Desterrar opacidad

Uno de los agravios más fuertes para alcanzar la transparencia y la rendición de cuenta es la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados, es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.

Son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país y en especial de nuestro estado, por ello es necesario fortalecer los mecanismos que permitan fortalecer las instituciones para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.

La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública. Delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México cerca de 1.5 billones de pesos.

Tanto a nivel nacional como en nuestro estado el reto es consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Sobre todo, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.

Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.

Frenar vandalismo

Las expresiones de violencia y vandalismo registrados el pasado fin de semana en nuestra capital deben obligar a aplicar la ley sin dilación alguna, pues nadie se opone a que ejerzan su derecho a manifestarse pero siempre y cuando lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empresarios y comerciantes que crean empleos, de la sociedad que pretende llevar una vida cotidiana en orden, paz y seguridad.

La justicia cuenta con las herramientas necesarias para castigar a las personas que protagonizaron actos de vandalismo, pues si bien no son castigados con penas privativas de la libertad, sí constituyen un delito que las autoridades están en el deber y la obligación de evitar. De ahí la trascendencia de contar con un Estado de Derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no sólo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.

Ante el vandalismo desatado por un grupo de personas en contra de inmuebles privados, edificios históricos y establecimientos comerciales, la ciudadanía demanda aplicar la ley para evitar que persista la impunidad y la anarquía. Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de grupos que de abanderar demandas sociales se han convertido en verdaderos nichos de delincuentes, pues al margen de que salgan a las calles a expresar su sentir no pueden ni deben atentar contra terceros, mucho menos contra empresas y monumentos históricos.

Urge acabar con tanta agresividad que solo genera más irritación ciudadana por la impunidad con que se pasean, porque la debilidad de un Estado de Derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos. En un Estado de Derecho la autoridad o gobierno tiene el monopolio de ejercer la fuerza para restablecer la paz y aplicar la justicia.