Como se sabe, el Instituto Nacional Electoral había prohibido debates entre candidatos (presidenciales y de los otros) durante la llamada “intercampaña”, pero una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo tan absurda y antidemocrática disposición.
En el caso de los candidatos a la presidencia de la República, están ya definidos tres debates en las ciudades de México, Tijuana y Mérida los días 22 de abril, 20 de mayo y 12 de junio respectivamente. Los candidatos dan por aceptada su participación en esos lances que se deben caracterizar por las habilidades verbales, las capacidades para resistir embates de los adversarios y mostrar que tienen conocimiento de asuntos nacionales y mundiales.
Los candidatos del PRI-VERDE y del PAN-PRD-MC, habían insistido en la celebración de debates. José Antonio Meade parecía el más envalentonado y dispuesto. Ricardo Anaya, confiado en su capacidad oratoria y conocimientos, es el más puesto para el enfrentamiento verbal. López Obrador, en cambio, ha rechazado participar en debates de intercampaña, principalmente por su pobreza expresiva, la lentitud de respuesta y la falta de profundidad en las ocurrencias que él y sus seguidores consideran un gran “proyecto de nación”.
Patético es el caso de Meade, que ha declarado que, si el llamado Peje no accede a debatir, él tampoco lo hará contra ningún otro, evidenciado con ello que teme un enfrentamiento con Anaya del cual saldría seguramente derrotado. Pero el caso de Meade va más allá del puro “match” verbal: si rechaza al de Morena, en automático descalifica al del Frente no sólo por lo dicho, sino porque el PRI y el gobierno federal han orquestado un litigio extralegal contra el “Joven Maravilla”, al considerarlo delincuente sin que las autoridades ministeriales o jurisdiccionales se hayan pronunciado oficialmente sobre la presunta culpabilidad del queretano en supuesto lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República, entretanto, ha exonerado de culpas al ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, en una torpe decisión tomada en plena efervescencia electoral, demostrando con ello que las instituciones del oficialismo están abiertamente jugando en la política, al favorecer a los correligionarios priistas y persiguiendo al que parecía el más sólido aspirante a la presidencia.
La campaña mediática del PRI está enfocada a dejar fuera a Anaya y mantener a sólo dos contendientes: Meade y López Obrador. Los tres debates oficiales serán el mejor “ring” o cuadrilátero para medir fuerzas. No hay duda: Meade tiene mejores recursos dialécticos que el de Macuspana.
Meade conoce mejor las tareas de gobierno (aunque no haya puntos sobresalientes en sus cinco ocupaciones de titular en secretarías de despacho) y tiene una visión universal o global del papel de México frente al mundo (ha sido Canciller) y a la vez de los entresijos de la burocracia y las intrigas palaciegas, como el manejo de los recursos del erario tanto en lo que concierne a finanzas públicas cuanto a la canalización de subsidios y subvenciones a través de los discutibles programas sociales: ha estado en Hacienda y en Desarrollo Social.
El líder de Morena sólo cuenta con un discurso deshilvanado y amenazador: es el domador del tigre que se soltará si pierde en las elecciones. La cauda de sus seguidores lo tiene como un ser tocado por la divinidad, sin reparar en las enormes limitaciones que el Peje tiene en el desarrollo de ideas y en el contenido discursivo lento y desarticulado.
En resumen, no habrá debates, a menos que la independiente Margarita Zavala se anime. Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter “El Jaguar”, han quedado fuera, por falsificar firmas.
El proceso democrático mexicano es accidentado por la prevalencia del juego sucio, como ha sido siempre la política mexicana. No gana el mejor para el bien del país, sino el que tiene malas mañas.
