El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha sacudido el panorama político y de seguridad en la capital.
Este crimen, perpetrado en plena vía pública, no solo representa una tragedia personal para sus familias y colegas, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios públicos ante la violencia que persiste en el país .Un ataque directo y planeado.
Los hechos ocurrieron el 20 de mayo, cuando Guzmán y Muñoz fueron atacados por sujetos armados mientras transitaban por Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. Según las investigaciones preliminares, el ataque fue directo y con alto grado de planeación, lo que sugiere una posible motivación política o criminal.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha identificado a cuatro personas presuntamente involucradas y mantiene abiertas diversas líneas de investigación.
Implicaciones políticas y de seguridad
Este asesinato no es un hecho aislado. La violencia contra funcionarios públicos ha sido una constante en los últimos años, y este caso en particular ha generado una fuerte movilización de las autoridades.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha condenado el ataque y ha prometido que no quedará impune. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué tan efectiva será la respuesta del gobierno ante este crimen?. La Fiscalía ha decidido investigar el caso bajo el protocolo de feminicidio, dado que Guzmán recibió ocho impactos de bala, yo no creo que sea un tema de violencia de género, más bien considero que obtuvo información muy delicada que compromete a alguien de muy alto rango y la silenciaron. Además, el hecho de que los agresores hayan monitoreado los movimientos de las víctimas antes de ejecutar el ataque demuestra un nivel de organización preocupante.
¿Qué sigue para la CDMX?. Este crimen pone en jaque la estrategia de seguridad en la capital. Si bien las autoridades han asegurado que se reforzarán las acciones para dar con los responsables, la ciudadanía sigue preguntándose si realmente se logrará justicia o si este caso quedará en la impunidad, como tantos otros.
La violencia política es un fenómeno que no puede ser ignorado, y este asesinato es un recordatorio de que la seguridad sigue siendo un desafío urgente.
La muerte de Guzmán y Muñoz no solo deja un vacío en el equipo de gobierno de Clara Brugada, sino que también envía un mensaje alarmante sobre los riesgos que enfrentan quienes trabajan en la administración pública. La sociedad exige respuestas, y el gobierno de la CDMX tiene la responsabilidad de garantizar que este crimen no quede en el olvido.
Este asesinato es un llamado de atención para todos: la violencia no distingue cargos ni afiliaciones políticas. La pregunta que queda en el aire es si este caso marcará un punto de inflexión en la lucha contra la inseguridad o si será solo otro expediente más en los archivos de la impunidad.
La violencia política en México sigue siendo un problema grave en 2025, con más de 50 asesinatos de funcionarios y políticos locales registrados en lo que va del año. Este fenómeno afecta especialmente a estados como Guanajuato, Morelos, Veracruz, Michoacán y Jalisco.
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, es solo uno de los casos recientes que han sacudido al país. La violencia política no solo se limita a homicidios, sino que también incluye amenazas, atentados con arma de fuego, secuestros y desapariciones.
A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por la creciente influencia del crimen organizado en México, señalando que algunas regiones están prácticamente gobernadas por los cárteles.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha ofrecido colaboración para enfrentar esta crisis y detener el flujo de armas hacia los grupos criminales. En el primer trimestre de 2025, se registraron 104 incidentes de violencia política, aunque con una reducción del 59% respecto al mismo periodo de 2024.
Sin embargo, conforme se acercan las elecciones locales y judiciales, se espera que los ataques aumenten. La sociedad mexicana exige justicia y seguridad, pero la pregunta sigue siendo si las autoridades lograrán frenar esta ola de violencia o si continuará afectando el panorama político del país.
