¿Persecución política, venganza o qué?

El tema no es nuevo, sexenalmente se repite y se busca responsables del desvío de recursos, fraudes y enriquecimiento de los servidores públicos que cada administración saquea el erario y que, en gran número, no reciben sanción alguna. 

Cada seis años el fenómeno se repite en el ámbito federal, tratando de responsabilizar a unos cuantos de lo sucedido en el gobierno anterior y con ello satisfacer los cientos de denuncias que señalan a un pequeño grupo de malos funcionarios. 

El tema es sumamente cuestionable, ya que, aparentemente, se actúa en contra de unos cuantos cuyos montos suelen ser hasta ridículos, comparados con las cantidades que fueron sustraídas del erario u obtenidas por canonjías en el ejercicio público. 

La reciente acusación en contra de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía del gabinete de Enrique Peña Nieto, es una muestra más del rasero que se aplica en las investigaciones que, en este caso aplica la Fiscalía General de la República y que resulta de una investigación de la secretaría de la Función Pública. 

Se trata de un monto de ocho millones de pesos que, eventualmente, el diputado federal electo no declaró como parte de su patrimonio y cuyo origen las autoridades consideran irregular. 

La investigación proviene del año pasado y no tiene nada que ver con los comicios del presente año, donde Guajardo resultó electo diputado federal. 

Sin embargo, el propio Guajardo y la dirigencia priista considera que se trata de una persecución política y hasta de una amenaza latente para la fracción legislativa de este partido, para aflojarlos ante la necesidad que tiene el partido del gobierno de conseguir respaldo para posibles reformas constitucionales. 

Y es que no sería la primera ocasión en que se desata la “cacería de brujas” como un método de intimidación para los detractores o suavizara otros que se requiere su respaldo. 

Desde hace muchas décadas (cuando menos desde los 70) los nuevos gobiernos hacen un muestreo aleatorio entre los funcionarios de la anterior administración para actuar en consecuencia. 

La lista es larga, aunque en muchos casos algunos de ellos si son responsables de los delitos que se le imputan y contra otros más se les busca entre la maraña de documentos para encontrar una falta leve que muestre la acción de la justicia al poco tiempo salga libre y hasta exonerado. 

Y aunque el presidente López Obrador señale cada ocasión que cree necesario hacerlo, que su fuerte no es la venganza y desde su triunfo electoral negara una cacería de brujas, el gran número de servidores públicos de la anterior administración que son investigados, denunciados y hasta perseguidos por la justicia lo desmiente. 

Nombres los hay, aunque la mayoría no sufre de prisión, hay una que si lo está desde hace un par de años, Rosario Robles, importante funcionaria de la administración de Peña Nieto. 

Otros como Emilio Lozoya Austin goza de privilegios, mientras sigue engañando a las autoridades con supuestas pruebas sobre la corrupción imperante en la etapa del presidente Peña Nieto. 

Igual sucede con Emilio Zebadúa, quien disfruta de su libertad, sin que aporten las eventuales pruebas de la corrupción. 

Son simples soplones que actúan bajo el criterio de oportunidad que otorgan las autoridades mexicanas. 

Empero, hay algunos personajes que han sido inhabilitados como el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y la ex secretaria de Cultura María Cristina García. 

Otros más como Jesús Murillo Karam, Luis Miranda y hasta el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, son o han sido investigados. 

La persecución en contra de políticos que fungieron como cercanos al gobierno de Peña Nieto es incesante, aunque en muchos de los casos son acusaciones elaboradas al vapor que les permiten a los ex servidores enfrentarlas sin grandes problemas, aunque sí con descrédito público. 

Algunos de esos personajes gozan de fuero como es el caso de Miguel Ángel Osorio, mientras que a otros como Luis Miranda se le termina antes de dos meses. 

Hasta ahora la persecución más grande en un sexenio se vivió en la etapa presidencial de López Portillo, cuando dos ex secretarios fueron a dar a la cárcel, Félix Barra García y Eugenio Méndez Docurro. Uno titular de la recién creada Reforma Agraria y el otro de Comunicaciones y Transportes. 

Por lo pronto el ex secretario de Economía, Guajardo si podrá asumir su curul de diputado federal, mientras se sigue de cerca el proceso en su contra. 

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