El pasado 20 de septiembre, un grupo de mujeres feministas de Oaxaca, anunciaron que iniciarán una “jornada de lucha” del 22 al 28 de septiembre de este año, misma que concluirá con una marcha el mismo 28 de septiembre, que partirá de la fuente de las 8 Regiones al zócalo de la ciudad capital, argumentando que, según la organización “Marie Stopes México” se tiene el registro que en Oaxaca se realizan 2 mil 300 abortos cada año.
Sin embargo, la cantidad de abortos clandestinos se cuadriplica, llegando a ser 9 mil 200 mujeres que realizan dicha práctica de manera clandestina e insegura, cifra que podría llegar a los 11 mil 500 abortos por año, o 33 abortos diarios solo en nuestra entidad, argumentando que su “jornada de lucha” se realiza en repudio a los discursos que fomentan la clandestinidad y la violencia con que se hostiga a quienes eligen interrumpir un embarazo y que solicitarán la creación de políticas públicas que garanticen la interrupción del embarazo seguro y en condiciones adecuadas.
Pero, en los inicios están los fines, y si lo que buscan es modificar la legislación oaxaqueña para que se despenalice el aborto, por qué no en lugar de realizar una “jornada de lucha” que culminará con una marcha, como si no tuviéramos ya suficientes en Oaxaca, mejor hacen valer su derecho de iniciativa consagrado por el artículo 50 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y proponen modificaciones al Código Penal del Estado de Oaxaca y entonces sí, que se legisle al respecto conforme a los mecanismos establecidos para ello.
Ahora bien, en relación al derecho a abortar, resulta importante realizar algunas consideraciones: primero que nada se trata del conflicto entre dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad reproductiva, y el estado tiene la obligación de ponderar el valor de los derechos humanos, y lo que es una realidad, es que, sin la vida, no tendría razón de existir la protección de ningún otro derecho.
Es decir, si no hay vida, no se puede hablar de derecho a la libertad, a la igualdad, a la educación, o ningún otro derecho, y la razón por la que el aborto se encuentra tipificado como delito y sancionado por los artículos 312, 313, 314 y 315 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es porque precisamente para nuestro estado, el derecho a la vida debe ser protegido desde el momento en el que se genera la concepción y es mayor ese derecho que el de la libertad reproductiva, pero para que la aplicación de una ley sea justa, se deben considerar las circunstancias específicas para cada caso en concreto, simplemente, si la madre se encuentra en riesgo de muerte, entonces su vida es la que debe contar con mayor protección, es así como el artículo 316 del citado Código Penal establece las circunstancias en las cuales un aborto no será punible.
Como por ejemplo: cuando el aborto sea causado sólo por la imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea el resultado de una violación y la víctima decida la expulsión del producto dentro de los tres meses contados a partir de la violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, o cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.
En lo personal, normalmente considero indispensable respaldar los actos tendientes a fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, como sociedad debemos ser muy responsables en no tomar acciones por moda, pues como lo mencioné anteriormente, existen mecanismos jurídicos establecidos para modificar las leyes, que son mucho más útiles que la presión social o política que se busca generar con “jornadas de lucha” o “marchas” y es importante tomar conciencia y responsabilidad al proteger los derechos humanos, pues se corre el riesgo de caer en la irresponsabilidad de permitir abortar por abortar, y como bilógicamente la gestación se realiza en el cuerpo de la mujer, si un hombre, que también juega un papel indispensable en el momento de la concepción, quisiera ser padre, bastaría el simple capricho de la madre para afectar sus derechos reproductivos.
Es por eso que las instituciones del estado deben tomar con seriedad estos reclamos sociales y tomar decisiones responsables, pues en todo caso, se evitaría la clandestinidad de los abortos estableciendo medidas de concientización como pena a quienes aborten, así como fortaleciendo la educación sexual en las diferentes regiones del estado, para que la población se encuentre informada de los métodos anticonceptivos existentes para evitar embarazos no deseados, los riesgos de los embarazos en la adolescencia, las enfermedades de transmisión sexual y en fin, generar toda la información necesaria para evitar que una relación sexual llevada a cabo por simple placer culmine en tragedia.
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