La buena: caso Uruchurtu; la mala, fiscalizadora a modo

Palomita para el arranque de la procuración de justicia de este gobierno con la sentencia condenatoria contra la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y los presuntamente implicados en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, de nacionalidad británica y mexicana.

Si bien es cierto la Fiscalía General de Justicia es un ente independiente, en este caso así se mantuvo y su titular, Arturo Peimbert, asumió el cargo durante la pasada administración, pero con la sentencia de ayer se disiparon los temores de familiares de Uruchurtu, organizaciones sociales y activistas que alertaban sobre una posible liberación de los señalados como producto de posibles presiones del gobierno jarista, del partido político en el que milita y pertenece Victoria Huerta, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el cual llegó a la presidencia municipal y las consecuencias políticas que la condena pudiera ocasionar al gobierno. No fue así.

Recordamos

que Claudia Uruchurto desapareció el 26 de marzo de 2021 del centro de Nochixtlán luego de un mitin de protesta contra la corrupción y anomalías que denunciaba en esa ciudad mixteca. La activista había vencido el cáncer que la invadió y regresó a su tierra. Varios testigos señalaron que fue detenida por sujetos vestidos de civil que abordaron un automóvil rojo al que seguía una camioneta.

“En una visita que hace el Presidente de la República, Claudia intenta entregarle la información. Fracasa, pero del municipio interceptan el reporte. Ese es el punto de inflexión, donde se decide ponerle fin a la vida de Claudia”.

En una entrevista a un diario nacional, Arturo Peimbert abunda: “había denunciado desfalcos y omisiones a la administración municipal y documenta desvíos, ilegalidades e irregularidades por millones de pesos. Lo hace ante los órganos electorales de Oaxaca y la Auditoría Superior de la Federación”, especificó.

Uno de los negocios, el de obras y contractos con constructoras, ha sido fuente de múltiples disputas al interior de las comunidades oaxaqueñas, como lo es ahora del trasfondo en el caso de dos mujeres, literalmente, secuestradas en San Martín Peras para que se presente el presidente municipal, Román Juárez Cruz. Ese fue el punto de inflexión en Nochixtlán.

El 7 de mayo siguiente la ex presidenta fue detenida; 4 días después, durante la conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente hundió a la ex funcionaria al indicar que un testigo protegido la habría señalado de haber dado la orden de asesinar a la activista mexicobritánica.

Tras la sentencia condenatoria dictada por un juez, se estaría a la espera de la pena que se imponga a los implicados. Familiares de Uruchurtu leyeron una carta al salir de los tribunales “Por primera vez se logra una sentencia condenatoria, por el crimen de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia…marca el fin de la impunidad en materia de desaparición forzada en México. No es un día de celebración, se abre un capítulo de esperanza para las más de 106 mil familias que siguen buscando a sus familiares”.

Sin duda es de reconocer esta acción de justicia, da cuenta que no hubo presiones para el juez y, si las hubo, se impuso el sistema jurídico, las pruebas, las pesquisas. A pesar del arribo de un gobierno de distinto signo político, ligado a la militancia de la ex alcaldesa, prevaleció la justicia.

Esta vez.

DESAPARECE LA OSFEO

Oaxaca paga a dos costosos e ineficaces entes públicos de transparencia que no responden ni sirven para lo que fueron creados: el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (Ogaipo) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

El primero se mantuvo en abril de 2021 en el ojo del huracán luego que el Congreso de Oaxaca aprobara la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para crear el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”.

El dictamen indicaba que se buscaba “contar con un nuevo órgano que responda a las exigencias de la sociedad, como uno de los órganos clave en la transparencia y combate a la corrupción, así como vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno planteadas en esta iniciativa”. Hasta el día de hoy los siete comisionados, uno de ellos comisionado presidente, han incumplido con su mandato, y aún les restan seis años en el cargo. Incluso el nuevo ente debió afrontar amparos interpuestos por los ex consejeros del desaparecido IAIP.

Ayer el Congreso del Oaxaca determinó desaparecer el OSFEO y sustituirlo por una Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Como cada sexenio, el gobierno en turno busca contar con una “fiscalizadora” a modo. En octubre de 2017, de la mano de Murat, se creó la OSFE y se puso a un chiapaneco al frente, Guillermo Megchún Velásquez, ligado a José Murat pues ocupó el cargo de Contador Mayor de Hacienda y Secretario de Finanzas durante aquel gobierno.

Ya en la OSFE, fueron múltiples los señalamientos en torno a auditorías laxas en favor del gobierno de Alejandro Murat. Su cargo debería extenderse hasta 2024, pero con la creación del nuevo órgano fiscalizador, también se irían los auditores.

Es el primer golpe a los órganos autónomos por parte del gobierno de Jara. Basta ver que sucedería con la Fiscalía y la DDHPO.

¿Tendríamos un auditor carnal? A saber.