Dos profundas heridas que no sanarán por mucho tiempo desgarran los sentimientos de México. Y la indiferencia de un autoritario gobierno que, buscando sacudirse la responsabilidad con banales declaraciones, une no solo al país sino a instituciones y medios internacionales en su contra.
La disculpa cuando carece de sinceridad solo profundiza la ofensa. Ser madre de un desaparecido es casi ser una muerta viviente. Se necesita empatía para abrazarlos con sinceridad, ya sea en persona o a través de una declaración oficial.
Ser víctima de despojo es caminar la rabia y la impotencia. Por un lado, eres víctima de los delincuentes y, por otro, de una de las más podridas instituciones del Estado: las fiscalías.
Son las madres buscadoras las que encuentran y exhiben al mundo la barbarie de la desaparición forzada. Fue una abuela, a punta de pistola, la que exhibió al país la gravedad del delito de despojo y la complacencia de las autoridades muchas veces coludidas.
Estas mujeres, doblemente victimizadas, nos abren los ojos a las consecuencias que tiene el amasiato del crimen no oficial con el crimen oficial. Y no, no podemos olvidar que la política del régimen anterior fue abrazar a los criminales en lugar de perseguirlos y castigarlos. El resultado de tal brutalidad es muy claro: el expresidente y sus exfuncionarios gozando de la vida y sus millones, las madres buscadoras muertas en vida y la anciana en la cárcel por matar, en defensa de su patrimonio, a dos delincuentes.
La presidenta y la dirigente de su partido quieren desaparecer esta barbarie con una infame declaración: en este gobierno no se desaparece desde el Estado. Mienten invocando la verdad. Sí bien hoy no existe una siniestra Brigada Blanca como en los años 70, es porque no la necesitan; el crimen organizado les maquila los delitos. El poder no se mancha las manos con sangre, pero en su nombre pueden hacerlo los criminales como pago por hacerse de la vista gorda desde el gobierno.
Tan grave es la situación que la ONU, a través de su Comité contra la Desaparición Forzada tuvo que intervenir de oficio en México. A despecho de los gritos en contra de la 4T, la ONU tiene la obligación legal de intervenir cuando en un país la desaparición de personas es asunto cotidiano. El Art. 2 de la Convención contra la Desaparición de Personas dice “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley”. ¿Existe la aquiescencia del Estado en estos delitos? La política gubernamental de tolerancia y abrazos al crimen organizado es la respuesta afirmativa y confirmada por los campos de exterminio a lo largo y ancho del país.
El antecedente más doloroso de la desaparición lo tenemos en la “guerra sucia” de los años 70 y 80 a manos de la Brigada Blanca, la herramienta del régimen para reprimir movimientos sociales. Quienes hoy gobiernan se dicen víctimas de aquellos hechos; ahora ellos son los victimarios. ¿Qué busca el gobierno? Debilitar el Estado de Derecho para imponer el autoritarismo a través del miedo y la desconfianza.
Una juventud traumada y un duelo permanente que impide tener un momento de paz ante la incertidumbre por el destino del desaparecido. Fiscalías que no investigan, criminales que se pasean entre nosotros con total impunidad, políticos que conviven con ellos y reciben cajas de efectivo a cambio de protección. Eso es el México de hoy.
Quienes hemos sido víctimas de despojo y de la complacencia y burocratismo de las autoridades ante el delito sabemos el impacto que en nuestras familias tiene. Quienes detentan el poder hoy saben mucho de despojos, delito que alentaron, promovieron y ejecutaron en nombre de una mal llamada justicia social.
En México no está permitida la justicia por propia mano, dijo la juez para dictar prisión preventiva a la abuela homicida, pero olvidó decir que, cuando el Estado no cumple su parte del pacto social en donde dice que las personas le entregamos nuestro poder a cambio de gobernabilidad y justicia, nos deja en manos de la ley de la selva y, esa fue la que aplicó la abuela.
Su caso llega para destapar, una vez más, la colusión de gobierno y crimen. No son casos aislados y, en Oaxaca, el cártel del despojo es ejemplo de cómo los funcionarios desde el poder delinquen descaradamente.
