La ley a secas

La historia contemporánea oaxaqueña está llena de acontecimientos trágicos. Las disputas agrarias; las venganzas; la lucha por el poder municipal, sigue dejando hasta hoy, una estela de violencia y muerte. En la Sierra Sur, sobre todo, las vendettas y las emboscadas parecen formar parte la identidad originaria de muchas comunidades. En 1986, un enfrentamiento entre Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, dejó como saldo 16 muertos. El 1 de diciembre de 1998, justo cuando se llevaba a cabo la toma de posesión del ex gobernador José Murat, de nueva cuenta la zona se tiñó de sangre, luego de que San Lorenzo Texmelucan y Amoltepec, siguieran con sus rencillas mortales. El saldo fue de 14 muertos. El 31 de mayo de 2002 en el paraje de Agua Fría, por una disputa histórica entre Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco por 4 mil 622 hectáreas, 26 personas fueron masacradas. La brutalidad no tuvo límites.

Del sexenio pasado, recordamos dos hechos: en marzo de 2017, un grupo de vecinos de Santiago Lachivía disparó a quemarropa con armas de alto poder en contra de pobladores de San Pedro Mártir Quiechapa. El saldo fue de 5 muertos y 8 heridos. En julio de 2018, 13 vecinos de Santa María Ecatepec, fueron acribillados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec. Todo ello en el distrito de San Carlos Yautepec. Y así podíamos seguir contando historias de venganzas y muertos. Nos haría falta tiempo. Lo anterior viene a tema por el asesinato de 5 sujetos en la población de Santiago Amoltepec el pasado 14 de febrero y que, como ya hemos mencionado, aquí la muerte tiene permiso. En redes sociales se exhibieron videos y fotos de los cadáveres tendidos en la explanada central. Pocos días antes, 3 indígenas triquis fueron emboscados y asesinados en un camino vecinal del distrito de Juxtlahuaca.

El gobierno estatal y los órganos que procuran e imparten justicia deben ir a fondo en sus investigaciones, pero, sobre todo, deslindar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley en contra de los autores materiales e intelectuales. Estos actos criminales se han exacerbado en los últimos tiempos, justamente porque cualquiera puede segar la vida de los demás sin recibir castigo. La presencia de armas de alto poder es un hecho inocultable. Deploramos de las famosas mesas de diálogo que sólo sirven para tomarse la foto, lo mismo que los ficticios acuerdos de paz. Así, en tanto no se vean las cosas como lo que son, homicidios dolosos que se siguen de oficio y con la ley en la mano, esta cadena de muerte y venganzas seguirá ad perpetuam.

Seguridad: ¿Qué está pasando aquí?

Oaxaca ha tenido días en verdad trágicos en lo que se refiere a homicidios dolosos, pero, sobre todo, ejecuciones. Éstas huelen a ajustes de cuentas o vendettas entre grupos criminales; la disputa por la plaza y la lucha por el territorio que se da a sangre y fuego. Es obvio que la inseguridad, como ya hemos dicho, no es un asunto privativo de la entidad, sino un fenómeno nacional. Es justamente por ello nuestra insistencia en este espacio editorial al gobierno estatal, a fin de que no nos estemos convirtiendo en una entidad en donde la muerte ronda por todas partes, como Zacatecas o Guanajuato; Tamaulipas o Michoacán. El lunes 20 de febrero, por ejemplo, en menos de una hora se dieron dos ejecuciones. Una en el Centro Histórico de la ciudad; otra en Santa Cruz Xoxocotlán. Amén de las indagatorias que realiza de inmediato la Fiscalía General del Estado (FGEO), no se escucha alguna explicación de parte de las autoridades que tienen a su cargo el delicado tema de la seguridad.

En la semana anterior, entre el 13 y 17 de febrero, en un lapso de 72 horas se registraron 11 asesinatos. Esta semana rebasamos los 20 crímenes. Y ello no debe ser soslayado por el gobierno estatal ni en los municipios. Estamos viviendo escenarios nunca vistos en nuestro estado. Casos por ejemplo de asesinatos brutales en los que la víctima es degollada, justo como la semana anterior, con el propietario de un gimnasio, cuyo cadáver fue encontrado en su departamento de la Agencia Donají. Más aún, el caso de los niños que fueron asesinados presuntamente por asfixia en Juchitán, para después arrojar sus cuerpos en la carretera hacia El Espinal que, como ya hemos dicho, levantó una honda indignación ciudadana, de tal suerte que tanto el gobernador Salomón Jara como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitieron sendos pronunciamientos, exigiendo castigo ejemplar para los responsables.

Bajo esta perspectiva, es urgente tomar medidas enérgicas para acotar las operaciones criminales y ello se logra inhibiendo las mismas. La vigilancia policial, las labores para evitar el trasiego, el narcomenudeo y la portación de armas, pueden ser elementos que eviten la comisión de ilícitos. Volver a la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) que, en el pasado, fueron de gran utilidad para frenar homicidios y otros delitos graves. Extrañamente, por aquello de los sobados derechos humanos, fueron eliminadas, dejando a la sociedad como rehén de hechos delictivos.