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La tensión entre la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) refleja un conflicto recurrente de contrapesos entre el organismo público autónomo defensor de derechos humanos y la institución encargada de la procuración de justicia. Si bien han existido choques públicos derivados del señalamiento de presuntas inconsistencias en la integración o localización de carpetas de investigación, hoy se han acentuado tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar.
Mientras la DDHPO cuestiona fallas administrativas y diligencia en la atención a las víctimas, la FGEO argumenta que la información penal mantiene reservas de confidencialidad y secreto procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, acusando a la Defensoría de sobrepasar facultades o no preservar la secrecía de expedientes.
La FGEO que maneja Bernardo Rodríguez Alamilla es históricamente una de las autoridades que más recomendaciones recibe por parte de la DDHPO a cargo de Elizabeth Lara Rodríguez. Y los expedientes señalan frecuentemente violaciones graves por uso indebido de la fuerza, tortura, allanamientos ilegales de morada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y dilación en las investigaciones de personas desaparecidas o víctimas de violencia.
Si bien la Defensoría emite constantemente alertas tempranas y medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía para que proteja a periodistas, activistas o víctimas en zonas de conflicto, la fricción ocurre cuando la DDHPO percibe omisiones o lentitud en las respuestas, mientras la Fiscalía aduce restricciones presupuestales, de personal operativo o mandatos jurisdiccionales superiores.
Los enfrentamientos y desmentidos mediáticos entre las cabezas de ambas instituciones suelen erosionar la confianza pública sobre la eficacia en la procuración de justicia. Amén que la falta de articulación técnica y fluidez comunicativa entre las dos instituciones retrasa la reparación integral del daño a las víctimas catalogadas en recomendaciones.
… A VUELO DE PÁJARO
Durante el último año las autoridades han detectado un aumento del 500 por ciento en publicaciones relacionadas con la venta de armas de fuego en entornos digitales. Identificaron que las principales zonas donde se concretan estas probables operaciones de compraventa se ubican en municipios de los Valles Centrales, entre ellos Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez. El incremento de armas de fuego cortas y de alto poder en manos de particulares y pequeños grupos delictivos eleva el riesgo de violencia armada en disputas territoriales, asaltos y delitos de alto impacto.
Ultimátum
La crisis que se vive en la comunidad de San Miguel Chimalapa podría desbordarse tras emplazar a la población de Gustavo Díaz Ordaz a disolver de manera voluntaria su ejido para incorporarse a su núcleo agrario. Los ceca de 400 comuneros de San Miguel Chimalapa realizaron una incursión al ejido de Gustavo Díaz Ordaz, asentado en su territorio, para presentarles este “plan de conciliación”, para proponer a todos ellos se asuman como comuneros Chimas. El ejido de Gustavo Díaz Ordaz fue creado alrededor del año 1867, tras la invasión de tierras comunales por pobladores del estado de Chiapas. También se crearon los ejidos de Canaán y Cal y Mayor, Rodolfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa, todos sobre el territorio oaxaqueño.
Cómplice
Fue detenido el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pues ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014, en el momento en que “el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, dijo que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, permite sostener “que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.
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