Tomar casetas: Delito federal

El pasado 03 de abril, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en flagrancia a siete sujetos que, con el argumento de pertenecer a una organización social tomaron la caseta de cobro de Huitzo, impidiendo el cobro del derecho de peaje, pero asumiendo el mismo y exigiendo cuotas para el paso de vehículos. Dichas personas fueron canalizadas al Ministerio Público Federal, por no tratarse de un delito del fuero común sino de corte federal, logrando el pasado 16 de este mismo mes su vinculación a proceso por parte del Juez de Control, quedando internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Se trata de una dura lección para aquellos que, con el argumento de la libre expresión cometen un vil atraco, afectando desde hace al menos una década, los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Similares y Conexos (Capufe) y, sobre todo, de los usuarios, a quienes imponen, a veces por la fuerza, cuotas excesivas y obligadas ante la presión de grupos.

Desde hace tiempo, en este espacio editorial hemos insistido sobre la urgencia de terminar con ese robo impune. Cualquier hijo de vecino, llámense maestros, normalistas, comuneros o miembros de organizaciones sociales, así sean simples membretes como “Colonias Unidas”, acuden a la caseta de Huitzo y la toman por dos, tres y hasta diez horas. Cuando tienen las alforjas llenas se retiran, ante la mirada complaciente de la anterior Policía Federal u otras. Ya es común, al menos en el caso de los miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), que tomen camiones urbanos, bajen a los pasajeros y, cuando se acerca la temporada de vacaciones, se enfilen para la citada caseta de cobro. En pocas horas obtienen grandes cantidades.

Por fortuna, hace un par de meses, según trascendió, el Senado de la República habría aprobado modificaciones a la Ley General de Vías de Comunicación, en las que se establecía como delito, la toma de las citadas casetas. En verdad hacía falta que se aplicaran sanciones. Entre la ciudadanía, llámense viajeros, transportistas o automovilistas, había indignación por estos constantes atropellos a la libre circulación que, por fortuna, se ha subsanado. Dura lección para quienes ya tenían el gran negocio con este ilícito. Esto definitivamente tiene que acabar. Hoy sólo falta sancionar a los que toman carreteras y caminos federales.

Violencia, negocio de líderes

Con profundo respeto a nuestros pueblos originarios, pero la etnia triqui parece estar hecha de otro material. Durante décadas, la violencia y la muerte se han enquistado entre sus miembros. Pero, también la manipulación de dirigentes que han hecho de mujeres y hombres simples marionetas, prestas para asentarse en predios de manera ilegal; asesinar impunemente a sus hermanos de raza o alargar la mano para recibir la dádiva del gobierno. A lo largo de los años hemos podido constatar que son gente de trabajo, pero les han metido un chip en la cabeza, de que la violencia en la zona triqui, les ha obligado a cambiar de residencia. Se asumen desplazados. Y muchos pretender vivir en ese estatus, para que algunos organismos de derechos humanos les otorguen medidas cautelares. No hay un grupo étnico en el país, cuyos líderes animen la violencia y se asuman víctimas.

Al menos durante las dos últimas décadas hemos documentado decenas de asesinatos, emboscadas, secuestros y desapariciones. No importa si son hombres o mujeres, como las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas en julio de 2007; el asesinato de las locutoras de la radio “La Voz que rompe el silencio”, Teresa Merino Sánchez y Felícitas Martínez Sánchez, en abril de 2008 o el crimen de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés, Jiry Jaakkola, en abril de 2010. Y son los menos. La cadena de crímenes es impresionante. Sin embargo, la paz no llega a dicha etnia. Grupos y organizaciones; dirigentes y manipuladores se acusan entre sí. Desde el año pasado, se ha ubicado a Tierra Blanca, Copala, como la zona de mayor incidencia de violencia. Cuando las condiciones están para que éstos regresen, siempre hay un factor que lo obstaculiza.

La lectura es que los líderes de grupos y organizaciones no son sólo los principales instigadores de la muerte y la violencia, sino que ya las hicieron el gran negocio. La prueba es fehaciente. La semana pasada, la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaron un operativo en la zona de Tierra Blanca. De inmediato, el dirigente del Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui –el MULT- argumentó violación a los derechos humanos e incursión ilegal en “la nación triqui”. La única forma de encontrar la paz y meter orden en la zona triqui, es emplazar a los dirigentes de grupos y organizaciones a mantenerse al margen de los acuerdos que emprenda el gobierno federal y estatal, para pacificar dicha etnia. Es decir, echarles abajo el negocio del que viven y explotan a placer.