La angustia de un funcionario
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Opinión

BARATARIA

La angustia de un funcionario

 


La imagen es cruel; desgarradora. El hombre robusto, luce amarrado de las manos a un poste. Su mirada, detrás de los espejuelos, luce extraviada. En su rostro se refleja el miedo y la incertidumbre pues no sabe qué pasará con él. Durante el día, los pobladores de Teojomulco habían atentado contra automovilistas, destrozado vehículos, golpeado sin misericordia a un policía auxiliar, a un hombre de la tercera edad y a dos mujeres que mostraban sangre en el rostro, huellas innegables de la barbarie. Ahora lo tenían a él, sí, al subsecretario Gestión de la Secretaría de Gobierno, Edgar Gandarilla Alavez quien se había acercado a ellos con la finalidad de dialogar. ¿Qué pensaría en ese momento su esposa, sus hijos, sus padres; su familia? ¿Dónde su dignidad de ser humano, ya no de funcionario público? ¿Si sabía que este gobierno jamás reprimirá a los manifestantes, porque así lo ha externado el gobernador, cual consideraba, sería su suerte? Fueron minutos de incertidumbre que vivió Gandarillas, eternos para un hombre que fue abandonado a su suerte por el gobierno al cual sirve.

Al saberse que era un funcionario de la actual administración el humillado, se cimbraron las “benditas” redes sociales. “¿Cómo?; ¿es funcionario y no hacen nada por liberarlo?; es el colmo. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos?”, posteó la usuaria Margarita Ruiz. “Ni a su propia gente ayudan, menos a nosotros los ciudadanos comunes”, escribió Isidro Lazo.

Los rayos del sol, en ese momento, caían como fuego sobre la cabeza calva del funcionario. Tal vez, en ese instante, al ver por los suelos su dignidad, pensó en renunciar; tal vez no. A lo mejor pensó que por este hecho sería premiado por sus superiores o a lo mejor tampoco. Lo que sí, seguramente experimentó, es que no hay nada que contenga una turba enaltecida o enloquecida, que lo tenía amarrado a un poste. Por fortuna en los manifestantes imperó la cordura por eso lo liberaron, pero con esta detención, las comunidades de la Sierra Sur, mostraron su falta de respeto a un gobierno legalmente constituido, a las instituciones y a las leyes. Otros pueblos ya se dieron cuenta que nada le hicieron a los de Amoltepec que se atrevieron a causar desórdenes en la ciudad de Oaxaca, que nada pasó y eso que cerraron los complejos más importantes del gobierno estatal, como son Ciudad Administrativa y Judicial, como tampoco nada pasó con la retención de un funcionario de alto nivel. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo mismo. El mal ejemplo cunde, lamentablemente.

Este jueves, en la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, minimizó la pregunta que le formulara uno de los reporteros, de que si la retención de uno de sus colaboradores y la retención de él mismo, en el Congreso local por parte de la Sección 22, demostraba que algo está fallando en la Secretaría de Gobierno que él encabeza y que habría que corregir.

Romero minimizó la pregunta y dijo que la retención de Gandarillas “forma parte de nuestra labor”, para luego recurrir al pasado, al señalar que esto también le ocurrió a uno de los funcionarios de Murat; “que no era nada nuevo”. Justificó también su retención en el Congreso local por parte de maestros de la Sección 22, lo cual aprovechó, dijo, “para conversar con los diputados”.

Lo cierto es que la incursión de las huestes de Amoltepec para cometer atropellos en la ciudad de Oaxaca, pronto quedará en el olvido, porque castigar a los infractores es sinónimo de represión y este gobierno “es respetuoso de la lucha social”.

Indudablemente que algo está fallando en el terreno político de la actual administración gubernamental, porque la tranquilidad se ha roto. Recordemos que a la llegada de Salomón Jara las cosas se habían tranquilizado a partir del retiro de comerciantes que se habían apoderado de los portales de Palacio de Gobierno, y de todo el Zócalo, eso era una buena señal en el sentido de aplicar el orden. Inclusive, la Sección 22 había mostrado una tranquilidad relativa, pero después se desbocaron las organizaciones con una serie de marchas, bloqueos, cierre de carreteras, signo de una inestabilidad que se ha agudizado en días recientes con dos matanzas de campesinos por supuestos líos agrarios que exhiben a Oaxaca, otra vez, como un estado altamente conflictivo.

Ha faltado oficio político o no se ha tratado a las comunidades, a las organizaciones, a los partidos, como se debe; que la cerrazón es evidente, porque aquí nada más mis chicharrones truenan. Aún es tiempo para corregir entuertos, de poner los pies sobre la tierra porque de nada sirve echar mano de la soberbia y del autoritarismo.

 

EL AVISO DE ÁNGELES

Apenas en mayo pasado, la reconocida actriz Ángeles Cruz urgió la intervención del Gobierno del Estado luego del resurgimiento de la violencia entre Llano de Guadalupe y San Miguel El Grande, por un conflicto agrario, que dejó como saldo tres personas muertas.

Por medio de un video, la cineasta señaló que la violencia escaló de manera alarmante a pesar de las negociaciones que ya se mantenían y por lo cual pidió a las autoridades parar con este conflicto.

Seis meses después, la cineasta volvió a salir en un video tras el ataque armado ocurrido hace unos días en San Miguel El Grande, donde el hermano de Ángeles Cruz fue una de las víctimas fatales.

La cineasta recordó que en mayo se advirtió a las autoridades estatales que estaban en peligro, pero no se garantizó seguridad para la población de San Miguel El Grande, pese a las promesas gubernamentales de hacerlo.

Ante este suceso quedó en evidencia la incapacidad del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien solo ha salido para justificar su inoperancia, pese a la advertencia de la violencia en escala en esa zona.

En conferencia, el funcionario dejó entrever la falta de autoridad que tiene, al señalar que a pesar de pedir el retiro del lugar de los ahora fallecidos, estos no se salieron de la zona de conflicto.

Ahora, con más fallecidos y la cuestionable forma de actuar del funcionario, éste afirmó que se aplicará la ley y se desplegará un amplio operativo de seguridad, cinco meses después de que la cineasta, con su llamado, pidiera evitar más muertes.