El fin de semana pasado, en jurisdicción de San Miguel de Investigaciones (AEI), que acudieron a realizar una diligencia, fueron maniatados, torturados y aún vivos –según reportaron algunas fuentes oficiales- incinerados en el interior de su vehículo. Se trata de los agentes: Juan García, placa: 526 y Delfino Labias Santiago, placa: 836. Sin embargo, lejos de que en la corporación se encendieran los ánimos para investigar los hechos y buscar hasta debajo de las piedras a los autores materiales e intelectuales de esta forma tan ruin y cruel de acabar la vida de los agentes, empezaron las protestas y denuestos en contra de los directivos y el Coordinador. Las especies de que se exigen cuotas; que hay exigencias más allá de las que implica la responsabilidad institucional, además de las clásicas denuncias a través de las redes sociales, parecieran maquillar o acotar la esencia de este crimen aberrante. Si bien es cierto que no es la primera vez que la AEI se pone en la mira de la crítica social, lo que no se debe perder de vista que es la corporación la que ha sido humillada por los delincuentes que acabaron con la vida de dos de sus compañeros y que, en cualquier circunstancia, ello no debe quedar impune.

Los inconformes deben dejar atrás sus rencillas y dedicarse a investigar los hechos. Más allá si se les rindieron honores a los elementos caídos o si la Fiscalía General del Estado habrá de indemnizar a los deudos, la situación es traer ante la justicia a los responsables y ello no será difícil. La escuela de antaño enseñó que temas como éste no deben soslayarse. Es a la autoridad a la que agreden no a cualquier hijo de vecino. Las causas de estos hechos sólo se podrán saber una vez que los responsables de llevarlas a cabo dispongan de las pesquisas que mandate la ley. No hay más fin que poner ante la justicia a los responsables de este crimen. He ahí el por qué insistimos en que hay que dejar las diferencias o disputas internas para otra ocasión. Lo importante aquí es ir por los asesinos sin dilación para llevarlos ante el juez. Pero no tratar de ocultar o maquillar un hecho tan grave con disputas aldeanas y discusiones sin sentido. Los ajustes de cuentas internos; las resistencias a una nueva dinámica o las denuncias en contra del Coordinador y demás directivos, no son en este momento más que llanto de plañideras.

¿Veda o parálisis?

Con el argumento de que estamos en veda electoral, las diversas áreas del gobierno de Alejandro Murat parecen haberse sumergido en la abulia y la parálisis. Ni siquiera en áreas sustantivas como salud, las acciones realizadas en materia de campañas de vacunación o acciones para abatir males endémicos, trascienden. Se observa una especie de inacción premeditada y burda. Al menos en los medios de comunicación, lo que trasciende en una mínima parte, de tal suerte que para la ciudadanía que lee los periódicos, escucha la radio o ve los canales no oficiales, la administración estatal está durmiendo el sueño de los justos. La justificación es que estamos en proceso electoral y, por tanto, no debe haber publicidad oficial que sea mal interpretada por partidos y coaliciones, como una forma sutil del gobierno de alentar el voto a favor de sus correligionarios o favoritos. Y como están los tiempos, cualquier cosa que hagan las autoridades, así sean en materias elementales como seguridad, salud o educación, será instrumento de los adversarios políticos para documentar y descalificar. He ahí el por qué decimos que las elecciones lo único que hacen es exacerbar las diferencias y el encono social.

Las áreas claves del gobierno –estamos convencidos- no tienen por qué suspender sus actividades. Deben operar con normalidad. El proceso electoral de 2018 no puede ser freno o factor que inhiba u obstaculice las acciones de gobierno. Se presume que en la actual administración se ha salido más papista que el Papa. En lo que se refiere a la difusión de las tareas gubernamentales, estamos en cero. Es indiscutible que existe una mala política de comunicación, no solamente sesgada sino en abierto desapego a la realidad. Precisamente por ello, la cuestión de veda se ha convertido en parálisis. Nada mejor que encubrir la de por sí deficiente publicidad con las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y el pretexto de que no se puede quebrantar la ley. Ello, en lugar de contribuir a consolidar a una administración sólo ha alentado entre la ciudadanía la imagen de que no se trabaja y que además, los recursos públicos para obra o acciones sociales se guarda en el cochinito. Se ha confundido pues veda electoral con parálisis gubernamental.

Esperemos que ello no repercuta en el futuro en la conducción de las áreas del ejecutivo.