(Segunda parte)
A nuestro país le ha costado mucho construir y fortalecer las instituciones que sostienen el incipiente sistema democrático mexicano. Por ello, cualquier intención de desaparecerlas es un ataque frontal a nuestra democracia. Especial preocupación genera la ofensiva que desde el púlpito presidencial han sufrido el INAI y el INE, así como la apropiación de la CNDH a cargo del régimen obradorista, cuyo gran objetivo es uno propio de los gobiernos autoritarios: la concentración de poder.
Por todos es sabido que López Obrador pretende desaparecer, entre otros, el INAI y el IFT, órganos fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano. Pero para entender su importancia es fundamental conocer primero su naturaleza.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE), son lo que en el argot jurídico conocemos como OCAs u órganos constitucionales autónomos, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como los establecidos en la Constitución, que mantienen relaciones de coordinación con los otros órganos y poderes, que cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera y atienden funciones coyunturales del Estado.
Para muchos los OCAs han venido a romper la teoría tradicional de la división o separación de poderes pues al estar elevados a rango constitucional y no tener una relación de subordinación sino de coordinación con los tres poderes tradicionales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se pueden concebir como poderes paralelos cuya importancia radica precisamente en su autonomía constitucional, por lo que de serles despojada perderían toda utilidad y sentido. En virtud de ello, los constitucionales autónomos de nada sirven como parte de la Administración Pública Federal, por el contrario, lo que el Presidente de la República pretende sería contraproducente en demasía para la democracia y el Estado mexicanos.
Y es que los OCAs están no solo para atender temas coyunturales específicos del Estado, como la transparencia, la defensa de los derechos humanos, la materia electoral, entre otros, sino también, aunque sea indirectamente, para servir como nuevos contrapesos al ejercicio de poder que llevan a cabo los tres poderes tradicionales, lo cual cobra especial importancia -y también se pone en especial riesgo- en gobiernos autoritarios como el de ya saben quién.
Muestra de esos contrapesos son los casos en los que el INAI ha ordenado publicar información reservada por el gobierno, así como las medidas cautelares que el INE ha ordenado a servidores públicos para garantizar la equidad electoral.
Por otro lado tenemos el concepto del Estado regulador, modelo adoptado por nuestra Constitución en 2013 y en el cual se encuentran insertos órganos como el IFT y la COFECE, los cuales, dada la especificad técnica de las materias que regulan, requieren también de autonomía constitucional, en este caso en aras de garantizar la eficiencia de los mercados, lo cual eventualmente se traducirá en un Estado de bienestar general para la población, pero entendiendo el bienestar no como programas de dádivas clientelares, sino como la salvaguarda y satisfacción de los derechos fundamentales y las necesidades más elementales a través de políticas públicas que garanticen el desarrollo humano a largo plazo.
Órganos que, si bien es cierto tienen un alto presupuesto -necesario para garantizar su autonomía financiera y funcional, así como su tecnicidad- los beneficios económicos, pero sobre todo sociales en los que se traduce su funcionamiento son mucho mayores, por lo que su desaparición no solo no traería consigo un ahorro para la Federación, sino que generaría perjuicios económicos en detrimento del pueblo mexicano y, sobre todo, de las y los que menos tienen.
La austeridad es necesaria en algunos rubros, pero aplicada erróneamente en otros no solo no potencializa derechos, sino que llega a transgredirlos.
No se puede hablar de un Estado mexicano moderno sin los órganos constitucionales autónomos y los órganos reguladores. Por ello, su pretendida eliminación, además de implicar un retroceso, sería un ataque irremediable a nuestra democracia.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
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