hablan preponderantemente a través de sus sentencias. Y cada sentencia -en la inmensa mayoría de los casos resuelve un problema.
Con todas sus deficiencias —en una pequeña parte atribuible a los jueces— los poderes judiciales son garantes de la gobernabilidad y de la paz social.
No solo aplican las leyes creadas por el legislador, también las interpretan y, a partir de 2011, inaplican las que pudieran ser contrarias a los derechos humanos.
Por eso es importante la comunicación entre los poderes que, como se lo expresé al gobernador Salomón Jara en la víspera del Tercer Informe de Labores de nuestro Magistrado presidente, hace que la división de poderes deje de interpretarse como “sana distancia” y pase a ser “sana cercanía”.
La visita del Gobernador al Tribunal Superior de Justicia como uno de sus primeros actos de gobierno manda un poderoso mensaje.
Porque no fue sólo su presencia física, fue su disposición, su actitud no sólo respetuosa sino cordial, y su mensaje ampliamente difundido en los medios de comunicación.
Como integrante del pleno debo decir que he sido observador detenido y testigo de todo lo que hay detrás de cada sentencia de primera y segunda instancia.
En el Poder Judicial, la formación técnica es ineludible. El derecho es una ciencia y los juzgadores son técnicos en derecho.
Pero debemos estar conscientes también de que —como decía Couture— cuando encontremos en conflicto al derecho con la justicia, nuestro deber es luchar por la justicia.
Más allá de los números que se pueden consultar en el documento del informe de nuestro presidente, hoy tenemos un poder judicial que preocupado y ocupado por el rostro humano de la justicia, que privilegia la formación académica no solo de jueces y magistrados, sino del foro jurídico y del estudiantado.
Hoy el Poder Judicial dialoga, más allá de sus sentencias, con la sociedad, con las universidades, con la opinión pública, con las barras y colegios de abogados, con los poderes judiciales de otros estados y de la Federación y con los académicos de México y el mundo que están viniendo a Oaxaca.
Y desde luego, dialoga también con los otros poderes.
Hoy el poder judicial sin quitarle la venda a la diosa justicia, ha derribado sus murallas y ha tendido puentes para hacerse más empático y más activo en la vida pública de Oaxaca.
No hay retorno, no hay marcha atrás.
El Derecho se transforma constantemente. Los tiempos cambian y el Poder Judicial tiene que seguirles el paso.
MOISÉS MOLINA: Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
