Terquedad e impunidad

Ya no es novedad que haya grupos y organizaciones sociales que, ante el arribo de la temporada decembrina, llegan al zócalo, instalan sus puestos y chachacuales y hoy, haciendo caso omiso de los llamados de las autoridades a aplicarse las medidas sanitarias, presionan para que les calienten la mano. Desde el pasado lunes, miembros de un membrete denominado Alianza de Organizaciones, liderada por el ex diputado Hugo Jarquín, instalaron su vendimia en el Zócalo de la capital oaxaqueña, añadiendo a su lamentable imagen, otro de sus “atractivos”. Cada temporada de vacaciones es la misma historia. Dichos grupos de comerciantes en la vía pública y ciertas organizaciones sociales que ya están cebadas en el chantaje, incluyendo a los triquis supuestamente cautelados que se apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno desde 2010, presionan para que las autoridades les ofrezcan arreglos generosos, desde el punto de vista económico.

En el mes de julio, las redes sociales dieron cuenta de la forma tan burda y torpe con la que operan estos especímenes del chantaje. La presión se repitió en la pasada temporada septembrina. Es decir, no tienen llenadera ni ética alguna. Van a extorsionar al gobierno. Sin embargo, con la política de diálogo y más diálogo y nula aplicación de la ley, no hay duda que tanto gobierno estatal como municipal, terminarán doblando las manos. No es fortuita nuestra exigencia de que a los propósitos de diálogo se ponga también como condición el respeto a la ley. Hemos cuestionado al gobierno de Alejandro Murat al respecto bajo la premisa de que, en un caso de riesgo grave, como es la pandemia de Covid-19, se imponga una situación de excepción y se aplique la ley. En ese supuesto están, justamente, los que hoy pretenden quedarse en el Zócalo de la capital.

Es necesario y de pronta resolución que la LXIV Legislatura del Estado, más allá de fijaciones políticas o tendencias ideológicas de quienes dicen ser representantes populares aprueben decretos o normas que sirvan, primero, para salvaguardar la vida de los oaxaqueños y, en segundo término, para acotar de una vez por todas estas prácticas nocivas, perniciosas y burdas, con las que algunos grupos que dicen quieren ganarse la vida con decoro y ante la suspensión de actividades religiosas por la pandemia, buscan a toda costa extorsionar a los gobiernos estatal y municipal.

Homicidios sin control

El fin de semana pasado, en menos de veinticuatro horas se dieron al menos cuatro hechos de sangre en la población de Ocotlán de Morelos y su vecino, San Antonino Castillo Velasco. El viernes 4 de diciembre, una mujer de la tercera edad fue ejecutada en su negocio de lavandería en esta última población, en tanto que su hijo resultó gravemente herido. Al día siguiente, dos hermanos murieron luego de ser acribillados por desconocidos. Los Valles Centrales y la misma capital oaxaqueña han sido en los últimos meses escenarios de muertes violentas, también tipificadas como homicidios dolosos. Los asesinatos de mujeres, pese a la denuncia y la movilización de colectivos y grupos feministas, sigue al alza, tanto que algunos de ellos estiman que sólo en el 2020 se han dado más de 90 casos. 

Nos referimos a Ocotlán, al principio, pues parece que dicha población se ha ubicado como guarida de delincuentes. Hace unos meses se dio en las cercanías la ejecución de cuatro personas, luego de que fuera desmantelado un taller mecánico que sólo era tapadera de operaciones de robo de vehículos grandes y mercancía. Ahí se pudo develar que algunos de los operativos que ha realizado la Fiscalía General del Estado, no han tenido el éxito que se espera, en virtud de la posible complicidad de algunos malos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). De hecho, al menos cinco elementos fueron identificados como operadores de una red de extorsión a los familiares de detenidos e involucrados en dichos ilícitos.

Las bandas dedicadas al robo de camiones rabones y tracto-camiones cargados de mercancía que se llevan a cabo no sólo en la zona limítrofe con Puebla sino incluso en los Valles Centrales, podrían estar integradas por malos policías, como es el caso de los asaltos a farmacias o tiendas de conveniencia que han ocurrido en los últimos días. No es un secreto que aquí como en otras partes del país, la delincuencia organizada no opera si no es con la complicidad de las mismas corporaciones. Sin embargo, la FGEO, ha sentado un buen precedente al detener a esos malos elementos asignados a la AEI o librarles orden de aprehensión a los que están prófugos. Los asesinatos y otros ilícitos no se explican sino como producto de la impunidad y la falta de ética que prevalece en algunas policías. Las autoridades tienen que ir a fondo, para no dejar que esta pérdida de vida siga impune.