Inseguridad: Desafío institucional

A mediados del mes de diciembre, el edil de la capital oaxaqueña, Oswaldo García Jarquín solicitó la renuncia al capitán, enfermero y pagador, Aquileo Hermelindo Sánchez Castellanos, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del ayuntamiento citadino. Dicho ex funcionario fue descubierto en un acto de proselitismo político portando el uniforme oficial de la Policía Municipal, con el arma de cargo respectiva. Lo más grave es que su presencia fue en horario de trabajo. Si bien es cierto que se trata de un hecho inédito, producto tal vez de la ignorancia del citado militar en retiro, lo cierto es que los resultados en materia de seguridad pública en la capital del estado, han sido poco menos que lamentables. Los asaltos a transeúntes, a cuenta-habientes, a casas-habitación son la nota cotidiana en redes sociales, noticiarios de radio o periódicos.

El edil designó para el cargo, en calidad de encargado, a quien fungía como titular de una de las áreas, aunque con una imagen no del todo aceptable para la ciudadanía. Sin embargo, para hacer frente a la inseguridad y proteger el patrimonio de los capitalinos, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la citada dirección ha reforzado y mantenido el programa de acompañamiento policial, con el cual se brinda apoyo a quienes tienen la necesidad de realizar retiros de dinero en efectivo en sucursales bancarias. Se trata de un programa en el que elementos policiales brindan acompañamiento a las personas que requieran realizar el retiro de dinero en efectivo de alguna institución bancaria ubicada en territorio municipal y los recursos son trasladados a negocios, domicilios o establecimientos ubicados también dentro del territorio de Oaxaca de Juárez.

Sin duda y evitando juicios a priori, se trata de una medida que no ha sido exitosa cuando fue aplicada hace un año, además de ser inoportuna en este momento, dado que cuando se requería dicho acompañamiento fue, justamente a mediados del mes de diciembre, en los días en que los empleados y trabajadores recibían su aguinaldo y acudían a las instituciones bancarias. La seguridad citadina requiere algo más que programas coyunturales o medidas ad hoc que se sacan de la manga los jefes policiales. Se requiere –insistimos- un plan integral que devuelva a los citadinos la confianza del pasado, cuando todos podíamos caminar por las calles sin temor a asaltos violentos.

Invasión a viabilidades

Del tema ya hemos hablado en este espacio. Se trata de la invasión arbitraria e impune que ocurre en la ciudad de banquetas y espacios públicos. No sólo se trata del Zócalo capitalino, el Centro Histórico o los pasillos del Palacio de Gobierno, sino de lo que ocurre en calles, avenidas, en colonias de mayor plusvalía o populares, etc. La semana anterior publicamos la foto de un negocio en calles céntricas cuyas motocicletas de reparto se estacionan en la banqueta, obstruyendo el paso y obligando a los peatones a bajarse al arroyo vehicular, con el riesgo de ser atropellados. Asimismo, hemos publicado protestas y hasta fotografías de talleres mecánicos o de reparación de llantas que utilizan las banquetas y hasta las calles para hacer su trabajo, sin que autoridad alguna, aplique reglamento o ley vigente. Aquí, sólo a unos pasos de nuestro edificio, hay un negocio de grúas que ocupa toda la lateral de Símbolos Patrios para hacer maniobras de entrada y salida de sus unidades.

Cualquier empleado municipal, sea inspector o simple trabajador, puede hacer una ruta de inspección para percatarse que el fenómeno se repite en toda la ciudad. Inclusive, algunos talleres mecánicos dejan abandonados vehículos que no fueron reclamados y los cascarones pueden pasar años sin que sean retirados de la vía pública. Y los responsables lo hacen con una impunidad inaudita, porque ninguna autoridad les finca responsabilidades. ¿Cuántos vehículos hay en las calles que son simples armatostes que obstruyen las vialidades, pero que ahí siguen sin que alguna autoridad los retire? Sin embargo, tampoco son los únicos. Hay negocios comerciales que están instalados en las citadas banquetas. Se presume que ello está contra la ley e inclusive, montan mesas, sillas y otros, haciendo de la vía pública parte de su negocio personal.

Se ha llegado a tal cinismo que el hecho de estacionarse frente a unos de dichos negocios es motivo de agresiones físicas o verbales. Hacen de la calle como si fuera su estacionamiento exclusivo y tienen a su servicio hasta valet parking. Quienes han observado estas acciones ilegales se preguntan el por qué no se aplica, en caso de existir, el reglamento municipal que regula el comercio u otros giros, de manera que los propietarios sean obligados a respetar la vía pública. Es posible que también que no haya un marco jurídico que evite que este fenómeno se siga dando y sin recibir castigo o sanción alguna.