Siguen despojos impunes

De no actuar de inmediato respecto a la conducta de algunos de sus colaboradores, no hay duda que ciertos ilícitos, como es el despojo de propiedades, pueden representar una mancha indeleble en la carrera política del gobernador Alejandro Murat. Desde hace meses han trascendido denuncias respecto a la posible colusión de directores de áreas como el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO) y del Instituto Registral, en acciones ilícitas de despojo, en complicidad con conocidos notarios públicos. Como una medida enérgica, hace al menos dos semanas, el ejecutivo estatal relevó del cargo al ex titular de la primera dependencia. El propósito fue romper la cadena de complicidades, habida cuenta de que las denuncias estaban bien dirigidas hacia el ex funcionario. Sin embargo, tal parece que le faltó cortar de tajo el hilo, pues prescindió de los servicios de uno, pero el otro sigue haciendo de las suyas en el Instituto Registral.

En la medida en que se encamina el fin de esta administración, van apareciendo más y más casos, en donde las víctimas son personas de la tercera edad o, oaxaqueños que viven y trabajan en otros estados del país. Las quejas son constantes sin que, a la fecha, sepamos de acciones enérgicas en contra de los presuntos responsables. Se sabe que dicho ilícito se hizo común en Oaxaca hace al menos tres sexenios. Muchas propiedades cambiaron de dueño de la noche a la mañana. Y por lo visto, hay quienes pretenden repetir ese esquema infame de apropiación ilegal de predios. Hace meses, cuando el tema salió a relucir, el gobernador del estado lo reprobó afirmando que no era válido que dentro de su administración algunos funcionarios se valieran del cargo para cometer este tipo de atropellos.

Si el gobierno estatal es quien otorga las firmas de los notarios públicos, la ley respectiva debe tener alguna cláusula o reserva respecto al retiro de los mismos en caso de cometer algún ilícito. No obstante, nada se ha visto al respecto, tal cual, si se dejara hacer y dejara pasar, sin que aquellos presuntos responsables de este delito reciban el castigo y, por el contrario, continúen con su labor delictiva sin que nadie los llame a cuentas. Por el bien de los oaxaqueños debe romperse esa cadena de complicidades, pues al paso que vamos nadie está a salvo de que un día tenga su casa y al día siguiente, pase a otras manos bajo maniobras fraudulentas.

¿Y los operativos policiales?

Desde hace mucho se ha observado un total descuido en las áreas de Seguridad Pública y la Policía Estatal, respecto a las obligadas labores de prevención que inciden de manera positiva para acotar o limitar el mapa criminal que se vive en la entidad. Las ejecuciones se están dando en la misma ciudad capital, sin que se perciban acciones enérgicas de las autoridades para evitar que este mal siga creciendo. El Istmo de Tehuantepec y la Costa oaxaqueña siguen como zonas calientes de trasiego de droga y operaciones de grupos criminales. Las autoridades reaccionan cuando trascienden hechos delictivos de alto impacto, como es el caso de la ejecución la semana anterior de dos personas, en el tramo carretero entre Salina Cruz y Tehuantepec. El mismo día, un presunto empresario transportista originario de Los Mixes, fue ejecutado frente a su esposa y sus dos hijos menores de edad, en la calle Linderos, Colonia El Arenal, agencia de Cinco Señores.

Tal parece que la veda electoral está inhibiendo las tareas de seguridad en la entidad o que sólo cuando hay elecciones se desplazan las partidas policiales. No es un secreto que las mismas operan con grandes carencias, situación que ha motivado protestas y hasta paros de labores. Según algunas fuentes, tampoco les otorgan suficiente combustible para que hagan sus rondines. Es más, carecen del avituallamiento necesario para hacer su trabajo con eficacia. Y no se diga del armamento. Poco se sabe de la capacidad de sus mandos superiores, de los que únicamente se sabe, cuando asisten a reuniones y mesas de seguridad, y figuran en un boletín oficial. Pero de ahí para adelante, su trabajo asemeja un ente ficticio. Las pruebas de la inseguridad que se viven en Oaxaca y sus regiones, a menudo las publicamos en nuestras notas, columnas y editoriales.

En las redes sociales se han publicado videos de aficionados, en los que se graban asaltos a transeúntes. Sujetos a bordo de motocicletas se dedican a acosar a modestos trabajadores (as) para despojarlos del teléfono móvil o robarles bolsas o billeteras. Las fotos de los ladrones se difunden sin que se sepa de acciones inmediatas de parte de los organismos estatales o municipales. Es decir, se actúa con demasiada indulgencia con estos delincuentes que, muchas veces son detenidos y luego liberados, para seguir delinquiendo después. Y así, tal parece que las corporaciones caminan entre la ineficiencia y la torpeza.