Familias al poder

En los viejos tiempos de los gobiernos neoliberales, conservadores o, mejor dicho, cuando la mafia del poder se encontraba en la cúspide, no había error que se calificara como garrafal, como el hecho de meter a la parentela en los cargos públicos, de donde se era titular. Era violentar la hoy extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que igual aplicaba en el gobierno federal que en el estatal. El nepotismo era una especie censurable y muy criticada. Aquellos que incurrían en el mismo eran estigmatizados a placer. Incluso, cuando un alto funcionario puso a su hijo en un nivel de mando importante, lo señalaron con apelativos y señalamientos como “el orgullo de mi nepotismo”.

Por lo que ha ocurrido en el gobierno de Salomón Jara, tal parece que dicha especie que violenta la ley referida, no sólo es permisible sino incluso cuenta con la defensa a ultranza del jefe del ejecutivo, quien lo ha justificado con aquello de que “marido y mujer, se conocieron en la lucha social” o en el activismo político. Por tanto, si en su gabinete legal y ampliado hay matrimonios trabajando en una misma área de gobierno o consanguíneos en diversas dependencias, hijos (as), amantes y demás, ello es natural. Pero cuando no eran gobierno de daban golpes de pecho para señalar que nepotismo era sinónimo de corrupción. Así las cosas, con esta administración que asemeja ser una copia fiel de la que puso en marcha hace cuatro años, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la llamada Cuarta Transformación.

La novatez y la inexperiencia; la mediocridad y la falta de tablas en la administración pública, son visibles en quienes fueron designados en diversos cargos en el gobierno jarista. Ex presidentes municipales con licencia, dejaron botados sus cargos en sus comunidades para venir a experimentar en la administración estatal. Alcaldesas que enviaron a sus esposos a estrenarse en lo que para ellos es una novedad, porque tampoco saben el movimiento de sus áreas. Para los observadores y analistas políticos, la estructura estatal asemeja un gigantesco retrato de familia. Hasta el momento se han encontrado algunas ligas familiares, pero con el paso de los días habrán de aparecer más, sin duda alguna, de todo el monopolio en que se ha convertido el gobierno de Salomón Jara. Sin embargo, se une a todo ello, lo que ya hemos dicho: la inexperiencia y falta de tablas. Muchos (as) han llegado a sus cargos sin saber qué hacer, como si Oaxaca y su abanico de problemas, fueran a esperar a que los nuevos aprendan o descubran el hilo negro del quehacer gubernamental.

Inseguridad sin freno

La entrada del nuevo gobierno, el pasado primero de diciembre, no ha cambiado en nada el clima de violencia y criminalidad que padece la entidad. Las ejecuciones siguen y hasta se han incrementado. Por ejemplo, la Costa oaxaqueña se ha perfilado como uno de los sitios favoritos de sicarios y pistoleros. Sólo entre sábado 17 y domingo 18 de diciembre se registraron al menos nueve ilícitos. Santiago Jamiltepec y San Pedro Pochutla, fueron escenario de ejecuciones sumarias como la de una familia en San Pedro Atoyac; la de cuatro mecánicos y un parroquiano en el centro de Jamiltepec y la ejecución de un líder del transporte en Pochutla. Justo después de ello, el gobernador Salomón Jara instaló el Consejo Estatal de Seguridad, aunque, a decir verdad, no se cree que ello contribuya a mejorar la situación de inseguridad que vive la población.

Paradójicamente, ese fin de semana se puso en marcha en Puerto Escondido, el operativo vacacional, con la participación de la Policía Estatal, la Policía Vial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina Armada de México. De esta última fuerza castrense, se sabe que han arribado a la entidad una cantidad considerable de elementos que vienen a reforzar la seguridad y al titular de la dependencia responsable, el Capitán de Fragata, Iván García Álvarez. Sin embargo, no todo es temporada vacacional ni operativos. Éstos deben mantenerse de manera permanente en la entidad, habida cuenta de la inseguridad que prevalece y que, de no tomar las providencias necesarias, muy pronto estaremos como Acapulco, Cancún, Playa del Carmen o Tulum, en donde las acciones de grupos criminales han creado un clima de temor y zozobra para los visitantes del país y el extranjero que llega a dichos destinos de playa.

Nuestra insistencia en este espacio editorial durante mucho tiempo, ha sido que el gobierno deje atrás los estigmas y las cuentas alegres. En el pasado reciente ya era común escuchar a menudo desde los más altos cargos del gabinete hasta los mandos medios, el socorrido argumento de que Oaxaca es de las ocho o nueve entidades más seguras del país. Y dicha especie se repetía una y otra vez, no obstante, la realidad cruda de fines de semanas sangrientos, en los que se llegaron a contabilizar al menos 17 ejecuciones. Los responsables de la seguridad en el estado, deben responder a las expectativas ciudadanas y si no pueden, como mucho se ha dicho, que tengan la dignidad de dejar el cargo y renunciar.