FGEO: Investigar a fondo

Por lo visto, las cárceles municipales de Oaxaca se han convertido en un matadero; en una especie de cadalso. De la noche del 19 de agosto pasado, cuando la joven Abigail Hay Urrutia, fue hallada sin vida en una celda de los separos policiales municipales de Salina Cruz, hasta los últimos días, se han sumado cinco casos más. Pocos días después, un migrante hondureño fue, igualmente, encontrado muerto en su celda en Santa María Huatulco. A mediados de septiembre, una persona del sexo masculino, de 29 años de edad, que fue detenido por la policía municipal de Santa Catarina Juquila, presuntamente por escandalizar en un baile popular, fue encontrado sin vida, en tanto que, el 12 de octubre, otro sujeto de 30 años de edad, quien habría sido sorprendido robando en un vivero, corrió igual suerte.

El asunto no termina ahí. El pasado 20 de noviembre fue ingresado a la cárcel municipal de Juchitán de Zaragoza, un migrante originario de Senegal, quien fuera detenido por elementos policiales locales, luego de faltas administrativas. Poco después fue encontrado sin vida. El pasado 22 de este mes, reportes policíacos informaron de la existencia del cadáver de una persona del sexo masculino en los separos municipales de San Andrés Chicahuaxtla, distrito de Putla Villa de Guerrero. Resulta atípico que, del 19 de agosto al 22 de noviembre, se haya repetido el mismo patrón de personas fallecidas al interior de una celda municipal. Del caso de la joven Hay Urrutia se sabe que hay detenidos y bajo proceso. Del resto se desconoce. Se presume que la impunidad campea. Sería un absurdo afirmar que se trata de homicidios o producto del uso excesivo de la fuerza, como fue el caso referido.

Oaxaca tiene todo un historial de tortura o golpes a personas que son detenidas y que luego aparecieron con el cinturón al cuello, simulando suicidio. Es evidente que las luces amarillas deben estar prendidas en los gobiernos locales y sus mandos policiales. No hace falta ser un experto para notar que aquello que hace falta es capacitar a jenízaros y jefes; darles los elementos necesarios para poder aplicar en las detenciones. Esta situación debe tenerla muy clara la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y los organismos civiles que protegen o salvaguardan las garantías individuales. Cada informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo politizado y perdido en su misión, da a conocer el reporte de los penales estatales y las condiciones que operan. Pero nada más.

Sindicatos mafiosos

Algo tendrá que hacer el nuevo gobierno para meter al orden a dirigentes y sicarios de sindicatos y confederaciones de transporte, de perfil criminal que, en su guerra por agenciarse contratos y obras, han sumergido a la entidad en un baño de sangre. Desde luego que esto no es nada nuevo. El fin de semana pasado, un sujeto, Erick Edilberto J.R., de 33 años de edad, apodado “El Chivo· y dirigente del transporte por parte de la Confederación Joven en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, fue ejecutado en un negocio de empanadas en la agencia de San Juan Chapultepec. Como daño colateral, los criminales privaron de la vida a su pareja sentimental, Concepción T.G. de 29 años de edad y una menor de 14 años. Dos personas más fueron heridas de gravedad y fueron auxiliadas por cuerpos de socorro.

Este hecho no es nada nuevo. Si se tratara de contar a las personas, entre dirigentes y sicarios al servicio de los diferentes sindicatos que han sido asesinados en la última década, sería una sorpresa muy desagradable: decenas han perdido la vida, Incluso hay datos del asesinato de la hermana de “El Chivo” hace algunos meses. La lucha entre la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con otros sindicatos como su escisión, la Confederación Joven, la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y la Confederación Libertad de Trabajadores, es una guerra mortal. Y ello ha creado en el estado un clima de inestabilidad y violencia, además de paralización de obras públicas y privadas, pues hay quienes asumen poner condiciones para que cualquier ciudadano tenga que contratarlos.

Los dirigentes, sicarios y testaferros se han habituado ya a vivir fuera de la ley. Utilizan las unidades que han afiliado a sus organizaciones sindicales para delinquir. Lo mismo distribuyen drogas que cobran derecho de piso o extorsiones. Igual son utilizadas para asaltos que para encubrir operaciones ilícitas. Con todo cinismo y haciendo caso omiso de las normas y reglamentos se desplazan por la ciudad y en área conurbada en camionetas de alto blindaje y con escandalosas escoltas de sujetos armados. ¿Y quién les ha permitido esos excesos? Pues el gobierno en turno. Veamos pues qué hará al respecto el gobierno de Salomón Jara, para evitar que estos sujetos le calienten la plaza de manera innecesaria, pues la disputa no terminará, sino que se habrá de agudizar con los recientes asesinatos.