¡Le cayó el chahuistle a la S-22!

El viernes 13 la Auditoría Superior de la Federación, presuntamente de manera sorpresiva, inició una revisión de cuentas y fiscalización a instancias y escuelas que controla la Sección 22 del SNTE en Oaxaca que, de inmediato, generó un irritada reacción de la dirigencia magisterial ordenando a “todos los representantes de las estructuras de los niveles educativos así como a los directivos de los centros de trabajo que salieron sorteados, ¡NO PERMITIR el acceso de los auditores a sus instituciones educativas!”

En verdad ¿qué les pasa? Es ya tal poder alcanzado por el magisterio oaxaqueño que un centro de trabajo, como el lugar donde nosotros desempeñamos nuestra labor para ganarnos la vida, es ya considerado de su propiedad a tal grado que la dirigencia “ordena” impedir el acceso al plantel de quien es especialista en revisar el manejo administrativo de los recursos públicos, el origen, su distribución, destino y poniendo a examen su buen uso.

¿Esconde algo la Sección 22? como para “impedir el acceso a planteles” que al final de cuenta se construyeron, se sostienen como bienes sociales con recursos públicos, los mismos recursos que pagan sus salarios.

Hagamos contexto. Una revisión al Presupuesto de Egresos del Gobierno de Oaxaca al primer trimestre de este 2023 señala que se aprobó un gasto (tome aire lectora-lector) de 27 mil 328 millones 831 mil 859 pesos como servicios personales de este año para el IEEPO, de este monto, solo como “sueldos para la base” (otra vez tome aire) se estiman 17 mil 679 millones 257 mil 468 pesos con 62 centavos, constantes y sonantes.

De todo este alud de recursos ¿se oponen a rendir cuentas? Dentro de esta masa salarial hay “premios” como la prima de antigüedad, prima vacacional, compensaciones, seguro de vida, incentivos y muchos etcéteras más. Por ejemplo, solo de gratificaciones de fin de año, aguinaldo, los angelitos se llevarán 2 mil 188 millones 477 mil 336 pesos con 39 centavos.

Hay otro concepto indefinido, opaco, el llamado “otras prestaciones para la base” con un monto por 3 mil 305 millones de pesos.

Se la pongo fácil, el monto destinado a “servicios personales” supera el presupuesto de 6 de las 32 entidades de la República Mexicana para este 2023: Baja California Sur, con 15 mil 533 millones; Nayarit, 23 mil 39 millones; Tlaxcala 23 mil 468 millones; Aguascalientes, 25 mil 234 millones; Colima, 15 mil 299 millones 798 mil; Campeche, 20 mil 723 millones ¡de pesos!

Sólo la masa salarial para el personal de base, con 17 mil 679 millones 257 mil 468 pesos 62 centavos es mayor al gasto federalizado de dos estados del país y, aún así la Sección 22 no quiere rendir cuentas y cerrará las puertas en las narices de los auditores.

¿Qué supervisarían los auditores? Por ejemplo, el número de personal adscrito a cada escuela, la tarea que desempeña cada uno, si se hallan en su lugar de trabajo, si no hay más o menos personal del necesario, el salario, las prestaciones que se cobran, que cuenten con licenciatura quienes se encuentren frente a grupo, el nivel de preparación de administrativos y estén capacitados para el trabajo.

¿Qué podrían hallar? Quizá aviadores, que algunos quienes imparten clase carezcan de título o preparación académica. Que el número de docentes, administrativos o empleados esté por arriba o por debajo de las necesidades académicas. Los administrativos que desempeñen las actividades para las que están preparados, cuenten con credenciales académicas para su desempeño laboral, que estén todos los que dicen y sean todos los que están; el pago de salarios, horas extra, cumplimiento de horarios, carga horaria, condiciones de los planteles etc, etc.

En años anteriores, recordamos, la ASF ha hallado plazas o duplicidades de profesores que “desempeñan” su actividad en municipios no colindantes o a muchos, muchos kilómetros a donde detentan una o dos o hasta tres plazas. Que profesores carecen de título (heredaron plazas), administrativos con severas deficiencias o carentes de certificación académica para la labor que desempeñan. Aviadores, docentes que no se presentan o ni los conocen en los planteles.

Además, elevada cifra de “comisionados” o personal no adscrito a algún plantel o dependencia, pero que cobran religiosamente su salario. La cifra de plazas excedentes o el déficit de ellas en planteles. Apenas la semana pasada la Sección 22 “decía” que se requieren 10 mil plazas para cubrir el déficit magisterial. En auditorías previas se han hallado pagos a profesores fallecidos, incluso, y que no se han dado de baja.

Es necesario tantito orden. Comenzar a poner en regla la casa, y esto tendría que ser preocupación de la dirigencia de Yenni Araceli Pérez Martínez y del oscuro Emilio Montero, director del IEEPO.

Un usuario de redes sociales, al comentar la nota señaló: “Que se realicen los procesos con toda claridad y si existen situaciones que sancionar adelante, aquí y en China las cosas tienen que ser derechas, el mismo sindicato se ha prestado a prácticas irregulares, lo que se debe cuidar es que no se afecten los derechos de los trabajadores, pero no se puede estar encubriendo actos de corrupción”. O de un profesor que posteó: “Es hora de mostrar la transparencia, es justo y necesario. No hay que confundir, una cosa es defender nuestros derechos y otra cosa es proteger la corrupción”.

Le firmamos al calce

¿Y las autoridades?

Nos dicen que un grupo de microempresarios que participaron en la “Feria de la Michelada” que se realizó del 13 al 15 de octubre en Quinta Amarantos, en inmediaciones de Plaza Bella, fueron retenidos durante algunas horas por el dueño del lugar, ya que los organizadores no pagaron por el evento.

Una de las personas participantes hizo su denuncia respecto que, al llegar por sus artículos e insumos que utilizaron para este evento, el dueño de la quinta no los dejó salir porque los empresarios organizadores no cubrieron la renta del lugar.

Eduardo Ramírez conocido como “Lalito Cheletón” y otra persona de nombre Gonzalo, no pagaron el salón.

Esta mañana de lunes, quienes participaron con sus locales, acudieron por sus cosas porque ellos pagaron cuotas que fueron de los 5 y 10 mil pesos por estar en esta feria.

¿Quién regula o vigila este tipo de situaciones?