El México independiente no se ha caracterizado por ser una potencia económica, salvo unos años del Porfiriato en que parecíamos despegar hacia una economía mediana o por lo menos se sentaban las bases del México moderno, como escribió Ralph Roeder en su obra sobre ese período. En cambio, se reconoce finalmente que la Nueva España, en los trescientos años del dominio español, era en realidad una potencia económica de reconocido nivel en Europa y el Extremo Oriente. El abasto de metales preciosos, de la minería y de materias primas originarias de nuestro suelo, dieron fortaleza a los dominios de la Corona y al mismo virreinato.
Durante el siglo XIX, entre 1821 y 1880, en el país no se construyeron prácticamente obras públicas, salvo unos primeros trazos de vías férreas. Las escuelas, hospitales, cárceles, oficinas de gobierno y otras instalaciones públicas, antes del Porfiriato, fueron en realidad los antiguos conventos, colegios, hospitales y otras propiedades de la Iglesia y de asociaciones privadas. El mayor esfuerzo económico se dedicaba a las guerras intestinas y al combate entre facciones ideológicas, aunque ha quedado claro que, desde el surgimiento del llamado pensamiento liberal, los gobiernos de ese corte destinaron esfuerzos inmensos para destruir la gran propiedad eclesiástica, sin que por ello se sustituyera la obra constructiva por instituciones oficiales. Se encubre que la actividad agropecuaria, hasta antes de las expropiaciones y la “desamortización”, era financiada por entidades de la Iglesia, sin que se despojara de sus bienes raíces a campesinos, ganaderos o mineros.
A pesar de la insistencia de historiadores del oficialismo y fanáticos del juarismo, le etapa liberal fue de gran desgracia en lo económico y lo financiero. Las deudas contraídas con banca y estados extranjeros, no sólo eran onerosas, sino condicionadas a la cesión de derechos públicos de los mexicanos y hasta territoriales, de manera que la soberanía nacional siempre estuvo comprometida.
La Constitución de 1857 y las leyes de reforma, no propiciaron un virtuoso círculo de generación de riqueza, en principio por su corrupta aplicación. Los funcionarios del juarismo y del lerdismo adquirieron muchas de las antiguas propiedades de la Iglesia; el mismo benemérito dejo en su testamento cuatro grandes propiedades adquiridas a precios ínfimos, y que fueron inmuebles de la jerarquía eclesiástica. Los grandes beneficiarios de la desamortización, serían los dueños de las gigantescas haciendas, en las cuales se creaba una clase de servidumbre humana, basada en la explotación de mano de obra y en la humillación personal.
El advenimiento de movimientos revolucionarios en 1910 y su tremenda secuela de luchas de facciones, destruyó la infraestructura económica construida durante el Porfiriato, de manera que la pobreza regresó a México de manera devastadora. Los gobiernos surgidos del constitucionalismo se vieron obligados a hacer nuevamente concesiones a inversionistas extranjeros (en petróleo, minería y casi todo lo industrial), a reconocer deuda extranjera, a ceder ante particulares. Al término de los años 20 del siglo XX, no había cambios en la estructura de la economía; la novedad era el corporativismo, la asociación gremial por clases, pero bajo absoluto y estricto control estatal: las clases obrera y campesina quedaban al servicio de intereses políticos.
Ha llovido mucho desde entonces. Hemos tenido altibajos, pero nunca un despegue que permita potenciar las riquezas naturales de nuestro suelo, del subsuelo y de las aguas. Somos una economía mediocre y endeble, sujeta al capricho ahora de los gringos con el Tratado de Libre Comercio, que, de borrarse del mapa, nos llevaría a otra crisis.
El año 2018 no trae buenos augurios. Cualquiera de los competidores a la presidencia sólo ofrece repartir la poco que hay a base de sacrificar como siempre al contribuyente cautivo. Parece no haber fórmula para salvar a un país donde se reproducen rápidamente pobreza corrupción y delincuencia.
