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Escasez: es la ineficiencia
La sequía en la ciudad de Oaxaca es histórica, pero eso no disminuye la seriedad de la histórica sequía que padecemos, agravada por el mal manejo que tradicionalmente ha hecho el gobierno estatal del asunto al dejar un área tan importante en manos de devaluados personajes a manera de premio de consolación.
Desde el tercio final del siglo XIX las fuentes de abastecimiento eran insuficientes.
La ciudad se abastecía del Río San Felipe y del Jalatlaco. El acueducto, que traía el agua a cielo abierto, era también una fuente de problemas. La gente pobre lavaba su ropa al pie de él o se bañaba, caía basura y desechos humanos y, de vez en cuando hasta animales muertos. El de Jalatlaco también se convirtió en problema.
Las curtidurías del barrio hicieron del río una cloaca.
La pequeña ciudad, que a principios de siglo y antes de la revolución llegó a tener cerca de 30 mil habitantes tuvo que negociar con Huayapam el abastecimiento de agua. Se hizo un pequeño acueducto que resultó un fracaso. Los materiales empleados en su construcción, madera en algunos tramos y mortero en otros, tuvieron infinidad de fugas debido a roturas.
La situación obligó al ayuntamiento de Oaxaca a buscar el agua en San Agustín Etla. En aquellos años eran los ayuntamientos los encargados del asunto. Firmaron un contrato, pero no con autoridades sino con hacendados y empresarios que en ese entonces eran los dueños del agua puesto que fueron tiempos anteriores a la promulgación de la Constitución de 1917. El contrato se firmó y se pagó a los hacendados Cajiga y al empresario Zorrilla. Llegó la Revolución y se promulgó una nueva Carta Magna que, en su Artículo 27 señala que el agua, y otros recursos, ahora son propiedad de la nación. Los habitantes de la comunidad desconocieron el contrato con los empresarios y reclamaron sus derechos al Estado mexicano. Mal negocio, el municipio capitalino se quedó sin nada: sin dinero y sin agua.
De manera forzada continuaron negociando con San Agustín, Etla y, finalmente hubo un acuerdo y un nuevo pago para traer agua del Río San Agustín. Con la Revolución, la población de la capital disminuyó. A partir de los años 30 empezó a aumentar nuevamente y la falta de agua ya era un grave problema. Durante las primeras décadas del siglo XX se planteó llevar el agua hasta cada hogar y dejar de lado la distribución lineal a base de fuentes y cajas de agua. Para introducir la red de drenaje y sanitaria se contrató a una empresa propiedad de la familia Schondube, que trajeron los ingenieros y el equipamiento para tal labor.
Antes como ahora, el agua ha sido un indicador de desigualdad. La gente con recursos pudo obtener el agua en su propia casa, los olvidados de siempre siguieron acarreándola en el lomo de mulas o el suyo propio desde fuentes públicas, arroyos o pozos. Hoy sigue más o menos igual. Colonias como la Aurora o el Ejido Guadalupe Victoria son privilegiados con la introducción de servicios por los intereses inmobiliarios de políticos y ricos empresarios, pero por ejemplo las zonas altas de San Juan Chapultepec carecen de la infraestructura indispensable.
Con la creciente población las necesidades de agua para la agricultura crecieron mucho, además de la indispensable para consumo humano. En 1930 había alrededor de 30 mil habitantes y ya había escasez. En 2024 habitamos la zona metropolitana más de 650 mil personas, más los turistas. La cantidad de agua era la misma hace cien años que ahora, pero se reparte entre más personas, además de la que se usa para riego e industrias.
Esta breve historia nos deja ver que siempre el gobierno ha ido a la zaga de las necesidades de la población. En décadas pasadas era la pobreza de nuestra economía, hoy es la corrupción y la ineficiencia. El problema, además de cuestiones de ingeniería incluye aspectos legales, sociales y mafiosos que ralentizan cualquier solución.
Apenas en el sexenio pasado, Murat debió devolver al Banco Mundial un préstamo que se aplicaría a un programa oficial llamado MÁS Oaxaca para la introducción de agua en zonas marginadas. No aplicó ni el 30% debido a retrasos y obras inconclusas y debió devolver el recurso. Un caso concreto de ineficiencia.
La constitución estatal otorga a las comunidades indígenas el control de sus recursos, entre ellos el agua, lo que en los hechos se transforma siempre en chantaje cuando se trata de negociar. Existe una odiosa burocracia estatal que es un pesado y corrupto lastre. El problema de las más de 800 pipas que circulan todos los días por la capital es un asunto de mafias y huachicoleo del agua que antepone el beneficio clientelar y personal antes que las necesidades de una población sedienta.
Siendo el abastecimiento de agua una necesidad de primer orden el gobierno estatal entrega el organismo operador del agua a un arquitecto. Lo suyo es la restauración y no la ingeniería hidráulica. El gobierno apuesta por la ineficiencia.
