Después de haber sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como por más de 16 congresos locales, incluido el de Oaxaca, el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, mediante Decreto de misma fecha.
Con ello, se incluyó en el artículo 4º constitucional el derecho de toda persona “a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Asimismo, se ordenó al Congreso de la Unión que en el plazo de 180 días expidiera la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. Hoy, a casi un año del Decreto, no contamos con dicha ley.
En este aspecto el ámbito local le lleva ventaja al federal, pues son varios los estados que en últimos años han legislado el derecho a la movilidad e implementado políticas públicas encaminadas a garantizarla. En el caso de Oaxaca, ha sido específicamente en este sexenio en el cual se han logrado mayores avances en la materia.
En primer lugar, el actual Gobierno del Estado marcó la transición de la anterior Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) a la actual Secretaría de Movilidad (SEMOVI), un cambio que no fue solo de membrete, sino que implicó un rediseño de políticas públicas. Posteriormente, el 27 de abril de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Movilidad, con la cual se abrogó la anterior Ley de Transporte y se estableció una “jerarquía de movilidad”.
Todo lo anterior en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enmarcados en la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por más de 150 países, para cuya consecución la implementación de una movilidad sustentable es vital. Por ello, la movilidad no es un sinsentido ni ocurrencia de los gobiernos, sino un derecho humano que se erige como eje transversal de la Agenda 2030, que busca el desarrollo de la humanidad.
Así, es obligación de todas las autoridades que, en el ámbito de sus competencias, garanticen y mejoren la movilidad de los núcleos poblaciones.
Sin embargo, naturalmente, el derecho a la movilidad, y su jerarquía o pirámide, implica un cambio de paradigma no solo para los tres órdenes de gobierno, incluso para los tres poderes, sino, más aún, para la sociedad.
Y es en que esta jerarquía, que en el caso de nuestro estado encontramos en el artículo 10º de la Ley de Movilidad -que guarda identidad con la pirámide de movilidad reconocida a nivel internacional- los peatones van primero, dando prioridad a las personas con discapacidad; en segundo y tercer lugar encontramos a los ciclistas y usuarios del transporte público, respectivamente, para después encontrar en cuarto lugar al transporte de carga o mercancías y, hasta el final, al transporte privado, donde se incluyen los automóviles.
Es esta jerarquía la que debe regir, por mandato de ley, las políticas públicas que en materia de movilidad y transporte diseñen e implementen los gobiernos.
Así, podemos ver que la pirámide de movilidad no es precisamente una que fomente la comodidad que ofrece un vehículo particular, sino que tiene por objeto lograr una movilidad inclusiva en la cual se priorice a los grupos más vulnerables.
Escribo esto pues en las últimas semanas se ha suscitado controversia en Oaxaca Capital con motivo de la implementación por parte del Gobierno Estatal de la Biciruta en distintas vialidades de nuestra ciudad, especialmente en la Colonia Reforma. Y es que, por supuesto, ha repercutido en el tránsito en las arterias en cuestión. Algo que seguramente ocurrió cuando se construyó el Andador Turístico sobre la Calle Macedonio Alcalá, o cuando se redujo la circulación de la Calle de García Vigil a un solo carril; las dos calles más bonitas de la ciudad.
Sustentabilidad implica inclusión. Y todo cambio trae de inicio un rechazo. Pero los cambios son necesarios. Más aún cuando ven al futuro.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
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