Hace unos días, a invitación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asistí al Primer Foro de Análisis y Prospectiva del Sistema Penal Acusatorio a 10 años de su implementación.
En estados como Oaxaca, la realidad es que su implementación es aún más añeja. Aquí iniciaron los juicios orales el 09 de septiembre de 2007 en el Istmo de Tehuantepec, con base en nuestro Código Procesal Penal de 2006, que regulaba ya el proceso acusatorio.
La reforma constitucional federal en la materia se dio hasta junio de 2008 y el plazo para su plena implementación en todos los estados del país feneció en 2016. Por eso, técnicamente, el sistema está próximo a cumplir su primera década.
En dicho foro nos dimos cita legisladores, juzgadores, litigantes, académicos y operadores del sistema penal acusatorio para discutir cómo “consolidar” ésta ya no tan nueva forma de impartir justicia penal.
Y desde mi óptica, no hay manera de “consolidar” absolutamente nada, si no es desde la racionalidad económica. Los problemas de la justicia penal en México son más de cantidad que de calidad.
Porque necesitamos más jueces, más ministerios públicos, más policías investigadores, que además estén mejor pagados y con condiciones más dignas de trabajo. Necesitamos, también, más salas de juicios orales y mejor equipadas.
Necesitamos más defensores públicos y aún más asesores victimales del Estado; más traductores e intérpretes (sobre todo en estados que como Oaxaca tienen significativa proporción de población indígena) y servicios periciales independientes, efectivos y suficientes.
Y por si ello fuera poco, los necesitamos a todos bien capacitados y permanentemente actualizados.
Todo ello no se puede hacer sin dinero.
Por ello, mi propuesta fue concreta: que la Constitución General de la República obligue a los estados a destinar el 2 por ciento de su presupuesto anual a los poderes judiciales locales.
Podrá no ser la panacea, pero la injusticia se está colando por las fisuras que provoca la insuficiencia presupuestal, principalmente, de los poderes judiciales de las entidades federativas que son el patito feo de la justicia mexicana.
Lo cierto es que, vista desde esta perspectiva, la justicia penal en México es un auténtico milagro que mantienen a flote la mayoría de los operadores del sistema que aman lo que hacen, aun en condiciones adversas.
Y se cierne sobre nosotros una nueva amenaza: la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia oral civil y familiar. Los estados tendrán que rascarse con sus propias uñas y es muy probable que se tenga que compartir infraestructura y recursos de la materia penal.
Siempre hay lugar a los oídos sordos, pero las cosas se tienen que seguir diciendo hasta que un golpe de suerte o de voluntad política le llegue a nuestro maltrecho sistema penal acusatorio.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
