• Indígenas
• Feria Agotada
Inquietud tras la publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pues si bien el gobierno federal sostiene que las nuevas disposiciones buscan garantizar información auténtica, fortalecer el derecho de réplica y proteger a las audiencias, críticos advierten que algunas de sus medidas podrían abrir la puerta a la censura.
Para unos, la propuesta incorpora medidas positivas relacionadas con accesibilidad, protección de menores y transparencia publicitaria; sin embargo, inquieta por la obligación de identificar mediante avisos cuándo un conductor o comentarista mezcla información y opinión. Una cosa es identificar publicidad encubierta y otra convertir la opinión en un producto que requiere etiqueta de advertencia.
Quienes conocen el tinglado advierten que en la práctica periodística es difícil separar completamente hechos y valoraciones, pues “los hechos casi siempre llegan acompañados de selección, contexto e interpretación”. En ese sentido, existe la posibilidad de un “efecto inhibidor” que podría llevar a medios y comunicadores a restringir análisis o comentarios para evitar sanciones.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), advirtió que podrían derivar en censura y afectar la libertad editorial de los medios. Además, conceptos como la obligación de distinguir entre información y opinión dejan amplio margen de interpretación para la autoridad, lo que podría generar sanciones y fomentar la autocensura.
De ahí que se adviertan los lineamientos como una forma de “censura disfrazada de defensa” de las audiencias, pues las facultades otorgadas a los defensores de audiencias y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrían convertirse en mecanismos de presión sobre periodistas y concesionarios. Las multas contempladas podrían fomentar la autocensura, ya que “muchos medios preferirán dejar de emitir opiniones incómodas” antes que enfrentar procedimientos administrativos.
… A VUELO DE PÁJARO
Con la pretensión de construir un parque eólico, pescadores de Juchitán de Zaragoza denunciaron que el gobierno federal pretende despojarlos de alrededor de mil 500 hectáreas de espejos lagunares, entre ellos, Xhadahui, Gueladxiña, Santa Cruz Larga, Redondo, Mezquite, Salinas y La Beñe. Argumentan que son tierras comunales que pone en riesgo su patrimonio y su principal actividad económica. Emplazaron al Tribunal Unitario Agrario y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que se investigue quién o quiénes autorizaron que las tierras comunales se conviertan en tierras privadas para la construcción de un parque generador de energía eléctrica.
Indígenas
La diputada federal Naty Jiménez impulsa los foros para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, coordinado de forma conjunta por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, con el acompañamiento del Congreso de la Unión. Este proceso reglamenta el mandato de la reforma constitucional al Artículo 2º para garantizar la libre determinación, personalidad jurídica como sujetos de derecho público y autogobierno de las comunidades.
Agotado
La Feria del Mezcal en su edición de este año exhibió que tal modelo está totalmente agotado y se debe transformar para futuras ocasiones ante el riesgo de que siga siendo escenario de fenomenales borracheras y zafarranchos donde lo mismo pagan justos por pecadores. Las redes sociales han aportado pruebas de que muchos de los asistentes no están capacitados para probar mezcal pues enloquecen y golpean a diestra y siniestra sin que ninguna autoridad intervenga. Antes de que suceda alguna tragedia es necesario revisar un nuevo esquema pues al final esta feria simple y sencillamente es una gran cantina en el marco de las fiestas de julio. Los presuntos negocios son solo un slogan.
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