Quienes estén esperando que la presidenta salga a anunciar que nos van a censurar para creerlo, son muy ingenuos. No, el régimen morenista nos va a decir que, por nuestro bien y para controlar la desinformación, proteger el orden, combatir la mentira o su ocurrencia de la defensa de las audiencias intervendrá por medio de modificaciones legales para influir en lo que se diga y a quien le permitirán decirlo. La historia nos demuestra que el gobierno siempre encontrará una justificación moral para limitar la libertad de expresión
En México conocemos bien esa historia. Durante el virreinato, la Inquisición censuró la imprenta, los libros y lo que se decía en las calles bajo el argumento de proteger la religión. En el siglo XIX, Antonio López de Santa Anna, otro López, clausuró periódicos para “mantener el orden político”. Más tarde, don Porfirio Díaz encontró un mecanismo más sutil, bastaba con asfixiar económicamente a algunos y subsidiar a otros.
En el siglo XX, el régimen de la revolución perfeccionó el método. El PRI encontró que era más efectivo controlar la información que impedir su flujo. Creó un monopolio, PIPSA, con el que controló el papel periódico, distribuyó selectivamente la publicidad del gobierno y convirtió la entrega de concesiones de radio y televisión en premios para quienes eran soldados leales a su régimen. Hacer económicamente inviable un medio para obligarlo a callar es más elegante que reprimirlo.
En el siglo de la información digital, aunque parezca increíble, volvemos al debate de la censura. Las discusiones sobre las defensorías de las audiencias y otros mecanismos regulatorios han despertado inquietudes entre periodistas, académicos y organizaciones civiles. El gobierno sostiene que busca proteger derechos ciudadanos frente a la desinformación; sus críticos creemos que se trata de crear espacios artificiales para que el régimen controle los contenidos informativos decidiendo que es verdadero o falso. ¿Quién debe decidir qué información merece ser corregida, regulada o considerada verdadera?
La Historia nos advierte que debemos permanecer alerta. Este gobierno en algún momento terminará, pero la prensa le sobrevivirá. La legalización del control de medios por medio del manejo del derecho de las audiencias puede ser una herencia maldita que el próximo gobierno herede y aplique. No se trata de simpatizar o no con la 4T, sino en los límites que una democracia debe imponer cuando se trate de la censura disfrazada de un supuesto beneficio colectivo que nadie está pidiendo. Ellos saben que el mejor control sobre los contenidos es el control remoto de la TV. Si no te gusta, tan sencillo como cambiar el canal.
En medio de esta discusión sobre la regulación de contenidos, vivimos hace unos días la forma más cobarde, violenta y devastadora de censura que se sigue practicando hoy en México.
Alejandro Leyva no fue silenciado mediante una sanción administrativa, multa o procedimiento legal. Fueron las balas el vehículo de censura que no solo calló a un periodista incómodo, sino que llevó el miedo a todos quienes lo ejercemos. El mensaje de su crimen, y el de decenas de periodistas en México, lo recibimos todos, tanto en el gremio de la prensa como en la comunidad en general que vive también bajo el miedo a la violencia y la impunidad.
La Historia nos recuerda lo que sucedió en los años posteriores al final de la etapa armada de la Revolución. Violencia y control de la información caminaban de la mano. Pensábamos que eran tiempos que habían quedado atrás, pero no es así. Hoy la libertad de expresión sigue siendo tan frágil como lo fue en el siglo pasado.
El gobierno desea controlar la información porque ésta produce realidades y al gobierno le interesa que creamos que vivimos en mexicolandia, que todos somos felices y estamos contentos. Quiere acabar con el debate libre de las ideas atacando el espacio público para convertirlo en un ámbito administrado desde el poder y sus modernos torquemadas inquisitoriales. Un debate bajo control del gobierno va en contra de la libertad y la democracia.
Se equivocan quienes piensen que este debate solo es entre el gobierno y sus críticos. Es un debate que trasciende a cualquier administración porque involucra un principio que pertenece a toda la sociedad. La libertad de expresión existe precisamente para proteger las ideas incómodas, las investigaciones críticas y las opiniones que desafían al poder de turno.
Si el gobierno logra instalar la censura bajo la supuesta defensa de los derechos de las audiencias, será muy difícil que en el futuro podamos recuperar el derecho perdido a la libertad de expresión.
