Al menos en los dos sexenios anteriores, el crimen organizado mantuvo el control del Estado Mexicano, eso apuntan las investigaciones provenientes de Estados Unidos. La reciente detención de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto, acusado por una Corte de Estados Unidos de cuatro cargos relativos a narcotráfico, se suma a la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, inculpado de cinco delitos, entre ellos, el liderazgo de una empresa criminal, narcotráfico y falsedad de declaraciones a agentes migratorios estadounidenses.
Con lo acontecido el jueves 15, es imposible que alguien siga defendiendo la actuación del gobierno ante la inseguridad y violencia que se vivía en el país, pues los encargados de combatir estos problemas se encontraban al servicio del crimen organizado. Por otra parte, con la llegada de López Obrador a la presidencia han ocurrido cambios importantes, por ejemplo, canceló la estrategia de combate frontal al crimen organizado y creó la Guardia Nacional. No obstante, en contra de su promesa hecha en campaña, los militares siguen en las calles, además que día a día su ámbito de acción sigue aumentando. Actualmente se encuentran construyendo el Aeropuerto Felipe Ángeles y han asumido el control de las aduanas.
Y es que ni el cambio de gobierno a nivel federal, así como las detenciones de exfuncionarios de primer nivel, es suficiente para garantizar que ya no existe un vínculo entre los soldados y el crimen organizado, tampoco asegura que dejen de cometer violaciones a derechos humanos. Aunque hoy en día las y los mexicanos consideran a los militares, junto a las universidades y la presidencia, como una institución de alta confianza, según la Encuesta de Confianza en las Instituciones 2019 de Mitosfky, no podemos olvidar que a lo largo de los años han estado involucrados en violaciones graves a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
A diferencia de lo acontecido en varios países de América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado, los militares no establecieron un régimen en nuestro país, peros sí defendieron los intereses del gobierno en turno, lo cual se tradujo en atacar y diluir la protesta social, como aconteció con el movimiento del 68 o la guerrilla de los años 70.
En 2006, Felipe Calderón implementó una estrategia de seguridad y combate contra la delincuencia organizada que se basaba en el despliegue masivo de militares a lo largo y ancho del territorio nacional, además del uso desmedido de la fuerza. Aun cuando la narrativa del presidente Peña Nieto era distinta, los militares continuaron siendo el principal mecanismo para acabar con los grupos delictivos y la violencia. En esos 12 años, la violencia no cesó, en cambio, las quejas en contra del ejercito por violaciones a derechos humanos fueron al alza. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del 2006 al 2014 la CNDH emitió 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y 6 a la Secretaría de Marina. Esto significa que 3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida, durante ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas. Estas cifras resultaron alarmantes para el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, pues ponían de manifiesto las violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos militarles.
Por decreto del presidente López Obrador, desde el 11 de mayo del presente año y hasta el 27 de marzo de 2024, las fuerzas armadas podrán participar en tareas de seguridad, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. Ante esto, organizaciones de derechos humanos y organismos internaciones han expresado su preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al gobierno mexicano que la Corte Interamericana ha señalado que, por regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana están primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles.
Ni la corrupción se elimina barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, ni los cuerpos militares se purifican al cambiar a sus titulares. Qué bueno que se hagan investigaciones y se enjuicien a exfuncionarios que cometieron delitos, aunque esto sea llevado a cabo en Estados Unidos y no en México, pero que sirva la experiencia del pasado para no repetir los mismos errores. En este caso, se le debe cuestionar al presidente la confianza que ha depositado en los militares, a pesar de las advertencias hechas por organizaciones y organismos protectores de derechos humanos.
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