Policía y fiscalía

La permanente preocupación que nos provoca la pandemia y su irresponsable manejo por parte del doctor Gatell nos hace dejar de lado el gravísimo problema de inseguridad que padecemos debido, entre otras cosas, a otro fracaso del gobierno federal con su simplista política de “abrazos y no balazos”.

Afirma el gobierno estatal que nuestra entidad es una de las más seguras del país. La realidad ha matado ese discurso. El paro de la policía estatal derrumba este dicho porque, con un sencillo razonamiento, podemos saber que un cuerpo policial mal tratado, mal pagado y mal comido poco puede hacer por protegernos.

No es la primera movilización de la tropa, lo que denota que la inconformidad tiene mucho tiempo al interior. Las exigencias básicas son, de acuerdo con versiones de la prensa, una mejora salarial, una pensión digna, un seguro de vida efectivo que incluya gastos funerarios, equipamiento apropiado, apoyo en alimentación y la salida de algunos jefes. Esto último no es ninguna novedad.

A diferencia de otros paros éste lleva una semana y el propio gobernador tuvo que acercarse a ellos personalmente para dialogar.

Este paro visualiza perfectamente el corrupto diseño y aplicación de las políticas públicas. Por un lado, tienen un sindicato de burócratas consentidos e intocables a los que les pagan hasta los cuetes y el mezcal de sus calendas, con bandas musicales de renombre, bailes y cenas amenizadas con artistas de la TV y, a los pobres policías les pichicatean hasta los alimentos que, en ocasiones, les llevan en fríos trastes o cubetas de pintura. Esas son las dos varas con que el gobierno mide a sus trabajadores, que no es por fastidiar, pero sale del erario que es de todos, y no de la bolsa de algún bondadoso gobernante.

A los policías no los han vacunado a pesar de estar en riesgo permanente, se les imponen jornadas laborales de 24 por 24 horas, lo que es inhumano e injusto porque, en las jornadas laborales, se trabajan ocho horas por dieciséis de descanso.

Los usan como albañiles, cargadores del mandado, guaruras de impresentables “líderes sociales”, aparta lugar en las filas de la vacunación y en labores de servidumbre al gusto del jefe.

Si bien no todos son unos santos y deben existir muy malos elementos también hay que ver que, entre los funcionarios, jueces, líderes sindicales, diputados o senadores también hay pillos y, como dice el razonamiento simplista de AMLO pero que lo usamos a nuestro favor, ellos roban más y, como si nada.

El gobernador no debe ignorar un mensaje claro: la gente quiere y apoya a los policías, como quedó demostrado al paso de la marcha por las calles de la ciudad. Y eso a pesar de que pseudoizquierdistas y anarquistas los catalogan como unos represores, especialmente si militan en la CNTE.

Otro tema importante en el mundo de la justicia fue el cambio de fiscal. Este hecho es una clara demostración de que, quien manda en Oaxaca, es AMLO. No en balde viene a esta tierra con mucha frecuencia. En este caso, el gobernador solo es un florero más de la 4T.

Removieron a un fiscal que hacía lo que podía con los escasos presupuestos que los diputados le daban como reflejo de una política pública impuesta por el presidente en el que la justicia no tiene mayor importancia y se usa como instrumento de venganza o impunidad, según el caso.

Simularon la farsa de una convocatoria y la conformación de una terna propuesta por el gobernador cuando que todo estaba decido por el dueño de las mañaneras. Debía quedar la fiscalía bajo control de él en la persona de Arturo Peimbert.

Al igual que la SCJN, la Fiscalía ha sido vejada en Oaxaca. El nuevo fiscal es parte de un movimiento con un sesgo político e ideológico muy bien identificado. Su actuación sesgada en derechos humanos, bajo el mandato de Gabino Cué, quedó registrada para la historia en la Hemeroteca.

Muy grave es para un pueblo recibir una “justicia” partidista e ideológica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las investigaciones sobre los feminicidios a los que AMLO no les da importancia? Desde la desconocida Rosa, una mujer asesinada en las cercanías del Tule y cuya pareja, curiosamente, era un exagente judicial de nombre Pedro Hipólito, hasta el crimen de alto perfil de la panista Ivonne Gallegos, cuyos ecos resonaron, y resuenan, en la prensa nacional e internacional.

La orden del presidente se cumplió, aunque se tuviera que pasar encima de la Constitución local sin que la mayoría de los diputados cumpliera la obligación de defenderla, como lo juraron al asumir el puesto.

Está muy claro quién manda y también que los oaxaqueños no importamos cuando se trata de cumplir las órdenes que llegan desde el palacio nacional. Estos poderes metaconstitucionales del presidente fueron la característica del régimen autoritario priista en que se formó políticamente. Se parece tanto a él que no puede engañarnos.

Twitter @nestoryuri