Muchas voces hay en Oaxaca que exigen que se aplique la ley a quienes por motivos a veces particulares o gremiales, conculcan los derechos civiles y atentan en contra de la Constitución, obstaculizando el libre tránsito. Los enfrentamientos verbales de personas que muestran su molestia ante los constantes bloqueos en calles y cruceros, ya son comunes. Los conatos de bronca no están lejos. Hay demasiado encono en contra de estos métodos abominables. Por ejemplo, el pasado martes, por un asunto particular: que el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, no rindió cuentas claras sobre el dinero, cuya administración estuvo bajo su responsabilidad, otro grupo minoritario, inconforme con el anterior comité, bloqueó durante ocho horas vialidades y cruceros.
La crítica y los insultos en contra de estos chantajistas, a quienes se sugirió ir a la Fiscalía General del Estado y poner la denuncia penal correspondiente, no se hicieron esperar. No eran ni veinte personas, cerradas a cualquier tipo de diálogo. Es evidente que detrás de todo existe un interés pecuniario. No se agotan las instancias correspondientes a las que debe acudirse, sino que se privilegia el chantaje, la presión, el daño social. Es increíble asimismo que el gobierno estatal permita esta situación, en donde cuestiones estrictamente particulares devienen daño colectivo. Aquí debe aplicarse el desalojo. ¿Cuál es el temor de las autoridades para no proceder conforme lo dispone la ley? Se afecta la buena marcha del gobierno, la paz social, la tranquilidad ciudadana, porque un grupúsculo de inconformes decide atentar en contra de las vías de comunicación.
Hasta bien entrada la noche se mantenían los bloqueos, con miles y miles de ciudadanos como víctimas. De ese tamaño es la ambición de los que se asumieron inconformes, pues no hay que olvidar que una de las medidas más torpes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación es decidir entregar en propia mano a maestros y padres de familia, los recursos para la construcción o rehabilitación de edificios escolares. Ya veremos los desencuentros entre ambos o la disputa por el manejo de los recursos. Lo que vimos el martes es sólo el principio de una rebatiña entre aquellos que querrán manejar el dinero como mejor les acomode. Es algo que habrá que agradecerle a la 4T, con sus ideas descabelladas y fuera de la realidad.
Una buena iniciativa
Oaxaca, todo mundo lo sabe, tiene una inédita atomización municipal. Los 570 municipios representan prácticamente la cuarta parte de cuantos existen en el país. Ello conlleva también grandes desafíos, si se atienden las formas de elección, los usos y costumbres. Al menos ciento ocho se eligen por el sistema tradicional de partidos políticos; el resto lo hace por sistemas normativos internos. Cada elección resulta ser un problema serio, justamente por la intromisión de factores externos. He ahí el por qué hay tantos problemas entre los municipios y sus agencias municipales o de policía, sobre todo en cuestiones de presupuesto. Pongamos un ejemplo: en la región de los Mixes, la agencia de San Juan Bosco Chuxnabán está en conflicto permanente con la cabecera municipal, San Miguel Quetzaltepec.
Muchos de los problemas de ingobernabilidad que tiene el estado es, justamente, por las disputas que hay entre las agencias y el municipio. En el fondo de todo son los recursos económicos, precisamente porque los representantes de esas entidades de gobierno contratan obras y servicios. En el Istmo de Tehuantepec este fenómeno se ha recrudecido, haciendo de comunidades hermanas soterradas enemigas. Otro ejemplo son las agencias que pertenecen a San Francisco del Mar, en la zona huave. La inconformidad se traduce en bloqueos carreteros y demás abominables métodos de chantaje, incluso tratándose de un problema estrictamente doméstico. Quien paga los platos rotos es el ciudadano que de repente queda varado en una carretera, sin saber a ciencia cierta la razón por la cual algún grupo, a veces insignificante, cierra la vía.
He ahí la importancia de la iniciativa que el gobernador Alejandro Murat envió al Congreso local para modificar la Ley Municipal, con lo cual, las agencias municipales y de policía ya no podrán ejercer los recursos para ejecución de obras. Éstas serán centralizadas al ayuntamiento de la cabecera. No se trata de restar autonomía a los niveles de gobierno debajo del municipio, sino también para agilizar la rendición de cuentas, habida cuenta de los municipios que están en la mira del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que tiene a decenas en espera de solventar sus cuentas. No se trata, además –así lo entendemos- de restarle autonomía o socavar las finanzas de las agencias municipales y de policía, sino de evitar tantas confrontaciones. Con certeza habrá reacciones e inconformidades.
